"Pagamos un precio muy alto por tanta protecci¨®n"

Los alcaldes de Cazorla y Cabo de Gata se suman a la petici¨®n de Los Alcornocales de flexibilizar su crecimiento

El debate social sobre la gesti¨®n de los parques naturales andaluces se acelera. Si la semana pasada fueron los alcaldes del parque gaditano de Los Alcornocales los que pidieron una revisi¨®n de la normativa para que haya menos protecci¨®n y menos trabas para el desarrollo socioecon¨®mico de los municipios, ahora son los responsables pol¨ªticos del mayor espacio protegido andaluz, el de Cazorla, Segura y Las Villas (Ja¨¦n), con 23 municipios y 209.000 hect¨¢reas de extensi¨®n, los que se pronuncian en la misma l¨ªnea, aunque en este caso el proceso de revisi¨®n de los planes de gesti¨®n est¨¢ ya en marcha.

"No se trata de hacer urbanismo salvaje, pero s¨ª potenciar la oferta tur¨ªstica"

Los Ayuntamientos quieren poder dar licencias para vallar o rehabilitar

Este parque fue el primero en declararse en Andaluc¨ªa, en 1986, pero no fue hasta 1999 cuando se aprobaron el Plan de Ordenaci¨®n de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gesti¨®n (PRUG). La vigencia de ambos planes ya expir¨® y en la actualidad se encuentran prorrogados. Para el 22 de octubre hay convocada una reuni¨®n de la comisi¨®n encargada de la revisi¨®n de esos planes, aunque los alcaldes ya avanzan que van a pedir menos burocracia en la gesti¨®n del parque.

Pero la aspiraci¨®n de estos ediles, de todos los signos pol¨ªticos aunque con predominio socialista, va m¨¢s all¨¢ al plantear una cuesti¨®n controvertida, como es que los ayuntamientos est¨¦n facultados para otorgar las licencias de obras en terrenos no urbanizables y protegidos, fuera de los cascos urbanos, una potestad que ahora est¨¢ en manos de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente.

La comisi¨®n para la revisi¨®n del PORN y del PRUG la preside Pascual Gonz¨¢lez, alcalde socialista de Santiago-Pontones, municipio que, con m¨¢s de 68.000 hect¨¢reas, concentra casi un tercio de la superficie del parque natural. "Ahora existe una excesiva burocracia y no hay agilidad en la gesti¨®n, lo que frena muchas iniciativas empresariales. De lo que se trata es de adecuar las normas a la realidad. El parque debe ser un plus para los ciudadanos, que tienen que vivir dignamente en ¨¦l", asegura Gonz¨¢lez.

La intenci¨®n de los alcaldes es que los ayuntamientos puedan conceder las licencias y permisos para obras menores, como instalaci¨®n de un vallado o peque?as rehabilitaciones, limit¨¢ndose a informar a Medio Ambiente. Ahora, para cualquier alteraci¨®n en suelo no urbanizable se debe acompa?ar una exhaustiva memoria a Medio Ambiente, que tarda meses en contestar. "La percepci¨®n de los ciudadanos del parque es que la balanza ha estado desnivelada a favor de la conservaci¨®n, pero para los ayuntamientos es una prioridad el desarrollo local", se?ala David Avil¨¦s, presidente de la junta rectora del parque y alcalde socialista de Puente de G¨¦nave.

Los alcaldes se quejan de que la excesiva protecci¨®n limita actividades como la agricultura o la ganader¨ªa y lamentan la "eternidad" que tarda Medio Ambiente en tramitar los permisos que los particulares solicitan para un cambio de cultivo o construir una nave agr¨ªcola o un almac¨¦n de aperos.

El primer edil de Villanueva del Arzobispo, Pedro Medina, de un grupo independiente, expone el "nulo beneficio" que su municipio obtiene de la reforestaci¨®n que la empresa p¨²blica Egmasa lleva a cabo en la zona calcinada en el incendio de hace tres a?os en las inmediaciones del pantano del Tranco, a pesar de que la mayor parte de la superficie era de su t¨¦rmino. "Hay que lograr una gesti¨®n m¨¢s cercana y que los ayuntamientos tengan mayor participaci¨®n".

