Blindaje a la intimidad de los abortos
La identidad de las pacientes se mantendr¨¢ en secreto bajo un c¨®digo que s¨®lo se revelar¨¢ ante un juez - El decreto fija un est¨¢ndar de calidad para las cl¨ªnicas
Los datos de las mujeres que aborten estar¨¢n codificados y no podr¨¢n ser revelados sin el mandato de un juez. ?sta es una de las claves del real decreto que llegar¨¢ hoy al Consejo de Ministros y que pretende, entre otros objetivos, garantizar la intimidad y la confidencialidad de las mujeres que se realicen una interrupci¨®n voluntaria del embarazo.
Esta nueva norma, que tendr¨¢ car¨¢cter retroactivo, tambi¨¦n establece unos requisitos m¨ªnimos de calidad comunes para todos los centros que practiquen abortos.
Las que ya hayan abortado podr¨¢n pedir que sus datos se codifiquen
Se unifica el tipo de pruebas y servicios que se exige a los centros
El real decreto, al que ha tenido acceso EL PA?S, elaborado por el Ministerio de Sanidad junto con los de Justicia e Igualdad, pretende con estas medidas evitar situaciones como las vividas hace meses en las que la Guardia Civil se present¨® en casa de varias mujeres que hab¨ªan interrumpido su embarazo en cl¨ªnicas que estaban siendo investigadas por supuestos abortos ilegales, irrumpiendo en su vida y lesionando su intimidad. El caso de una de ellas, sorprendida por los agentes cuando ba?aba a su ni?a, tuvo especial repercusi¨®n.
Sucesos como ¨¦ste han llevado al Gobierno a elaborar una norma para dar mayor seguridad jur¨ªdica a las mujeres que aborten y derecho a la confidencialidad. Para ello, el proyecto de real decreto establece que los datos personales de las mujeres ser¨¢n secretos desde el mismo momento en que la mujer acuda a solicitar informaci¨®n sobre una interrupci¨®n del embarazo a un centro autorizado. Sin embargo, para proteger estos datos, la nueva normativa establece que los centros deber¨¢n crear ficheros automatizados en los que se separen las informaciones personales de la paciente -nombre, apellidos, domicilio, cualquier documento oficial de identidad y todo elemento que revele su identidad gen¨¦tica- de su historial cl¨ªnico. As¨ª, los datos de las mujeres quedar¨¢n ocultos bajo un c¨®digo que le ser¨¢ entregado a la paciente al inicio de la prestaci¨®n sanitaria.
Estos datos personales deber¨¢n estar protegidos, seg¨²n el proyecto de real decreto, por un sistema de seguridad de nivel alto. Adem¨¢s, los centros que presten este tipo de servicio deber¨¢n garantizar que tienen los mecanismos de custodia adecuados para que las informaciones personales de las pacientes sigan siendo secretas. La revelaci¨®n de esos datos, seg¨²n precisa el proyecto de real decreto, solo podr¨¢ efectuarse por orden de un juez.
Pero, de aprobarse la nueva norma, las mujeres que ya se han sometido a una interrupci¨®n voluntaria del embarazo tambi¨¦n tendr¨¢n derecho a la confidencialidad de sus datos. El proyecto de real decreto que llega hoy al Consejo de Ministros establece que las mujeres que se hayan sometido a un aborto antes de su entrada en vigor pueden solicitar la codificaci¨®n de su expediente en el centro en el que se lo han realizado.
Adem¨¢s, los centros que practiquen interrupciones voluntarias del embarazo deber¨¢n informar por escrito a la mujer de que sus datos personales quedan codificados y separados de su historial cl¨ªnico.
Con la nueva legislaci¨®n, que ya fue anunciado en febrero por la vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, se pretende tambi¨¦n garantizar la equidad en la prestaci¨®n de este servicio, incluido en la cartera del sistema nacional de salud. Esta parte, que pretende unificar y hacer obligatorias pruebas m¨¦dicas que antes s¨®lo lo eran en algunas comunidades, est¨¢ dirigida sobre todo a los centros privados. La sanidad p¨²blica realiza menos del 3% de las interrupciones del embarazo en Espa?a. Teniendo en cuenta esa radiograf¨ªa, el decreto establece adem¨¢s que cuando los servicios de salud opten por facilitar esta prestaci¨®n con medios ajenos (algunas regiones tienen conciertos o acuerdos con cl¨ªnicas privadas) deber¨¢n asegurarse de que estos centros garantizan esos requisitos m¨ªnimos.
