La alcaldesa quiere legalizar todas las casas de Marbella
La regidora del PP promete luchar por las 500 viviendas que quedan fuera del PGOU, entre ellas el complejo Banana Beach, ejemplo de las barbaridades urban¨ªsticas del GIL
Los 2.000 vecinos que hace apenas un a?o salieron a la calle para pedir que no hubiera demoliciones de viviendas ilegales en Marbella (M¨¢laga) y que no se obligara a los propietarios de estas 18.000 casas a pagar por su regularizaci¨®n comprobaron ayer que su presi¨®n ha surtido efecto. La alcaldesa, ?ngeles Mu?oz, del PP, anunci¨® ayer que intentar¨¢ que no se derribe ninguna vivienda, ni siquiera las m¨¢s aberrantes urban¨ªsticamente, como el complejo Banana Beach. Tambi¨¦n avanz¨® que ha encontrado la f¨®rmula para trasladar a los promotores, y no a los propietarios, el pago por las tropel¨ªas urban¨ªsticas.
El Plan urban¨ªstico deja fuera de ordenaci¨®n 700 viviendas
Los urbanizadores aplauden la medida porque "da seguridad jur¨ªdica"
Ecologistas denuncia una "amnist¨ªa abierta" a las casas ilegales
El PSOE niega que la Junta avale el indulto a 200 viviendas ilegales
El equipo de gobierno ha incorporado al Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) un art¨ªculo que permitir¨¢ exigir a los promotores que levantaron las viviendas ilegales que asuman las cargas urban¨ªsticas fijadas para regularizar los inmuebles. Estas exigencias son, entre otras, la cesi¨®n de terrenos para zonas verdes o la construcci¨®n de los equipamientos de los que se vio privada la ciudad durante los 15 a?os del Grupo Independiente Liberal (GIL).
La regidora se mostr¨® dispuesta a dar la batalla a la Junta de Andaluc¨ªa para que las 500 viviendas que quedan fuera de ordenaci¨®n -aut¨¦nticos pecados mortales urban¨ªsticos- sean finalmente legalizadas.
Entre estas promociones est¨¢ la urbanizaci¨®n Banana Beach. Sus 238 viviendas fueron levantadas en una zona verde a pie de playa. Tienen sentencia de demolici¨®n y condena de seis meses de prisi¨®n para Juli¨¢n Mu?oz y seis ediles que concedieron la licencia de obra.
Otras 30 viviendas, promovidas tambi¨¦n a pie de playa por uno de los promotores imputado en el caso Malaya, est¨¢n en R¨ªo Real, y tambi¨¦n tienen una orden de demolici¨®n que la Junta pidi¨® que se ejecutase. El tercer residencial est¨¢ en la zona del Alicate.
"Todo esto no hace sino confirmar que nuestras predicciones eran ciertas", se?alaba ayer el portavoz de Ecologistas en Acci¨®n, Rafael ?vila. "Hace un a?o dijimos que el Ayuntamiento pretend¨ªa impulsar una amnist¨ªa general encubierta y ahora vemos que ya no se esconde nada y ya va preocupando", dec¨ªa.
Durante una intervenci¨®n de m¨¢s de una hora, la regidora detall¨® los cambios que ha introducido en un documento que pretende aprobar provisionalmente la semana pr¨®xima, y que expondr¨¢ al p¨²blico durante un mes.
"Ser¨¢ muy satisfactorio decirles a los vecinos que ya no tendr¨¢n que afrontar cargas que les supondr¨¢n pagar hasta 12.000 euros por regularizar sus viviendas", explicaba.
El nuevo PGOU dar¨¢ un a?o a los promotores a partir de la aprobaci¨®n definitiva para asumir de forma voluntaria las compensaciones. Pasado ese tiempo ser¨¢ el Ayuntamiento exigir¨¢ que se lleven a cabo.
La f¨®rmula no exime totalmente a los compradores de las viviendas ilegales con respecto a las cargas urban¨ªsticas, sino que coloca a los promotores en primer lugar a la hora de reclamar los da?os que hayan podido hacer a la ciudad la construcci¨®n de estos edificios, se?alaron ayer t¨¦cnicos consultados.
En el art¨ªculo se se?ala que el promotor "no queda sustra¨ªdo de las obligaciones y deberes de la legislaci¨®n urban¨ªstica" en el proceso de normalizaci¨®n, e incide en que se maneje este criterio, "junto con la valoraci¨®n de posibles actitudes negligentes, cuando no culpables, de anteriores Corporaciones", pero no dice que el propietario quede completamente eximido en caso de que el promotor desaparezca o se niegue a pagar.
