El castigo a los vencidos

El 26 de enero de 1939 las tropas de general Franco entraron en Barcelona. Unos d¨ªas despu¨¦s, el 9 de febrero, "pr¨®xima la total liberaci¨®n de Espa?a", Franco firm¨® en Burgos la Ley de Responsabilidades Pol¨ªticas, el primer asalto de la violencia vengadora sobre la que se asent¨® la Dictadura. La ley declaraba "la responsabilidad pol¨ªtica de las personas, tanto jur¨ªdicas como f¨ªsicas" que, desde el 1 de octubre de 1934, "contribuyeron a crear o agravar la subversi¨®n de todo orden de que se hizo v¨ªctima a Espa?a", y las que, a partir del 18 de julio de 1936, "se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave".

Todos los partidos que hab¨ªan integrado el Frente Popular, y sus "aliados, las organizaciones separatistas", quedaban "fuera de la Ley" y sufrir¨ªan "la p¨¦rdida absoluta de sus derechos de toda clase y la p¨¦rdida de todos sus bienes", que pasar¨ªan "¨ªntegramente a ser propiedad del Estado".

Cientos de miles de espa?oles participaron en el terror que Franco desat¨® contra los republicanos

La puesta en marcha de ese engranaje represivo y confiscador caus¨® estragos entre los rojos y los vencidos, abriendo la veda para una persecuci¨®n arbitraria y extrajudicial que en la vida cotidiana desemboc¨® muy a menudo en el saqueo y en el pillaje. Hasta octubre de 1941 se hab¨ªan abierto 125.286 expedientes y unas 200.000 personas m¨¢s sufrieron la "fuerza de la justicia" de esa ley en los a?os siguientes. La ley qued¨® derogada el 13 de abril de 1945, pero las decenas de expedientes en tr¨¢mite siguieron su curso hasta el 10 de noviembre de 1966.

Las sanciones que la ley preve¨ªa eran dur¨ªsimas y pod¨ªan ser, seg¨²n el art¨ªculo 8, de tres tipos: "restrictivas de la actividad", con la inhabilitaci¨®n absoluta y especial para el ejercicio de profesiones; "limitativas de la libertad de residencia", que conllevaba el extra?amiento, la "relegaci¨®n a nuestras posesiones africanas", el confinamiento o el destierro; y "econ¨®micas", con p¨¦rdida total o parcial de los bienes y pagos de multas. Ilustres republicanos, autoridades pol¨ªticas y dirigentes sindicales cayeron bajo el peso de esa ley, que castig¨® a miles de personas ya asesinadas, desterradas, exiliadas, presas o "en paradero desconocido". Los afectados y sus familiares, condenados por los tribunales y se?alados por los vecinos, quedaban hundidos en la m¨¢s absoluta miseria.

De acuerdo con la ley, el juez instructor deber¨ªa pedir "la urgente remisi¨®n de informes del presunto responsable al Alcalde, al Jefe Local de Falange, Cura P¨¢rroco y Comandante del puesto de la Guardia Civil del pueblo en que aqu¨¦l tenga su vecindad o su ¨²ltimo domicilio, acerca de los antecedentes pol¨ªticos y sociales del mismo, anteriores y posteriores al 18 de julio de 1936".

La ley marcaba as¨ª el c¨ªrculo de autoridades poderoso y omnipresente, de ilimitado poder coercitivo y administrativo, que iba a controlar durante los largos a?os de la paz de Franco haciendas y vidas de los ciudadanos: el alcalde, que era adem¨¢s jefe local del Movimiento, el comandante de puesto de la Guardia Civil y el p¨¢rroco, una triada de dominio pol¨ªtico, militar y religioso.

La Ley de Responsabilidades Pol¨ªticas brind¨® la oportunidad a la Iglesia cat¨®lica, por medio de los p¨¢rrocos, de convertirse en una agencia de investigaci¨®n parapolicial. No era suficiente con que la Iglesia, colmada de privilegios con la victoria, recuperara su papel de guardi¨¢n de la buena moral y de las buenas costumbres. Los p¨¢rrocos se convirtieron, gracias a esa ley, en investigadores p¨²blicos del pasado de todo vecino sospechoso de haber "subvertido el orden" y, por supuesto, de haber "atacado a la Iglesia", acusaciones bajo las que pod¨ªan implicar a los supuestos responsables y a toda su familia. Con sus informes, aprobaron el exterminio legal organizado por los vencedores y se involucraron hasta la m¨¦dula en la red de sentimientos de venganza, envidias, odios y enemistades que envolvi¨® la vida cotidiana de esas peque?as comunidades rurales en la posguerra.

Los odios, las venganzas y el rencor alimentaron el af¨¢n de rapi?a sobre los miles de puestos que los asesinados y represaliados hab¨ªan dejado libres en la administraci¨®n del Estado, en los ayuntamientos e instituciones provinciales y locales. Un porcentaje elevad¨ªsimo de las plazas "vacantes", hasta el 80%, se reservaba para ex combatientes, ex cautivos, familiares de los m¨¢rtires de la Cruzada, y para tener acceso al resto hab¨ªa que demostrar una total lealtad a los principios de los vencedores. Ah¨ª resid¨ªa una de las bases de apoyo duradero a la dictadura de Franco, la "adhesi¨®n inquebrantable" de todos aquellos beneficiados por la victoria.

Miles de fichas e informes de las fuerzas de seguridad, de los cl¨¦rigos, de los falangistas, avales y salvoconductos, descubiertos por los historiadores en los ¨²ltimos a?os en decenas de archivos, dan testimonio del grado de implicaci¨®n de una parte importante de la poblaci¨®n en ese sistema de terror. Hubo cientos de miles de personas que hab¨ªan luchado en el bando vencedor, que aceptaron la legitimidad de ese r¨¦gimen forjado en un pacto de sangre, que adoraban a Franco por haberles librado de los revolucionarios, por ofrecerles "paz y tranquilidad". Sin esa participaci¨®n ciudadana, el terror hubiera quedado reducido a fuerza y coerci¨®n. Conviene recordarlo ahora, 70 a?os despu¨¦s de que todo aquello comenzara, como una forma de resistencia frente al silencio y la falsificaci¨®n de los hechos.

Juli¨¢n Casanova es catedr¨¢tico de Historia Contempor¨¢nea en la Universidad de Zaragoza.