La corrupci¨®n sacude al Consell y al PP

El auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n tuvo ayer un efecto demoledor en el seno del Consell y del Partido Popular. Tras el terremoto generado por la publicaci¨®n (EL PA?S del pasado d¨ªa 19) del informe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n que implicaba al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la trama corrupta vinculada al PP, el auto remitido ayer al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por el juez Garz¨®n sacudi¨® con intensidad inusitada los cimientos institucionales y pol¨ªticos del Partido Popular.

El auto no solo halla indicios de cohecho, tr¨¢fico de influencias y falsedad en la actuaci¨®n del jefe del Consell, Francisco Camps; el secretario general del PP y portavoz parlamentario, Ricardo Costa; el ex vicepresidente de la Generalitat, V¨ªctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la Consejer¨ªa de Turismo, Rafael Betoret. El auto apunta a la financiaci¨®n irregular del PP en la Comunidad Valenciana a trav¨¦s de la red de empresas corruptas que montaron en Madrid Francisco Correa y Pablo Crespo. Una red que cobr¨® cuerpo en la Comunidad Valenciana a trav¨¦s de Orange Market, tras la p¨¦rdida de las elecciones generales de 2004 por parte del PP, y su responsable ?lvaro P¨¦rez, conocido como El Bigotes.

La trama corrupta apunta a la financiaci¨®n ilegal del PP

Rambla: "en los pr¨®ximos d¨ªas se aclarar¨¢ la no relaci¨®n" de Camps

La sala que preside De la R¨²a es de mayor¨ªa conservadora

Seg¨²n el auto del juez Baltasar Garz¨®n, Orange Market dispon¨ªa de una caja B (de dinero negro) en la que figura, al menos, "un apunte de entrega de 15.000 euros al Partido Popular de Valencia procedente de la caja B de Orange Market" con fecha de 31 de agosto de 2005.

En su escrito, el magistrado relaciona tambi¨¦n otros apuntes contables de la red corrupta de empresas, que se remontan, supuestamente, al d¨¦cimo congreso regional del PP, celebrado en Valencia en 2002, en el que fue reelegido Eduardo Zaplana.

Los socialistas ya apuntaron, antes de conocerse el auto del juez Garz¨®n, a la financiaci¨®n irregular de los populares valencianos en la sesi¨®n de control de las Cortes Valencianas. El portavoz socialista, ?ngel Luna, asegur¨®: "Orange Market est¨¢ en la financiaci¨®n del PP. Una empresa con cinco trabajadores es una agencia de contrataci¨®n para ganar dinero y ese dinero va a parar a sus amigos o al PP".

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se abstuvo de responder a las preguntas de la oposici¨®n, e insisti¨® en su honradez y en la de su Administraci¨®n. Pero a la hora del almuerzo el auto de Garz¨®n ya hab¨ªa hecho saltar por los aires el escenario planteado por el jefe del Consell.

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, afirm¨®: "Es la peor crisis de la democracia valenciana".

Los populares se reunieron en gabinete de crisis, aunque les cost¨® sobreponerse a la situaci¨®n, con todo el partido sobrecogido y noqueado por el auto del juez Garz¨®n.

El secretario general del PP, Ricardo Costa, compareci¨® a las puertas de la sede del partido en Valencia al filo de las nueve de la noche, hora de inicio de la mayor¨ªa de los informativos nocturnos. Baj¨® las escaleras a la calle con una sonrisa forzada y trat¨® de no parecer nervioso ante los medios de comunicaci¨®n.

"El PP pone de manifiesto su absoluta negaci¨®n de las acusaciones que se vierten contra sus dirigentes", indic¨® Costa, que asegur¨® que las acusaciones son "absolutamente infundadas".

"Nos ratificamos en todo lo que hemos venido defendiendo en las ¨²ltimas semanas", abund¨® el secretario general del PP, que eludi¨® mencionar siquiera cualquier aspecto sobre la financiaci¨®n irregular de su partido o los trajes que se hizo confeccionar por el sastre de ?lvaro P¨¦rez.

El n¨²mero dos del PP garantiz¨® la "colaboraci¨®n" del PP con la Justicia, aunque tambi¨¦n pidi¨® la "m¨¢xima diligencia y m¨¢xima rapidez" en el proceso.

A la misma hora, aproximadamente, el vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, emiti¨® un comunicado en el que neg¨® los hechos que se le atribuyen al presidente de la Generalitat en la investigaci¨®n de la Audiencia Nacional. "Estamos convencidos de que en los pr¨®ximos d¨ªas se aclarar¨¢ la no relaci¨®n del presidente con los hechos que se est¨¢n investigando", indic¨®.El d¨ªa acab¨® para el presidente de la Generalitat mucho peor de lo que hab¨ªa comenzado. Y eso que desde hace tres semanas la sesi¨®n de control al jefe del Consell en las Cortes Valencianas se ha convertido en un aut¨¦ntico suplicio. En el hemiciclo los portavoces del PSPV, ?ngel Luna, y de Comprom¨ªs, M¨®nica Oltra, exigieron respuestas claras al jefe del Consell sobre los esc¨¢ndalos relacionados con Orange Market y las adjudicaciones de contratos de manera irregular por parte de distintos departamentos de la Generalitat.