La f¨®rmula satisface los requerimientos de m¨¢s de 350 comunidades de propietarios que reclamaron a trav¨¦s de 4.950 alegaciones. "Hemos incorporado un 70% de las demandas ciudadanas", mantuvo Mu?oz.
A¨²n as¨ª, el Ayuntamiento se teme que tendr¨¢ que ir en m¨¢s de una ocasi¨®n a los tribunales. "Estamos preparados para las reclamaciones patrimoniales, porque el PGOU no reconoce los convenios firmados con los promotores por otros gobiernos". En estos casos, el Ayuntamiento marbell¨ª cobraba una parte del acuerdo con la promesa de incluir y aprobar el acuerdo en el futuro planeamiento.
El consistorio tambi¨¦n recibir¨¢ las reclamaciones de los promotores a los que el propio Ayuntamiento marbell¨ª vendi¨® sueldo de equipamiento para construir, por lo que tambi¨¦n habr¨ªa obtenido plusval¨ªas por esas irregularidades.
Durante la presentaci¨®n la alcaldesa no ocult¨® que hab¨ªa tenido "discrepancias" con el equipo redactor, al que la Junta encarg¨® el PGOU, a cuenta de las viviendas que est¨¢n habitadas, como Banana Beach, y que quedan fuera de ordenaci¨®n. "Hay que tener sensibilidad y sentido com¨²n para buscar alternativas", dijo.
El gobierno marbell¨ª, a cargo de las competencias urban¨ªsticas, ha mantenido varias reuniones con la Consejer¨ªa de Vivienda y Ordenaci¨®n del Territorio para hablar de los cambios que quer¨ªan introducir en el documento. Seg¨²n varias fuentes, cada uno de esos cambios se est¨¢n consensuando con el gobierno andaluz, ya que ser¨¢ la Junta de Andaluc¨ªa ser¨¢ quien d¨¦ el visto bueno a la aprobaci¨®n definitiva. "El Ayuntamiento necesita tener aprobado el documento lo antes posible y no quiere correr el riesgo de que lo echen hacia atr¨¢s", se?alan fuentes municipales. De hecho, el caso del Banana Beach es uno de los temas que se qued¨® sobre la mesa en las ¨²ltimas reuniones.
La portavoz del PSOE, Susana Rad¨ªo, asegur¨® ayer que la Consejer¨ªa de Vivienda y Ordenaci¨®n del Territorio no avala los cambios que Mu?oz ha introducido en el PGOU, entre los que figura la amnist¨ªa a 200 viviendas ilegales que quedaban fuera de ordenaci¨®n en el documento entregado por la Junta.
Entre esas 200 viviendas hay dos urbanizaciones no habitadas -Jardines del Pr¨ªncipe y Jardines de la Costa- que el Ayuntamiento propone regularizar "con cargas importantes para los promotores".
El complejo Jardines del Pr¨ªncipe, una mole de 81 apartamentos que superaba la edificabilidad permitida y que tapaba las vistas al mar a los vecinos, se quedar¨¢ intacto si el promotor cede los bajos de este edificio del lujo al Consistorio. Seg¨²n fuentes municipales, el Ayuntamiento quiere destinar la zona, sin cerrar ni acondicionar, a equipamiento sanitario. La promoci¨®n Jardines de la Costa -61 viviendas en suelo de espacios libres- tendr¨ªa que comprar una zona aleda?a y cederla al Ayuntamiento como zona verde.
La alcaldesa reclam¨® una lectura "en positivo" del documento, no s¨®lo por la seguridad jur¨ªdica que acarrear¨¢. Destac¨® que los cambios aumentan el ratio de zonas libres de 27 metros cuadrados por habitante a 27,77 y que se contempla la construcci¨®n en los pr¨®ximos 8 a?os de 27.085 viviendas nuevas, de las que 9.836 (36%) ser¨¢n de protecci¨®n oficial.
El presidente de la Federaci¨®n Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, calificaba de "actuaci¨®n inteligente de cara a la crisis" los cambios propuestos por la alcaldesa. "Marbella va a salir adelante y van a dejar de hacernos esa propaganda tan negativa en los medios de comunicaci¨®n ingleses", dec¨ªa. Arranz crey¨® positivo "quitarle le?a al fuego" y dar seguridad jur¨ªdica a los compradores de buena f¨¦. Hace un a?o acusaba a los redactores de no conocer la realidad marbell¨ª y ped¨ªa m¨¢s consenso.
