Por una "moral com¨²n" para los j¨®venes

Cuando tras unas elecciones los partidos enfrentados salen p¨²blicamente a decir, sonrientes, que han ganado, que los resultados son magn¨ªficos, s¨®lo cabe una cierta sensaci¨®n de perplejidad. Eso mismo ha pasado ahora con la sentencia del Tribunal Supremo que niega la objeci¨®n de conciencia a Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa y, al igual que con las elecciones, la conclusi¨®n l¨®gica es que alguna de las partes est¨¢ haciendo, como m¨ªnimo, una lectura demasiado optimista.

Veamos los hechos y los detalles de la sentencia. El Foro Espa?ol de la Familia, la asociaci¨®n cat¨®lica de padres Concapa, la Fundaci¨®n Universidad San Pablo CEU o Profesionales por la ?tica han hecho una intensa campa?a durante m¨¢s de dos a?os y medio llamando a la objeci¨®n a una materia obligatoria que, seg¨²n ellos, pretend¨ªa adoctrinar a los j¨®venes, meti¨¦ndose en cuestiones morales que corresponden s¨®lo al ¨¢mbito de la familia. Por su parte, el Gobierno ha sostenido que Ciudadan¨ªa s¨®lo pretende educar a buenos ciudadanos tomando como base la Constituci¨®n y la Declaraci¨®n Universal de los Derechos Humanos.

La objeci¨®n ha sido rechazada, pero sus impulsores dicen que se les ha dado la raz¨®n

"Definitivamente se zanja una pol¨¦mica artificial", responde el PSOE

Tras la pelea judicial (con sentencias a favor y en contra de la objeci¨®n) y alg¨²n que otro apoyo institucional (de Madrid y La Rioja, gobernadas por el PP), la semana pasada se public¨® el texto completo de la decisi¨®n del Tribunal Supremo que ven¨ªa a establecer doctrina sobre la cuesti¨®n, respondiendo a los recursos contra tres fallos del Tribunal Superior de Asturias, que denegaron la objeci¨®n, y otra contra del de Andaluc¨ªa, que la reconoci¨®. Esos textos niegan el derecho a la objeci¨®n, dicen que la materia, tal y como est¨¢ planteada, no adoctrina. Adem¨¢s, se?alan que se circunscribe a ¨¢mbitos que el Estado tiene "la potestad y el deber" de impartir. Eso s¨ª, con absoluta objetividad en cuanto a los temas sobre los que socialmente no hay consenso, y llegando al proselitismo, "incluso, en t¨¦rminos de su promoci¨®n", cuando se trate de "los principios y la moral com¨²n subyacente en los derechos fundamentales".

El Supremo sostiene, incluso, la necesidad de que el Estado entre en algunas de esas cuestiones: "La importancia de la actividad educativa en relaci¨®n con el pluralismo es obvia: constituye un esencial instrumento para garantizar su efectiva vivencia en la sociedad; y esto porque transmite a los alumnos la realidad de esa diversidad de concepciones sobre la vida individual y colectiva, como asimismo les instruye sobre su relevancia, para que sepan valorar la trascendencia de esa diversidad y, sobre todo, aprendan a respetarla".

A pesar de todo ello, las asociaciones contrarias a la materia siguen apoyando la insumisi¨®n, ya que sostienen que las sentencias s¨®lo afectan a los cuatro casos concretos que ha visto el Supremo, y los cuatro afectados van a recurrir al Constitucional y a pedirle la suspensi¨®n cautelar del fallo. En cualquier caso, aseguran tambi¨¦n que el Supremo les ha dado la raz¨®n, se?alando, entre otros, el siguiente p¨¢rrafo: Las asignaturas obligatorias "no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que [...] reflejan tomas de posici¨®n sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad espa?ola".

Efectivamente, las sentencias dicen que, si alg¨²n libro de texto o alg¨²n profesor se desliza hacia el adoctrinamiento, los padres pueden llevarlo a los tribunales contencioso-administrativos. As¨ª, esas asociaciones aconsejan "acudir a los tribunales cuando perciban el riesgo de adoctrinamiento", lo que efectivamente puede echar m¨¢s madera judicial a la pol¨¦mica si muchas familias acogen con entusiasmo la sugerencia. C¨®mo act¨²en los tribunales, se ver¨¢; de momento, uno de Toledo ha autorizado cautelarmente la ausencia a Ciudadan¨ªa para varios alumnos despu¨¦s de que se hubiera pronunciado el Supremo.

Por el otro lado, la ministra de Educaci¨®n, Mercedes Cabrera, asegur¨® que la sentencia "es una buena noticia" para el sistema educativo, y destac¨® el rechazo rotundo del Supremo a la objeci¨®n y a que la actual materia lesione los derechos de los padres. Para la portavoz de Educaci¨®n del PSOE, C¨¢ndida Mart¨ªnez, "se zanja definitivamente una pol¨¦mica artificial que ha sido auspiciada por los sectores m¨¢s conservadores de la sociedad espa?ola y alentada por el PP". Es decir, por lo que respecta al Gobierno, el caso est¨¢ cerrado. Vista la actitud de las asociaciones promotoras de la insumisi¨®n y de los propios padres insumisos, no parece que la pelea termine aqu¨ª, aunque s¨ª es posible que se vaya diluyendo (todas las comunidades, incluidas las PP, asumen que todos los ni?os deben cursar Ciudadan¨ªa).

En cualquier caso, las sentencias dejan claro que la clave est¨¢ en la neutralidad en los temas pol¨¦micos, como puede ser el aborto, aunque lo cite el texto: "Sin embargo, dentro del espacio propio de lo que sean planteamientos ideol¨®gicos, religiosos y morales individuales, en los que existan diferencias y debates sociales, la ense?anza se debe limitar a exponerlos e informar sobre ellos con neutralidad". Pero resalta: "No es correcto sostener [...] que el Estado no tenga nada que decir sobre la educaci¨®n de los menores, ni quepa ninguna transmisi¨®n de valores a trav¨¦s del sistema educativo. Ya se ha visto cu¨¢les son los equilibrios que la Constituci¨®n exige en este terreno".