Barrientos autoriz¨® el pago de obras irregulares por 1,2 millones

Las cosas se estaban saliendo de madre en Estepona. Un mes antes de que la polic¨ªa detuviera a su alcalde Antonio Barrientos (PSOE) por el caso de corrupci¨®n urban¨ªstica, el m¨¢ximo responsable de la trama, seg¨²n la juez Isabel Conejo, comenz¨® a encontrar m¨¢s escollos de los habituales en sus propuestas.

El reconomiento de deudas enfrent¨® a los concejales del equipo de gobierno

Los disidentes del equipo de gobierno -formado por PSOE, Izquierda Unida y Partido Andalucista- se plantaron a la hora de autorizar el pago de 1,2 millones de euros por trabajos que no hab¨ªan pasado los cauces legales y tampoco vieron con buenos ojos la adjudicaci¨®n del dep¨®sito de veh¨ªculos a un empresa que ten¨ªa v¨ªnculos familiares con el asesor de alcald¨ªa, Jos¨¦ Flores.Barrientos y Flores comparten celda en Alhaur¨ªn de la Torre desde el pasado viernes acusados de tr¨¢fico de influencias, cohecho, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y blanqueo.

El ex alcalde renunci¨® ayer a su acta de concejal y a la secretar¨ªa local del PSOE. Uno de sus abogados asegur¨® que se encuentra "muy entero" y "mejor que en dependencias policiales". "Tiene la fortaleza de una persona que no tiene conciencia de haber hecho nada que merezca el reproche", asegur¨® el letrado. Hace una semana, durante en el registro de las dependencias municipales, la polic¨ªa pidi¨® a los funcionarios que le facilitaran los expedientes de las empresas Nagore Inversiones y Collection World, a las que el concejal de Hacienda Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros, pretend¨ªa reconocerles 1,2 millones de euros de deuda.

La f¨®rmula del reconocimiento de deuda se utiliza habitualmente para aprobar los contratos hechos a dedo, en los que no ha habido concurso p¨²blico o licitaci¨®n, coinciden dos fuentes consultadas.

Las dudas sobre la forma en la que encargaron nueve de estos expedientes hicieron que el 23 de mayo, en el ¨²ltimo pleno celebrado en su Ayuntamiento, los expedientes de reconocimimiento de deuda se quedaran en el aire. Cuando lleg¨® el turno de tratar el punto, varios de los concejales del equipo de gobierno, entre ellos los socialistas Rafael Duarte y David Valadez, salieron del plenario, por lo que Barrientos tuvo que acordar un receso. A la vuelta, no se ahond¨® m¨¢s en la cuesti¨®n. El concejal de IU, Eduardo Alarc¨®n, pidi¨® que el expediente quedar¨¢ sobre la mesa hasta que hubiera m¨¢s informes.

Los concejales ya advirtieron a Barrientos de que no votar¨ªan ese punto, pero a¨²n as¨ª, form¨® parte del orden del d¨ªa. El punto pol¨¦mico era el pago de 915.000 euros a la empresa Nagore Inversiones SL por unos trabajos de remodelaci¨®n de la avenida Puerta del Mar.

La obra fue adjudicada en 2005 por el concejal ex gilista Jos¨¦ Ignacio Crespo, tambi¨¦n encarcelado en el caso, y termin¨® poco antes de las pasadas elecciones. Seg¨²n un informe del interventor accidental, Luis D¨ªaz, la obra se contrat¨® sin fiscalizaci¨®n previa y "prescindiendo totalmente del procedimiento establecido".

El informe del interventor terminaba por darle el visto bueno al pago, "sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda haberse incurrido por el incumplimiento de los requisitos legales", y alertaba de que esta situaci¨®n se estaba repitiendo demasiado. "Deben adoptarse las medidas oportunas para evitar en el futuro actuaciones al margen de los procedimientos de contrataci¨®n legalmente establecidos, y de las normas que regulan la fiscalizaci¨®n preceptiva, ya que ¨²ltimamente se vienen repitiendo con excesiva frecuencia", consideraba.

Con el pago de 300.000 euros a la empresa Collection World ocurri¨® algo similar, pero en una junta de gobierno local, se?alan fuentes municipales.

Estos desencuentros caldearon el ambiente durante varios d¨ªas y pasaron a formar parte de una larga lista de acusaciones sonrojantes entre los concejales de Estepona. Otro enfrentamiento se produjo durante la adjudicaci¨®n del dep¨®sito de veh¨ªculos. Zamorano acus¨® a su compa?era de partido Cristina Rodr¨ªguez de filtrar documentaci¨®n de la mesa de contrataci¨®n a Los Verdes y de estar interesada en "crear dudas".

La empresa Ausol Estepona 2000 se constituy¨® con 3.000 euros de capital el 25 de abril, un d¨ªa despu¨¦s de la publicaci¨®n del concurso del dep¨®sito municipal de veh¨ªculos. Su objeto social coincid¨ªa literalmente con el motivo del concurso. Su administrador, Manuel Barroso, fue detenido la semana pasada por orden de la juez Conejo. Est¨¢ en libertad bajo fianza de 15.000 euros. Barroso, abogado penalista, fue socio del letrado tambi¨¦n imputado en la trama corrupta de Estepona Juan Sim¨®n.

Los cruces de declaraciones hicieron que Rodr¨ªguez demandara a Zamorano, aunque despu¨¦s se retract¨®. Una nota de prensa municipal aseguraba que hab¨ªan zanjado sus problemas. Mientras tanto, los investigadores tomaban nota.