Camps insisti¨®: "Mi conciencia est¨¢ tranquil¨ªsima". El presidente de la Generalitat busc¨® la cercan¨ªa ("mis amigos son los cinco millones de valencianos") y la legitimidad de las urnas para argumentar que la gesti¨®n de su Administraci¨®n es transparente y conforme a la legalidad. Y nuevamente se escud¨® en las auditor¨ªas de la Sindicatura de Comptes, que revisan contratos aleatoriamente, y en los pocos recursos que se presentan a las adjudicaciones de las contratas p¨²blicas.

Argumentos et¨¦reos para la oposici¨®n. "Empieza a ser inc¨®modo para su partido", apunt¨® Luna, que vincul¨® Orange Market con la financiaci¨®n irregular del PP y advirti¨® que ya hay dirigentes populares que "empiezan a hablar".

M¨®nica Oltra, de Comprom¨ªs, reclam¨® por activa y por pasiva (se puso una camiseta pidiendo transparencia y los papeles del Consell) respuestas claras sobre las reuniones de Camps con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa; sobre las llamadas al sastre Jos¨¦ Tom¨¢s y sobre la implicaci¨®n del presidente en la trama corrupta de empresas. Tanto Luna como Oltra calificaron las comparecencias de los consejeros para dar explicaciones de los contratos y su relaci¨®n con Orange Market de "pantomima".

Tras conocerse el auto, la reacci¨®n de la oposici¨®n fue todav¨ªa m¨¢s contundente. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, exigi¨® al presidente Camps una explicaci¨®n urgente sobre los "indicios claros" de responsabilidad penal de ¨¦l mismo y de dirigentes de su partido por el caso G¨¹rtel.

Para la coordinadora de Esquerra Unida, Gl¨°ria Marcos, la implicaci¨®n de Camps y Costa apunta a la "financiaci¨®n irregular en el PP". Marcos pidi¨® la destituci¨®n de todos los cargos implicados en el caso.

El presidente de la Generalitat, a diferencia del pasado d¨ªa 19 cuando se inform¨® de su implicaci¨®n, guard¨® silencio tras conocerse el contenido del auto del juez Garz¨®n. No hubo declaraci¨®n institucional. Tan solo el vicepresidente Rambla, a trav¨¦s de un comunicado, y Costa, en la sede del PP, salieron a realizar una primera valoraci¨®n.

Fuentes de Presidencia insistieron en que los hechos demostrar¨¢n la honradez del presidente de la Generalitat, implicado en un auto judicial por su relaci¨®n con personas en las que err¨®neamente deposit¨® su confianza.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n remiti¨® ayer el auto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Una vez sea registrada la causa, y por turno de reparto, se nombrar¨¢ un instructor de entre cuatro de los cinco magistrados de la sala. Aunque la ley no excluye al presidente del TSJ, Juan Luis de la R¨²a, por normas internas, no instruye.

Jos¨¦ Flors, Carlos Climent, Juan Montero y Jos¨¦ Francisco Ceres son los magistrados que componen, junto a De la R¨²a, la sala de Lo Civil y Penal, encargada de los casos que afectan a aforados, informa Lydia Garrido.

Jos¨¦ Flors pertenece a la asociaci¨®n Francisco de Vitoria. Fue el encargado de archivar la causa que present¨® Eduardo Zaplana contra dos diputados auton¨®micos socialistas por difundir unas conversaciones grabadas con dos empresarios imputados en el caso Terra M¨ªtica. Flors est¨¢ vinculado a la revista jur¨ªdica y se le reconoce un buen hacer jur¨ªdico.

Carlos Climent proviene del mundo de la universidad. No es un magistrado de carrera. Lleg¨® a la sala en virtud de la potestad que la ley concede al Parlamento auton¨®mico de proponer miembros para la sala. Fue a propuesta socialista. Juan Montero tambi¨¦n procede de la Universidad y su nombramiento fue a propuesta del PP. Una de sus ¨²ltimas r¨²bricas ha sido el archivo de la causa en la que estaba implicado D¨ªaz Alperi.

Jos¨¦ Francisco Ceres es de posici¨®n marcadamente conservadora. Su firma est¨¢ en el archivo de los casos que afectaban al ex alcalde de Alicante Luis D¨ªaz Alperi. Su nombramiento estuvo rodeado de pol¨¦mica.