Un plan de largo recorrido
Junio de 1986. La Comisi¨®n Provincial de Urbanismo de M¨¢laga aprueba definitivamente el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de Marbella.
Mayo de 1991. Jes¨²s Gil arrasa en las elecciones municipales y anuncia la revisi¨®n del PGOU.
Octubre de 1993. El pleno municipal aprueba inicialmente el nuevo plan, coordinado por Juan Antonio Roca.
Noviembre de 1997. El pleno aprueba provisionalmente el plan. El ayuntamiento concede ya licencias de obras de acuerdo al nuevo PGOU pese a no estar aprobado definitivamente y a que contravienen el vigente.
Julio de 1998. La Comisi¨®n Provincial de Urbanismo rechaza el plan, que recalifica 11 millones de metros cuadrados de suelo forestal, y lo deja todo en suspenso hasta que el Ayuntamiento haga un texto refundido con las modificaciones requeridas.
Mayo de 2000. El Ayuntamiento aprueba un expediente de cumplimiento del PGOU que no es el texto refundido requerido por la Junta.
Octubre de 20o0. La Comisi¨®n Provincial rechaza por unanimidad el documento.
Noviembre de 2000. La Junta publica en el Bolet¨ªn Oficial de la Provincia el PGOU de 1986, despu¨¦s de que los tribunales dieran la raz¨®n al Ayuntamiento en no considerarlo en vigor, por lo que otorgaba licencias contrarias al documento.
Mayo de 2002. Juli¨¢n Mu?oz sustituye en la alcald¨ªa a Gil, inhabilitado por el Tribunal Supremo por el caso camisetas.
Marzo de 2003. El TSJA dicta la primera orden de paralizaci¨®n cautelar de unas obras impugnadas. La Junta lleva ya entonces recurridas 130 licencias municipales.
Mayo de 2003. El pleno municipal aprueba un nuevo texto refundido.
Julio de 2003. La Comisi¨®n de Urbanismo rechaza otra vez la propuesta de texto refundido, en el que planifica una ciudad con 600.000 habitantes, da por caducado el expediente y emplaza al consistorio a elaborar desde el principio un nuevo PGOU.
28 de julio de 2003. Juli¨¢n Mu?oz anuncia que elaborar¨¢ u nuevo PGOU con los criterios de la Junta y que no dar¨¢ m¨¢s licencias contrarias al plan vigente tras reunirse con la secretaria general de Urbanismo, Josefina Cruz.
31 de julio 2003. El pleno inicia el expediente de elaboraci¨®n del PGOU. Mu?oz destituye a Roca al frente de la gerencia de Urbanismo.
1 de agosto de 2003. Ocho concejales del GIL, tres del PSOE y tres del PA presentan una moci¨®n de censura contra Mu?oz apadrinada por Roca.
13 de agosto de 2003. Marisol Yag¨¹e es investida alcaldesa. Contrata a Roca como asesor y anuncia que no dar¨¢ licencias contra el plan del 86.
Noviembre de 2003.El pleno inicia el expediente de redacci¨®n del nuevo PGOU.
Enero de 2004. Junta y Ayuntamiento firman un convenio de colaboraci¨®n para la redacci¨®n del plan.
Junio de 2004. La redacci¨®n del plan se adjudica al Manuel Gonz¨¢lez Fustegueras.
Mayo de 2005. El avance estima que se construyeron 25.000 viviendas con licencia ilegal.
Noviembre de 2005. El Ayuntamiento considera inasumible la normalizaci¨®n propuesta por Fustegueras y dice que costar¨¢ 6.000 millones.
Diciembre de 2005. La Junta inicia el expediente de retirada de competencias urban¨ªsticas al Ayuntamiento, tras impugnar 209 licencias ilegales y comunica a la fiscal¨ªa que dej¨® caducar 201 expedientes.
Marzo de 2006. Trece d¨ªas antes de que estalle la operaci¨®n Malaya, la Junta firma la orden de retirada de competencias.
Junio de 2007. El Consejo de Gobierno devuelve las competencias al Ayuntamiento de Marbella y le entrega el PGOU ya terminado.
Julio de 2007. El pleno aprueba inicialmente el plan por unanimidad.
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