Estado y autonom¨ªas se dan una tregua en el Constitucional

Al inicio de la pasada legislatura, el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, encarg¨® al entonces ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla, que acordara con las comunidades aut¨®nomas una reducci¨®n sensible de los conflictos competenciales pendientes ante el Tribunal Constitucional, que ascend¨ªan a 310.

Zapatero buscaba la distensi¨®n del Estado con las comunidades aut¨®nomas despu¨¦s de una legislatura muy conflictiva, la de 2000-2004, en la que el Gobierno de la mayor¨ªa absoluta de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar mantuvo una fuerte batalla legal en el Constitucional con diversas comunidades. El acuerdo con las comunidades aut¨®nomas buscaba aliviar el atasco del Tribunal Constitucional que, en la segunda parte de la legislatura 2004-2008, tendr¨ªa que centrar su tarea en la deliberaci¨®n de la sentencia de la reforma del Estatuto de Catalu?a.

Sevilla dice que el debate territorial de la legislatura no fue tan conflictivo como pareci¨®

En la segunda legislatura de Aznar, la de 2000- 2004, la conflictividad hab¨ªa subido de manera vertiginosa: el Estado plante¨® hasta 217 recursos al Tribunal Constitucional contra leyes de las comunidades aut¨®nomas y ¨¦stas plantearon al Estado 166 recursos, algo ins¨®lito desde los comienzos del funcionamiento del alto tribunal.

"La conflictividad en la segunda legislatura de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, la de la mayor¨ªa absoluta, fue gratuita y obedec¨ªa a un criterio pol¨ªtico de exacerbaci¨®n. De ah¨ª que Zapatero se planteara como tarea prioritaria la distensi¨®n de la conflictividad ante el Constitucional y yo se lo ofrec¨ª a las comunidades en la primera ronda que tuve con ellas tras ganar las elecciones", manifest¨® ayer Jordi Sevilla.

La iniciativa pol¨ªtica de Zapatero y Sevilla dio resultados, a juzgar por el informe-balance sobre la conflictividad en la legislatura 2004-2008 que acaba de publicar el Ministerio de Administraciones P¨²blicas, cuya actual titular es Elena Salgado.

Seg¨²n el informe, de los 310 conflictos pendientes de sentencia ante el Tribunal Constitucional en el a?o 2004, tanto por el Estado como por las comunidades aut¨®nomas, 110 decayeron por la v¨ªa del desistimiento (la renuncia) de ambas partes en el periodo 2004-2008.

El informe precisa que entre 2004-2008 los desistimientos del Estado frente a las comunidades aut¨®nomas fueron 36 y los de las comunidades frente al Estado ascendieron a 74. Los desistimientos del Estado favorecieron en ocho casos a Catalu?a; en seis a Andaluc¨ªa; en cinco a Castilla-La Mancha y en cuatro al Pa¨ªs Vasco. En el caso de Catalu?a decayeron numerosos recursos contra la Ley del C¨®digo Civil.

En cuanto a los recursos de las comunidades aut¨®nomas contra leyes del Estado, Andaluc¨ªa es el caso m¨¢s sobresaliente. Retir¨® hasta 30 recursos. Muchos de ellos afectaban a los Presupuestos Generales del Estado de los Gobiernos de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, que, a juicio de la Junta de Andaluc¨ªa, ignoraron el crecimiento de la poblaci¨®n. El compromiso efectivo del Gobierno de Zapatero de pagar la deuda a Andaluc¨ªa supuso la retirada de los recursos de la Junta ante el alto tribunal.

Otra v¨ªa que el Gobierno y las comunidades aut¨®nomas han utilizado en la legislatura 2004-2008 para evitar recursos ha sido la de las comisiones bilaterales de cooperaci¨®n a efectos del art¨ªculo 33.2 de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional. La f¨®rmula consiste en aplazar los recursos de tres meses a nueve, ampliando el plazo de interposici¨®n contra las leyes sean del Estado o de las comunidades aut¨®nomas, siempre que en la comisi¨®n bilateral se acuerde desarrollar negociaciones para resolver la controversia.

El balance que ha arrojado la utilizaci¨®n de la f¨®rmula de las comisiones bilaterales de negociaci¨®n entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas es de 45 leyes en las que han existido controversias competenciales en esta legislatura. Veinticinco se han resuelto de modo positivo; 12 con resultado infructuoso y ocho est¨¢n todav¨ªa en tr¨¢mite. "Los resultados demuestran que el debate territorial en la anterior legislatura no fue tan conflictivo como pareci¨®", manifest¨® ayer Sevilla.

El informe precisa, tambi¨¦n, c¨®mo el ritmo del Constitucional ha bajado en 2007, con s¨®lo 14 sentencias sobre cuestiones competenciales (ver gr¨¢fico), como consecuencia del debate en su seno sobre la reforma del Estatuto de Catalu?a.

Recoge, asimismo, c¨®mo s¨®lo una ley del Estado ha sido recurrida por la Generalitat de Catalu?a desde que est¨¢ vigente el Estatuto reformado, y c¨®mo el Estado no ha recurrido ninguna ley de la Generalitat.