El sentir generalizado es el de conseguir el desarrollo sostenible de los 23 municipios que forman parte del parque y donde viven m¨¢s de 80.000 personas. Antonio Jos¨¦ Rodr¨ªguez, alcalde socialista de Cazorla, apuesta por potenciar la infraestructura en el extrarradio del parque, que es donde vive la mayor parte de la poblaci¨®n.

Su colega Jos¨¦ Antonio Olivares, alcalde socialista de La Iruela, es consciente de que "no se deben tolerar excesos urban¨ªsticos", pero cree que hasta ahora en el parque ha primado m¨¢s la conservaci¨®n que el desarrollo. "Pagamos un precio muy alto al tener un alto grado de protecci¨®n, y no recibimos compensaciones a cambio", subraya Olivares, tambi¨¦n miembro de la junta rectora. El vicepresidente de ¨¦sta y diputado provincial, Jos¨¦ Luis D¨ªaz, hasta hace unas semanas alcalde de Cazorla, reconoce que la actual legislaci¨®n "frena muchos proyectos". "No se trata de promover un urbanismo salvaje, pero s¨ª potenciar la oferta complementaria para el sector tur¨ªstico, es decir, que los propietarios de un hotel que quieran hacer una piscina o una pista de p¨¢del puedan hacerlo".

La buena predisposici¨®n mostrada por la Junta sobre Los Alcornocales tambi¨¦n ha puesto en alerta a los municipios que integran el Parque de Cabo de Gata-N¨ªjar, en la provincia de Almer¨ªa. La capital, N¨ªjar y Carboneras piden m¨¢s flexibilidad. Su reclamaci¨®n no es nueva. Ya en marzo de 2007, Carboneras aprob¨® en pleno por unanimidad una moci¨®n en la que solicitaba que el Gobierno andaluz eliminara la ampliaci¨®n que en este municipio se hizo del Parque Natural Cabo de Gata-N¨ªjar en un decreto de 1994. "Actualmente, el ayuntamiento ha presentado las alegaciones previstas al nuevo PORN y un informe medioambiental que avala nuestras peticiones. Nos sentimos identificados con la postura de los alcaldes de Los Alcornocales y les recordamos que Carboneras mantiene un 85% de su t¨¦rmino municipal dentro del Parque Natural", defiende Miguel Par¨ªs, concejal de Territorio, Medio Ambiente y Sostenibilidad de Carboneras.

En la capital almeriense, con muy poco porcentaje de terreno protegido, el Ayuntamiento se ve incapaz de atender la "demanda de crecimiento" en San Miguel de Cabo de Gata "debido a las limitaciones tan restrictivas". "De hecho, el PGOU no recoge ning¨²n crecimiento. Ser¨ªa bueno que la predisposici¨®n que muestra la Junta en Los Alcornocales la mostrara aqu¨ª tambi¨¦n", defiende el edil de Urbanismo, Juan Megino. Por su parte, el alcalde de N¨ªjar, Antonio Jes¨²s Rodr¨ªguez, asegura que su municipio no puede ofertar las posibilidades que ofrece un espacio protegido. "Necesitamos infraestructuras tur¨ªsticas, hoteleras y residenciales. Siempre hemos entendido que hay que hacer un desarrollo sostenible", explica el primer edil.

La Consejer¨ªa de Medio Ambiente ha declinado hacer valoraciones al respecto. Fuentes oficiales aseguran que ni siquiera se valora "ese supuesto".

En los municipios del entorno de Do?ana, no se ha plasmado, por ahora, ninguna iniciativa similar a los de los alcaldes de Los Alcornocales. Pero es cierto que en los corrillos de las asambleas que re¨²nen regularmente a los 14 ediles de la mancomunidad se habla de los problemas comunes a los que se enfrentan los gobiernos locales para potenciar un desarrollo econ¨®mico marcado por la presencia del parque nacional, informa Manuel J. Albert. Entre los cr¨ªticos, en el que se enmarcan los pueblos de Moguer (PP) o Bollullos Par del Condado (PP e IU), se coincide en se?alar al Plan de Ordenaci¨®n de ?mbito de Do?ana (POTAD) como un limitador de su crecimiento urban¨ªstico y econ¨®mico. Mientras, el pueblo referente en Do?ana, Almonte, defiende que la normativa existente no es cors¨¦ que limite nada y creen compatible el avance econ¨®mico y social con la existencia de leyes protectoras del medioambiente.