Los pederastas ser¨¢n vigilados tras cumplir condena

La campa?a pol¨ªtica contra los pederastas alcanz¨® su momento ¨¢lgido el pasado martes con un gran acuerdo pol¨ªtico en el Congreso de los Diputados que contempla la creaci¨®n de un registro de pederastas o la elevaci¨®n de sus penas. Pero dej¨® al descubierto ayer uno de los puntos que podr¨ªan ser m¨¢s controvertidos: si un pederasta no est¨¢ rehabilitado en el momento de finalizar su condena, no quedar¨¢ "en libertad sin m¨¢s". As¨ª lo asegur¨® el ministro de Justicia, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, en una entrevista en la cadena SER. El cumplimiento de la pena "no significar¨¢ en todos los casos recuperar la libertad plena, sino en aquellos en que haya un buen pron¨®stico de rehabilitaci¨®n", a?adi¨®.

Pero esas medidas a imponer a los pederastas tras su condena -tratamiento psicol¨®gico, ¨®rdenes de alejamiento a lugares con ni?os o incluso un chip localizador, ejemplific¨® Bermejo- son sumamente delicadas porque podr¨ªan bordear la inconstitucionalidad, ya que no se pueden alargar las condenas despu¨¦s de cumplidas, seg¨²n el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, no pueden ser punitivas. El Ministerio de Justicia estudia qu¨¦ tipo de medidas de "seguridad" destinadas a evitar reincidencias se les puede imponer sin llegar a la inconstitucionalidad. De lo que se trata, explican fuentes de Justicia, es de crear mecanismos para que los jueces, ya en sus sentencias, puedan establecerlas en caso de que el delincuente sexual no se rehabilite.

"No estamos de acuerdo en imponer medidas punitivas despu¨¦s de cumplida la condena, se trata de una serie de medidas fundamentalmente en el tercer y cuarto grado [los permisos penitenciarios y la libertad condicional] y, excepcionalmente, despu¨¦s de cumplida totalmente la condena", explica Julio Villarrubia, portavoz socialista de Justicia en el Congreso.

Pero esas imposiciones excepcionales suponen una "transformaci¨®n sustancial del sistema" que se acometen sin haber medido bien la dimensi¨®n del problema, se queja Jos¨¦ Luis D¨ªez Ripoll¨¦s, catedr¨¢tico de Derecho Penal y director del Instituto Andaluz de Criminolog¨ªa. "Seg¨²n algunas estimaciones, en Espa?a hay unas 70 personas condenadas por delitos sexuales graves con riesgo alto de reincidencia. Los delitos sexuales son el 0,9% del total. ?Merece eso realmente tales transformaciones profundas? Da la impresi¨®n de que se trata de reacciones medi¨¢ticas", se queja.

Por mucho que Justicia insista en decir que lleva trabajando meses en estos cambios, para desvincularse del enorme impacto medi¨¢tico de Mari Luz, la ni?a asesinada por un hombre condenado pero en libertad, tanto el catedr¨¢tico de la UNED Antonio Torres del Moral como la consejera del Consejo General de la Abogac¨ªa Isabel Valriberas coinciden en el peligro de tomar medidas al calor de casos como ¨¦ste. "Las exigencias sociales siempre van por delante de la legislaci¨®n, pero va a ser un trabajo complicado articular este tipo de medidas para que no colisionen con los derechos de las personas, ya que nuestro sistema es b¨¢sicamente punitivo", asegura Valriberas.