De esta forma, se unifica el est¨¢ndar de calidad de las cl¨ªnicas que realizan abortos. Pruebas como una consulta toco-ginecol¨®gica, un estudio m¨¦dico en el que un especialista determine si la mujer se encuentra dentro de uno de los tres supuestos que marca la ley -violaci¨®n, malformaciones fetales o grave riesgo para la salud f¨ªsica o psicol¨®gica de la madre- y una consulta con un especialista si se sospecha que la mujer puede tener problemas que pudieran influir en la pr¨¢ctica del aborto. Dentro de estos requisitos m¨ªnimos est¨¢n tambi¨¦n la realizaci¨®n de anal¨ªticas y pruebas ecogr¨¢ficas antes y despu¨¦s de la intervenci¨®n, la monitorizaci¨®n cardiaca sistem¨¢tica y una medicaci¨®n indicada, seg¨²n el caso.
Adem¨¢s, el proyecto de real decreto dice que todas las cl¨ªnicas deber¨¢n facilitar la recuperaci¨®n de la paciente despu¨¦s de la intervenci¨®n en salas acondicionadas para ello con el control preciso y que toda paciente deber¨¢ tener un seguimiento despu¨¦s de haberse sometido al aborto, para prevenir posibles incidencias.
No m¨¢s mujeres en el cuartelillo
El proyecto de decreto ley que se prev¨¦ que llegue hoy al Consejo de Ministros nace tras una sucesi¨®n de esc¨¢ndalos que han llevado a decenas de mujeres a ser citadas por la Guardia Civil o por distintos juzgados que tramitan casos sobre supuestos abortos ilegales. La nueva norma impedir¨¢ las citaciones del instituto armado que no partan de un juez, como las que han sido criticadas en estos casos por violentar el derecho a la intimidad. Profesionales y cl¨ªnicas que practican interrupciones del embarazo denuncian una "caza de brujas" y el acoso de organizaciones llamadas pro-vida.- 'Caso Mor¨ªn'. La Audiencia de Barcelona ha ordenado a la juez que instruye el caso de las cl¨ªnicas del doctor Mor¨ªn que identifique a las mujeres que abortaron en estos centros. En noviembre, el ginec¨®logo Mor¨ªn y algunos de sus m¨¦dicos fueron acusados de abortos ilegales. La justicia sostiene que realizaron intervenciones sin el examen psiqui¨¢trico necesario y en gestaciones muy avanzadas. Ahora la Audiencia de Barcelona sostiene que prevalece el derecho a la defensa de los m¨¦dicos acusados sobre el de la intimidad de las mujeres. Hasta 200 de ellas han llegado a estar imputadas en este caso, aunque los cargos en su contra se retiraron al considerar que no eran conscientes de que el centro donde abortaron actuaba fuera de la legalidad. Hasta ahora, los abogados defensores de Mor¨ªn y los otros imputados hab¨ªan tenido acceso a todo el sumario -incluidas las historias cl¨ªnicas- pero no a la identidad de las mujeres.- 'Caso Isadora'. Si finalmente Alternativa Espa?ola pudiera personarse como acusaci¨®n en el procedimiento que se instruye contra la Cl¨ªnica Isadora, este partido ultra tendr¨ªa acceso al sumario del caso y a las identidades de muchas mujeres que abortaron en este centro madrile?o. El juez Jos¨¦ Sierra, que en un principio acept¨® la personaci¨®n de Alternativa Espa?ola, recul¨® y la suspendi¨® despu¨¦s. Tres m¨¦dicos de esta cl¨ªnica est¨¢n acusados de abortos ilegales, aunque el juez no precisa hechos concretos. El caso lleva abierto m¨¢s de un a?o, desde que varios agentes del Seprona abrieran contenedores de residuos de la cl¨ªnica y lograran -tras intentarlo varias veces- que un juez abriera una investigaci¨®n. Afirman que los restos de fetos encontrados eran muy grandes.
Las garant¨ªas
- Cuando una mujer vaya a abortar sus datos quedar¨¢n ocultos bajo un c¨®digo.- En el historial cl¨ªnico de la paciente que interrumpa su embarazo no figurar¨¢ su nombre, s¨®lo la codificaci¨®n.- Los datos personales de las mujeres que aborten s¨®lo podr¨¢n concocerse a trav¨¦s de una orden judicial.- Las cl¨ªnicas no podr¨¢n ceder datos de las pacientes ni tampoco usarlos con fines publicitarios.- Los criterios establecidos en el real decreto ser¨¢n "comunes" para toda Espa?a.- Cuando los servicios de salud p¨²blicos faciliten la prestaci¨®n de la interrupci¨®n del embarazo con medios ajenos (privados) deben asegurarse de que se garantizan las condiciones b¨¢sicas: pruebas, informes m¨¦dicos y confidencialidad.
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