El Gobierno planta cara a los jueces y les acusa de presionar al Parlamento

El Gobierno sali¨® en tromba ayer decidido a plantar cara a los jueces y atajar la huelga en ciernes convocada por las cuatro asociaciones profesionales para el mes de junio, medida que lleg¨® a ser calificada de "traici¨®n a los ciudadanos" por el ministro de Justicia, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo. El presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, reproch¨® a las asociaciones "no haber pensado un poco m¨¢s" sus exigencias antes de convocar la primera huelga de la historia judicial y les advirti¨® de que las retribuciones para 2009, que aumentar¨¢n en una media del 5%, no pueden modificarse respecto a lo ya previsto en los Presupuestos.

El ministro de Justicia atribuy¨® el ¨®rdago lanzado por las asociaciones a que ¨¦stas se han puesto "a la cabeza de la manifestaci¨®n" tras comprobar que el movimiento de base generado en torno al caso del juez Rafael Tirado "se les iba de las manos". Seg¨²n el ministro, en la amenaza de huelga "est¨¢ flotando" el caso Tirado, o "la no exigencia de responsabilidades a un juez que ha incumplido sus responsabilidades".

Para Bermejo, en la amenaza de huelga "est¨¢ flotando" el 'caso Tirado'

De ah¨ª que, debido a su "estado de desorientaci¨®n", y al movimiento de base de los jueces, las asociaciones apostasen por articular una serie de reivindicaciones y amenazasen con una huelga, que, seg¨²n el titular de Justicia, trata de "presionar al Parlamento" para que el contenido de alguna de las reformas que el Gobierno ha remitido a las C¨¢maras "sea el que los jueces quieren".

Bermejo, que hizo estas declaraciones a la cadena SER, asegur¨® que "la cuesti¨®n no es siquiera si un juez tiene derecho a la huelga". En su opini¨®n, la clave est¨¢ en que "un titular de un Poder del Estado no se puede permitir el lujo de hacer huelga", porque es "una traici¨®n" al mandato de los ciudadanos.

Sobre el derecho de los jueces a la huelga, el ministro se?al¨® al Consejo General del Poder Judicial como el organismo que deber¨¢ "sentar criterio jur¨ªdico" sobre si los jueces tienen derecho a hacerla y anticip¨® que su opini¨®n es que no. Bermejo expres¨® su decepci¨®n por la actuaci¨®n de las asociaciones judiciales y critic¨® que a estas alturas pidan que se ponga en marcha la nueva oficina judicial cuando el Ejecutivo ya ha enviado el proyecto al Congreso.

En tono m¨¢s mesurado, el presidente, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, garantiz¨® en Onda Cero que el Gobierno "va a dialogar" con las asociaciones judiciales y dijo que "prefer¨ªa no pensar" que el aviso de huelga tenga que ver con el caso Mari Luz. Sin embargo, el presidente se mostr¨® firme al subrayar que el Gobierno "no se va a mover" en la previsi¨®n de 5% de aumento prevista en los Presupuestos, dado que buena parte de las reivindicaciones de los jueces son salariales.

Zapatero signific¨® que no son los "problemas de los jueces" lo que m¨¢s le preocupa, sino "los problemas de los ciudadanos ante la Justicia". En esa l¨ªnea, subray¨® que el Gobierno ha duplicado la inversi¨®n para modernizar las infraestructuras de la Justicia y es el que m¨¢s ha incrementado las plazas de jueces y fiscales. Concretamente, en 2008 se incorporaron 5.000 nuevos funcionarios y desde 2005 se han creado 684 plazas de jueces y 484 de fiscales, 1.148 en total, seg¨²n las cifras del Ministerio.

Las intervenciones del presidente Zapatero y del ministro de Justicia fueron contestadas por las asociaciones y desde el propio Consejo del Poder Judicial.

El portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), Antonio Garc¨ªa, acus¨® a Bermejo de "pervertir el debate" sobre las demandas de los jueces y "confundir a la opini¨®n p¨²blica", y neg¨® que la intenci¨®n de los jueces fuera "revolver, molestar, y traicionar porque s¨ª".

A su vez, Lorenzo del R¨ªo, portavoz de la centrista Francisco de Vitoria, neg¨® que en las reivindicaciones de los jueces hubiese un aumento salarial superior del 5% y explic¨® que la referencia a la Ley de Retribuciones que incluyen sus reivindicaciones tiene que ver con la revisi¨®n de las retribuciones variables que tiene que hacerse cada cinco a?os.

Respecto al emplazamiento de Bermejo al Poder Judicial para que se pronuncie sobre la legalidad de la huelga, la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, afirm¨® que el organismo no tiene competencias jurisdiccionales, por lo que no le corresponde determinar si los jueces tiene o no derecho a la huelga. Seg¨²n Bravo, la competencia es del legislador o en el caso de que una eventual huelga sea impugnada del ¨®rgano jurisdiccional al que corresponda entender del asunto. La portavoz consider¨® "sensata" la postura de los jueces -que han anunciado una protesta para el 18 de febrero y una huelga para el 26 de junio- porque seis meses de plazo son suficientes para "hacer visible" el trabajo iniciado por el Poder Judicial y por el Gobierno.

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