El Gobierno deja a los centros la decisi¨®n sobre el crucifijo

El Gobierno no va a intervenir en "la guerra de los crucifijos". Lo dej¨® ayer claro la ministra de Educaci¨®n, Mercedes Cabrera, quien dijo que deben ser los colegios p¨²blicos, a petici¨®n de sus consejos escolares, quienes "tomen la iniciativa" de retirar o no los s¨ªmbolos religiosos de sus aulas, en lugar de la Administraci¨®n, puesto que son "los que mejor conocen qu¨¦ tipo de alumnos tienen y qu¨¦ piensan los padres". "Muchas veces, establecer normas generales de car¨¢cter obligatorio, en lugar de resolver problemas, lo que hace es crearlos", arguy¨®. Sin embargo, las sentencias judiciales sobre la materia, la ¨²ltima el pasado s¨¢bado en un juzgado de Valladolid, proclaman lo contrario. Tambi¨¦n lo sostuvo en 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que expresamente neg¨® esa competencia a los consejos escolares.

El primer episodio de la guerra de s¨ªmbolos religiosos se produjo en 1977

La posici¨®n de Cabrera deja abierto un conflicto que tiene m¨¢s a?os que la Constituci¨®n espa?ola, de diciembre de 1978. Diez meses antes, el presidente de las Cortes, Antonio Hern¨¢ndez Gil, cat¨®lico, fue v¨ªctima de una agria campa?a por ordenar la retirada del crucifijo colocado en su despacho por el primer presidente de las Cortes de la dictadura, el tambi¨¦n cat¨®lico Esteban Bilbao.

Fue el primer episodio de la bautizada entonces como "guerra de los crucifijos", con escaramuzas que arreciaron a partir de la aprobaci¨®n en 1985 de la Ley Org¨¢nica del Derecho a la Educaci¨®n (LODE) por el primer Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez. Tambi¨¦n hubo execraciones eclesi¨¢sticas cuando en 1981 el director de Radio Nacional, Eduardo Sotillos, suprimi¨® en la emisora estatal el rezo del ¨¢ngelus al mediod¨ªa.

Ayer, la ministra sostuvo que la sentencia que obliga a retirar un crucifijo de un colegio p¨²blico de Valladolid esta respaldada "por la misma Constituci¨®n, que dicta el car¨¢cter aconfesional del Estado". Y descart¨® que el Gobierno vaya a tomar cartas en el asunto, como han pedido los partidos de izquierda, incluido el PSOE.

Cuando este debate se suscit¨® por la presencia del crucifijo y la Biblia cat¨®lica en la toma de posesi¨®n del presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, y de todos sus ministros, hace apenas medio a?o, el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Mar¨ªa Rouco, expuso el criterio de su Iglesia. "El crucifijo pertenece a la historia y a la cultura de Espa?a. Siempre hay minor¨ªas que se ofenden por todo, pero la presencia del crucifijo es masiva en todos los pueblos, as¨ª que o se destruye Espa?a para quitarlos, o cierran los ojos", dijo.

Tanto los partidarios como los detractores de la sentencia de Valladolid echan mano de la Constituci¨®n para reforzar sus argumentos. El PSOE recuerda el car¨¢cter aconfesional del Estado, y el PP reconoce que la Constituci¨®n proclama esa aconfesionalidad, pero que la cat¨®lica es la religi¨®n preponderante en Espa?a, por lo que "a la inmensa mayor¨ªa de los espa?oles" no le molesta que el crucifijo est¨¦ en las aulas. El ministro de Justicia, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, recomend¨® a la Junta de Castilla y Le¨®n que "tome buena nota" de la sentencia, "proceda a su cumplimiento" y "no pretenda lavarse las manos". Lo mismo pidi¨® el vicesecretario general del PSOE, Jos¨¦ Blanco. Ambos reclaman al Ejecutivo aut¨®nomo lo que elude el Gobierno central.

Entre las asociaciones de padres, la CEAPA se expres¨® contra cualquier s¨ªmbolo religioso, aunque reconoce la autonom¨ªa de los consejos escolares para tomar la decisi¨®n. La Federaci¨®n de Directores de Institutos P¨²blicos (FEDADi) y el sindicato STES tambi¨¦n se manifiestan contrarios a los s¨ªmbolos religiosos en los centros. La confederaci¨®n cat¨®lica CONCAPA opina, en cambio, que esta nueva decisi¨®n judicial se enmarca en "una pol¨ªtica de ataque rabiosamente laicista contra los s¨ªmbolos religiosos".

El diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV) Joan Herrera pidi¨® incluso la retirada de los crucifijos de las escuelas concertadas "por contar con financiaci¨®n p¨²blica". El director general de la Federaci¨®n Espa?ola de Religiosos de la Ense?anza (FERE), Manuel de Castro, tach¨® esa propuesta de "disparate" y "anticonstitucional". Pidi¨® al diputado catal¨¢n que "estudie la Constituci¨®n" porque en lugar de promover la tolerancia para los dem¨¢s, la est¨¢ encrespando. "Entiendo que un colegio p¨²blico no tiene obligaci¨®n de exponer unos crucifijos en las aulas, pero cuando se habla de extender esto a la escuela concertada, realmente se demuestra que han perdido el norte", concluy¨®.

El coordinador de la comisi¨®n que gestiona IU hasta la elecci¨®n del nuevo coordinador general, Cayo Lara, lament¨® que se "resuelva" con una sentencia lo que establece la Constituci¨®n. "Es una cuesti¨®n que deber¨ªa haber sido adoptada por el Gobierno de Espa?a y por los Gobiernos aut¨®nomos. Los crucifijos y los santos tienen que estar en las iglesias por respeto a los creyentes, a los cat¨®licos y a los cristianos, y de otras religiones en otros casos", dijo.