M¨¢s de un mill¨®n de represaliados podr¨¢n ser honrados oficialmente

La pol¨¦mica ley de memoria, que pese a entrar en vigor en enero apenas ha tenido repercusi¨®n real en las v¨ªctimas de la Guerra Civil y el franquismo, empez¨® a convertirse ayer en una realidad. El Gobierno, tres semanas despu¨¦s de que el juez Baltasar Garz¨®n reavivara la pol¨¦mica, decidi¨® enviar al Consejo de Estado cuatro reales decretos que desarrollan la norma.

Hubo 210.000 asesinados, 400.000 encarcelados y 650.000 exiliados

Otro decreto repara a quienes murieron por la democracia entre 1968 y 1977

Entre ellos destaca el que regula la declaraci¨®n de reparaci¨®n oficial de las v¨ªctimas. El Ejecutivo, que rechaz¨® de plano la anulaci¨®n de las sentencias franquistas que ped¨ªan las asociaciones de v¨ªctimas, establece as¨ª las condiciones para obtener un documento oficial, expedido por el Ministerio de Justicia, en el que la democracia reconoce oficialmente la condici¨®n de v¨ªctima, rehabilita p¨²blicamente a los afectados y sentencia que los actos de represi¨®n cometidos por motivos pol¨ªticos fueron una injusticia.

La declaraci¨®n, que sirve tambi¨¦n para quienes sufrieron el terror en zona republicana, sobre todo en los primeros meses de la guerra, la pueden pedir no s¨®lo las v¨ªctimas -los supervivientes son cada vez menos- sino sus familiares e incluso instituciones a las que estuvieron ligadas -por ejemplo, un ayuntamiento si la v¨ªctima fue su alcalde-.

Juli¨¢n Casanova, un historiador especializado en este asunto, calcula que hay m¨¢s de un mill¨®n de personas que podr¨ªan considerarse v¨ªctimas de la represi¨®n. Por tanto, sus familiares, si quisieran, podr¨ªan reclamar esta declaraci¨®n oficial al Ministerio de Justicia. Aunque tendr¨¢n que esperar a que el decreto sea informado por el Consejo de Estado y vuelva al Consejo de Ministros para que ¨¦ste lo apruebe y lo mande a las Cortes.

El c¨¢lculo de m¨¢s de un mill¨®n de afectados se obtiene sumando los asesinados (150.000 a manos de los franquistas entre la guerra y los casi 40 a?os de dictadura, y unos 60.000 a manos de los republicanos, aunque todos estos ¨²ltimos tuvieron su reconocimiento oficial por el r¨¦gimen y sus familiares lograron todo tipo de compensaciones), los que sufrieron c¨¢rcel, campos de concentraci¨®n, trabajos forzados o torturas (se calcula que hubo unos 400.000, hay datos oficiales que se?alan que en 1940 lleg¨® a haber 270.000 personas encarceladas al mismo tiempo por motivos pol¨ªticos, y est¨¢ certificado que al menos 5.000 presos murieron de hambre y epidemias) y los exiliados (hubo unos 650.000 en el primer momento que hu¨ªan de la persecuci¨®n pol¨ªtica, y poco a poco algunos fueron regresando, hasta quedarse en una cifra de 170.000). A todos ellos, para imaginar las dimensiones de la tragedia, hay que sumar unas 400.000 personas que murieron en combate, y por tanto no pueden ser considerados represaliados.

La vicepresidenta primera, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, se?al¨® que con esta declaraci¨®n se quiere "recuperar la memoria" de aquellos que murieron por defender sus ideas "con honor y dignidad".

Los otros tres decretos, aunque no se refieren a los asuntos m¨¢s pol¨¦micos a¨²n por resolver -sobre todo el mapa de fosas y la aclaraci¨®n sobre la retirada de s¨ªmbolos franquistas-, tambi¨¦n son claves para algunos sectores. Sobre todo el que desarrolla la forma de obtener una indemnizaci¨®n de 135.000 euros para todos los familiares de asesinados entre 1968 y 1977 que cayeron a manos de la polic¨ªa franquista en protestas sindicales, sobre todo, y no se han podido acoger a la ley de v¨ªctimas del terrorismo (1968 es el a?o en que ETA empez¨® a matar).

El tercer decreto abre la posibilidad a los brigadistas internacionales que quisieron obtener la nacionalidad espa?ola en 1996, cuando se aprob¨® una ley que lo permit¨ªa, pero no pudieron porque sus pa¨ªses les exig¨ªan que renunciaran a la suya. El decreto permitir¨¢ la doble nacionalidad.

Por ¨²ltimo, un decreto permitir¨¢ a las familias de republicanos recuperar documentos privados -correspondencia ¨ªntima, por ejemplo- que fueron incautados por el r¨¦gimen y est¨¢n en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca.