Vivenda crea un registro para detallar la solvencia de las inmobiliarias

"Pocas leyes para que se cumplan". La conselleira Teresa T¨¢boas cerr¨® ayer la producci¨®n legislativa de su departamento para estos cuatro a?os con su iniciativa m¨¢s ambiciosa: el anteproyecto de Lei de Vivenda que el jueves aprobar¨¢ el Consello da Xunta. Seg¨²n explic¨® T¨¢boas, la norma pretende consagrar "un derecho recogido en la Constituci¨®n" que regula la vivienda libre y protegida "desde que existe el suelo residencial hasta que el edificio deja de existir". Cuando entre en vigor, la Xunta crear¨¢ un registro de agentes promotores "donde cualquier ciudadano podr¨¢ consultar la solvencia econ¨®mica, financiera y t¨¦cnica" de las inmobiliarias, as¨ª como "las resoluciones y sanciones" que pesan sobre ellas.

El texto pensado como soluci¨®n integral para corregir los desequilibrios del mercado inmobiliario define y regula todos los procesos de edificaci¨®n. Parte del proyecto arquitect¨®nico y prev¨¦ incluso la conexi¨®n de servicios b¨¢sicos o la eficiencia energ¨¦tica de la construcci¨®n, aspectos todos que deben estar incluidos en el Libro do Edificio, una especie de historial que aglutine la documentaci¨®n de la obra finalizada, el uso del inmueble y lo relacionado con su construcci¨®n.

Expropiar pisos

Pero, sobre todo, la norma faculta al Gobierno gallego para expropiar pisos vac¨ªos que presenten "un deterioro grave en sus requisitos b¨¢sicos de habitabilidad y seguridad, siempre que el propietario desatendiese la orden de ejecuci¨®n de las obras de rehabilitaci¨®n". T¨¢boas calcula que la comunidad alberga m¨¢s de 70.000 inmuebles en condiciones ruinosas, entre los barrios antiguos de las ciudades y las construcciones del rural, pero aclar¨® que la expropiaci¨®n forzosa s¨®lo se utilizar¨¢ "como ¨²ltimo recurso", cuando haya peligro de derrumbe. Los pisos expropiados ser¨¢n rehabilitados por la Xunta, que los destinar¨¢ "preferentemente al alquiler para sectores desfavorecidos".

La futura Lei de Vivenda, que todav¨ªa deber¨¢ ser tramitada en el Parlamento, reserva un cap¨ªtulo a la lucha contra el acoso inmobiliario que sufren algunos inquilinos con renta antigua y regula las condiciones de desalojo, realojo y retorno. As¨ª, el usuario legal de las viviendas tiene derecho a que el propietario "le facilite una nueva de caracter¨ªsticas similares y en el mismo ¨¢mbito cuando se realicen obras de conservaci¨®n". En caso de que rija un contrato antiguo de alquiler con renta baja, la Administraci¨®n se compromete a establecer programas de ayuda que permitan actualizar los contratos "hasta el tope m¨¢ximo del alquiler de viviendas protegidas". El proyecto fija nuevos l¨ªmites para los pisos, que incrementan la superficie m¨¢xima -de 120 a 140 metros cuadrados-, pensando en las viviendas unifamiliares tradicionales del rural, y el m¨ªnimo para las de un solo dormitorio, que deber¨¢n medir 40 metros cuadrados. La norma ampl¨ªa hasta los 30 a?os la calificaci¨®n de los pisos protegidos, que por primera vez podr¨¢n albergar despachos profesionales, siempre que no ocupen m¨¢s de tres quintas partes de la estancia. Las promociones que desarrolle la propia Xunta ya no perder¨¢n esa calificaci¨®n que impide a sus beneficiarios vender o arrendar pisos protegidos. Sus obligaciones no rematan con la ocupaci¨®n de la casa, sino que propietarios e inquilinos de viviendas libres o p¨²blicas tienen el deber de mantenerla "en condiciones normales de funcionalidad".

Con el objetivo de fomentar el mercado del alquiler -que en Galicia representa apenas el 11% del parque inmobiliario frente al 35% en los pa¨ªses europeos- la Xunta le otorga ahora rango de ley. Se trata de ocupar parte de los 230.000 inmuebles desocupados que se reparten por toda la comunidad. Para lograrlo, el Ejecutivo establece un sistema de arbitraje para resolver conflictos entre due?o e inquilino, como alternativa a los juzgados.

Coherente con esa m¨¢xima que la conselleira, arquitecta de profesi¨®n, acostumbra a esgrimir, seg¨²n la cual s¨®lo se debe construir donde ya no quede espacio que rehabilitar, el anteproyecto promueve la recuperaci¨®n de los centros hist¨®ricos. En especial de aquellos edificios con valor arquitect¨®nico a los que Vivenda pretende aplicar un lavado de cara para ofertarlos en el mercado de alquiler. El arrendamiento durar¨¢ el tiempo suficiente para que la Administraci¨®n recupere el 70% de la inversi¨®n empleada para rehabilitar el inmueble.

Observatorio de precios

La ley establecer¨¢ un r¨¦gimen de sanciones que castiga la vulneraci¨®n de las calidades en la obra, las negligencias durante el proceso constructivo y el incumplimiento de los deberes de conservaci¨®n de los inmuebles. En caso de la vivienda protegida, se penar¨¢ a quienes no la utilicen como domicilio habitual as¨ª como el establecimiento de sobreprecios por encima del importe tasado para su transmisi¨®n. La Xunta estrenar¨¢ con la ley un Observatorio de la Vivienda que seguir¨¢ la evoluci¨®n del mercado inmobiliario, incluidos los precios y la demanda. Para medir este ¨²ltimo par¨¢metro, Vivenda se valdr¨¢ del registro ¨²nico de demandantes, que acumula ya m¨¢s 20.000 solicitudes, la mayor¨ªa en las siete ciudades o en su entorno.