Y con el juez Tirado, ?qu¨¦ hacemos?

"?Por favor, dejadnos 100 d¨ªas, s¨®lo 100 d¨ªas!". Esta exclamaci¨®n, hecha en plan distendido a un grupo de periodistas por una vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), resume con nitidez el desasosiego que vive el ¨®rgano de gobierno de los jueces espa?oles. El nuevo Consejo naci¨® hace apenas 40 d¨ªas bajo dos enormes losas que a¨²n no ha logrado quitarse de encima. La primera, el estigma de su politizaci¨®n. Y la segunda, herencia del anterior Consejo: c¨®mo resolver el caso del juez Rafael Tirado, que durante dos a?os dej¨® libre a un pederasta que, en ese tiempo, supuestamente mat¨® a la ni?a Mari Luz Cort¨¦s. El anterior Consejo le puso una multa de 1.500 euros que no ha dejado a nadie indiferente.

Los conservadores se niegan a hacer del juez sancionado una cabeza de turco

Es previsible que el nuevo Consejo tome una decisi¨®n sobre el expediente del juez Tirado a finales de noviembre. Si, como postulan vocales progresistas y conservadores, el Consejo adopta una decisi¨®n por unanimidad, habr¨¢ logrado ganar una primera batalla y dar una apariencia de consenso ante la sociedad.

Pero la tarea no es f¨¢cil. Entre los vocales conservadores existe la convicci¨®n de que no cabe hacer del juez Tirado "un cabeza de turco". A lo sumo, sostienen, jur¨ªdicamente s¨®lo cabe mantener o aumentar algo la multa de 1.500 euros que ya le impuso el anterior Consejo, pero en ning¨²n caso, suspenderle de empleo y sueldo. Frente a esta postura, entre los vocales progresistas anida la opini¨®n de que el caso Mari Luz no puede saldarse s¨®lo con una peque?a multa. Una de las ideas es suspenderle de empleo y sueldo dos a?os, como ha hecho el ministro Bermejo con Juana G¨¢lvez, la secretaria del juzgado de Tirado, lo que motiv¨® el paro de tres horas que desarrollaron el pasado d¨ªa 21 el 85% de los secretarios judiciales espa?oles. El caso Tirado ser¨¢ un punto de inflexi¨®n para el nuevo Poder Judicial.

Entre los nuevos vocales se ha extendido la convicci¨®n de que deben cerrar filas, al menos en los asuntos de mayor calado social (y en concreto, en el caso Mari Luz). La idea es dar una imagen de unidad cara al exterior, que ayude a mitigar el estigma de partidismo ideol¨®gico. Junto con la end¨¦mica falta de medios de la justicia y las proclamas de PP y PSOE a favor de endurecer la sanci¨®n al juez Tirado, es lo que subyace en la masiva huelga de jueces y secretarios del pasado martes, la mayor acci¨®n de protesta del ¨¢mbito judicial que se recuerda desde el advenimiento de la democracia.

En la judicatura sent¨® muy mal que el ministro de Justicia, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, y la vicepresidenta del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, as¨ª como destacados dirigentes del PP, se pronunciaran p¨²blicamente y sin cortapisas a favor de que el nuevo Consejo aumentara la sanci¨®n al juez Tirado.

"No estamos dispuestos a ser la correa de transmisi¨®n de ning¨²n partido. Es cierto que nos han elegido los pol¨ªticos, pero los nombramientos ya est¨¢n hechos, son por cinco a?os y durante este tiempo somos inamovibles e independientes", apunta una vocal progresista. "Se tomar¨¢ una decisi¨®n jur¨ªdica ajena a todo tipo de presiones, que no vamos a consentir vengan de donde vengan", ha reiterado la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo.

"Queremos acabar, si nos dejan, con el lastre de que el Consejo es un miniparlamento donde progresistas y conservadores pactaban, como ocurri¨® durante el ¨²ltimo Consejo, c¨®mo repartirse los nombramientos de los altos cargos de la judicatura, y utilizaban informes jur¨ªdicos para apoyar a sus partidos afines", coinciden en razonar, por separado, vocales propuestos por PP y PSOE.

Los nuevos vocales han acordado motivar sobradamente cada nombramiento. Ni por lo m¨¢s remoto quieren que el Tribunal Supremo les vuelva a tirar a la cara la designaci¨®n de un cargo judicial por ausencia de motivaci¨®n, como le sucedi¨® al anterior Consejo con Javier G¨®mez Berm¨²dez, el juez del 11-M, al que la mayor¨ªa conservadora tuvo que proponer tres veces para presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.