El tesorero, en el centro

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha asumido la competencia del caso G¨¹rtel (o Correa), pero s¨®lo en lo referente a la investigaci¨®n del senador y tesorero del Partido Popular, Luis B¨¢rcenas, y del diputado nacional Jes¨²s Merino, en cuya conducta percibe serios indicios de cohecho y delito fiscal, en el primer caso, y s¨®lo cohecho, en el segundo. El grueso de la causa, con tres aforados auton¨®micos del PP madrile?o, seguir¨¢ en manos del Tribunal Superior de Madrid, mientras que la parte referente a los trajes de Camps y de su n¨²mero dos, Ricardo Costa, se mantiene en el Tribunal Superior de Valencia.

La decisi¨®n del Supremo es procesalmente muy cuestionable. El propio tribunal admite que no es la tradicional en casos que afectan a la vez a aforados y no aforados, en los que la unidad de la causa, y no su despiece, prevalece por razones de seguridad jur¨ªdica y de eficacia investigadora respecto de delitos harto complejos y conectados entre s¨ª.

No descarta que la causa entera pueda regresar a sus manos, aunque son d¨¦biles las razones que da para que no sea as¨ª ahora: la conexi¨®n entre los delitos atribuidos a B¨¢rcenas y a Merino con el entramado delictivo puede ser de momento tenue, pero existe. Todo ello pone en evidencia el anacronismo de la figura del aforado, multiplicada en Espa?a con los Parlamentos regionales, que ha terminado por erigirse en un obst¨¢culo tanto para la investigaci¨®n del delito como para el normal funcionamiento de la justicia.

En todo caso, y en contra de lo que puede parecer, la decisi¨®n del Supremo tiene un efecto negativo para el PP: el caso Correa pasa a ser el caso B¨¢rcenas, lo que agrava sus repercusiones pol¨ªticas. Que el tesorero del PP protagonice en primera l¨ªnea un caso de corrupci¨®n reduce al l¨ªmite el margen de tolerancia y comprensi¨®n que Rajoy le viene otorgando. Lo que no impidi¨® que ayer la c¨²pula del PP hiciera una lectura del auto del Supremo en la que reh¨²ye fijarse en aquello de lo que se acusa a su tesorero (posibles sobornos de casi un mill¨®n de euros por parte de la trama Correa y ocultaci¨®n al fisco de una cantidad parecida) y se resalta, en cambio, aquello de lo que, de momento, no se le acusa.

El momento que tanto tem¨ªa el PP ha llegado. Es el Supremo -no lo son ni Garz¨®n, ni el ex ministro Bermejo, ni la fiscal¨ªa, ni la Agencia Tributaria, ni tampoco el Gobierno- el que ayer precis¨® claramente los posibles delitos que se atribuyen al tesorero nacional del partido y sobre los que centrar¨¢ su investigaci¨®n. El PP no puede seguir manteniendo en el caso Correa la actitud esquizofr¨¦nica que se deja ver en su personaci¨®n como acusaci¨®n particular en la causa: busca defender sus intereses frente a presuntos delincuentes que son cargos institucionales y militantes cualificados, al tiempo que sigue protegiendo pol¨ªticamente y fuera de la causa a algunos de ellos -B¨¢rcenas y otros- apostando por su honorabilidad.