El Superior se apunta a la 'doctrina Bot¨ªn' para cerrar el 'caso Ibarretxe'
Sostiene que la acusaci¨®n popular no puede "por s¨ª sola" abrir un juicio penal
Los argumentos jur¨ªdicos para archivar en la segunda sesi¨®n del juicio la causa abierta contra el lehendakari Ibarretxe, dos dirigentes del PSE y cinco de la ilegalizada Batasuna no se apartan de lo ya adelantado. La explicaci¨®n para dar carpetazo al caso "es clara", reitera el tribunal en el auto dado a conocer ayer: "la petici¨®n de la acusaci¨®n popular [en este caso el Foro Ermua y Dignidad y Justicia] por s¨ª sola no puede dar lugar" al inicio del juicio en el procedimiento abreviado. Es decir, no est¨¢n legitimadas para acusar penalmente en solitario cuando se piden penas de menos de seis a?os. Ese era el criterio defendido en la primera sesi¨®n de la vista oral por la Fiscal¨ªa y las defensas de los socialistas Patxi L¨®pez y Rodolfo Ares y los cinco dirigentes de la izquierda abertzale.
La Sala de Gobierno responder¨¢ a las cr¨ªticas de Ibarretxe la pr¨®xima semana
El auto apoyado por la mayor¨ªa de la Sala -el ponente Antonio Subinas y Juan Carlos Benito Butr¨®n- destaca que la intenci¨®n del legislador en relaci¨®n con el papel de la acusaci¨®n popular en el proceso penal es di¨¢fana. Le da plena participaci¨®n en la instrucci¨®n de la causa (iniciar un proceso, pedir medidas cautelares, pedir pruebas...), pero s¨®lo puede instar la apertura de juicio si est¨¢ acompa?ada por el fiscal o por la acusaci¨®n particular que defiende los intereses de los directamente perjudicados por el delito. En respuesta a la postura del Foro Ermua, el tribunal apunta que dejar a la acci¨®n popular acusar en solitario "equivaldr¨ªa a permitir que cualquier ciudadano no perjudicado u ofendido por el delito pueda, por su sola voluntad, actuar [penalmente] incluso en contra de los intereses del perjudicado u ofendido y en contra del criterio del fiscal". Una interpretaci¨®n diferente, sostiene la Sala, "atentar¨ªa al principio de igualdad ante la ley". Tanto Subinas como Benito-Butr¨®n apuntan que la voluntad del legislador en el art¨ªculo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal era "la exclusi¨®n del acusador popular" en "ausencia de acusaci¨®n particular o de la del Ministerio Fiscal". Una interpretaci¨®n "leg¨ªtimamente constitucional", recalcan, y que sintoniza con la del magistrado ponente de la sentencia del caso Bot¨ªn en el Tribunal Supremo, posterirmente corregida con el caso Atutxa. En aquella resoluci¨®n, Enrique Bacigalupo se?al¨® que, si el legislador hubiera querido que pudiera celebrarse juicio por el procedimiento abreviado con s¨®lo la acusaci¨®n popular, "as¨ª lo habr¨ªa establecido en las posteriores reformas [de la LEC], circunstancia que no concurre".
Pese a que alguna de las defensas apreci¨® mala fe procesal en las acusaciones populares, el tribunal resuelve que no la ha habido, ya que en la instrucci¨®n y en la apertura de juicio su actuaci¨®n "ha contado con el visto bueno del juez instructor y de la Sala" que ratificaron "sus decisiones". Tanto el Foro Ermua como Dignidad y Justicia confirmaron ayer que recurrir¨¢n al Supremo el archivo de la causa, por lo que el Alto Tribunal va a tener la oportunidad de aclarar las contradicciones que se han puesto de manifiesto en sus sentencias sobre las cesiones de cr¨¦ditos del Banco Santander (caso Bot¨ªn) y la no disoluci¨®n del grupo de Batasuna en el Parlamento vasco (caso Atutxa).
Por su parte, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior ha retrasado hasta el pr¨®ximo viernes la respuesta a las duras cr¨ªticas dirigidas por el Ejecutivo vasco contra su presidente, Ruiz Pi?eiro, tras archivarse la causa.
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