Familias profesionales para ni?os especiales

Antes un orfanato era un orfanato y al hospicio se le llamaba hospicio. Ahora ya no. Los gobernantes auton¨®micos que tienen bajo su tutela a miles y miles de ni?os y adolescentes utilizan expresiones como centros de acogida, viviendas, residencias, hogares, centros de acci¨®n educativa, acogimientos residenciales y un largo etc¨¦tera. Lo que, en la mayor¨ªa de los casos, maquilla la incapacidad de la Administraci¨®n para otorgar a estos menores una familia. Un derecho reconocido en los tratados internacionales y en la legislaci¨®n espa?ola. En todo este triste asunto -muchas veces reducido a una simple y fr¨ªa estad¨ªstica- s¨®lo hay dos cosas ciertas. Primera, que -afortunadamente- los centros ya no son esas macroestructuras desangeladas en las que decenas de ni?os se hacinaban en fr¨ªos pabellones y en los que la vara de boj y los abusos se convirtieron en habitual m¨¦todo pedag¨®gico. Y segunda, que en Espa?a existen 11.000 ni?os (datos de 2006) que viven en acogimientos residenciales y a quienes el Estado debe una familia. El resto (3.400) viven en familias y un 6% sufre alg¨²n tipo de discapacidad o trastorno que requiere -en teor¨ªa- atenciones especiales. Pues bien, en Espa?a s¨®lo existen una veintena de familias profesionalizadas para atenderles. Un modelo de acogimiento extendido en el resto de Europa pero que en Espa?a no ha pasado de prueba piloto pendiente de evaluaci¨®n por los expertos.

S¨®lo Guip¨²zcoa y Andaluc¨ªa disponen de un programa profesionalizado

"Estos ni?os son socialmente invisibles", dice un experto

En Europa, el internamiento en centros estatales es excepcional

Canarias dispone de una bolsa de m¨¢s de 500 hogares para acoger ni?os

Las competencias sobre protecci¨®n de menores est¨¢n transferidas a las comunidades aut¨®nomas y, en el Pa¨ªs Vasco, a las diputaciones forales, lo que dificulta enormemente conocer el n¨²mero exacto de ni?os desprotegidos. Se calculan unos 30.000. Existen -con multitud de variables- dos tipos de acogimiento: en centros residenciales y en familia, que puede ser extensa (con alg¨²n grado de parentesco respecto al ni?o) o ajena. "El punto de partida es la conciencia de que en Espa?a tenemos un intolerable nivel de institucionalizaci¨®n de la infancia y la adolescencia. Es una anomal¨ªa que s¨®lo se soporta por la invisibilidad de estos menores. Ante estos casos, uno se da cuenta de que la grandilocuencia sobre el supremo inter¨¦s del menor debe referirse a otro tipo de ni?os, no precisamente a los que est¨¢n institucionalizados", opina Jes¨²s Palacios, uno de los mayores expertos europeos en protecci¨®n de menores y catedr¨¢tico de Psicolog¨ªa Evolutiva y de la Educaci¨®n de la Universidad de Sevilla y profesor en Cambridge (Reino Unido). Y remata: "Estos ni?os no s¨®lo son socialmente invisibles, sino que tambi¨¦n estad¨ªsticamente son dif¨ªcilmente cuantificables".

En Espa?a la Administraci¨®n nunca se ha enfrentado a una reforma a fondo del sistema de acogimiento, al contrario que en Europa. La institucionalizaci¨®n y la familia extensa mandan. No por casualidad: son las alternativas que menos esfuerzo requieren por parte del sistema de protecci¨®n, coinciden en afirmar Jes¨²s Palacios y Jorge Fern¨¢ndez del Valle, profesor de psicolog¨ªa social de la Universidad de Oviedo.

En febrero empez¨® a andar en el Senado una comisi¨®n sobre adopciones y temas afines justamente para ofrecer a la Administraci¨®n pautas para cambiar el sistema en Espa?a. Todos los comparecientes alertaron sobre el desorbitante n¨²mero de ni?os acogidos en centros y en la necesidad de regular y promocionar el acogimiento profesionalizado.

Es aquel en que el acogedor, con una formaci¨®n espec¨ªfica en el campo de la educaci¨®n y con amplia experiencia en trabajos sociales, se dedica a tiempo completo a la atenci¨®n del menor y cobra un sueldo por ello. El chaval vive en una familia y recibe unos cuidados especializados. Es un modelo en torno a la figura del acogedor, no en torno al menor como el acogimiento voluntario, tradicional e, incluso, el especializado. En estos ¨²ltimos tres casos, el acogedor recibe una formaci¨®n espec¨ªfica, pero puede no ser un profesional del sector educativo o social. En el profesional, la mayor¨ªa de personas son pedagogos, psic¨®logos, maestros, monitores o educadores sociales y va destinado principalmente a menores y adolescentes con graves dificultades f¨ªsicas, ps¨ªquicas o sensoriales y/o problemas de conducta.

A pesar de que media docena de comunidades aut¨®nomas tienen regulada la figura del acogimiento profesional, ¨²nicamente la Diputaci¨®n Foral de Guip¨²zcoa y la Junta de Andaluc¨ªa han puesto en marcha programas espec¨ªficos propiamente dichos. Dos experiencias con resultados excelentes pero con escasas familias inscritas. Guip¨²zcoa dispone de siete n¨²cleos familiares que acogen a diez menores. En Andaluc¨ªa, nueve n¨²cleos y otros tantos ni?os. En Castilla y Le¨®n, de los 809 menores en familia ajena, el 47% viven en n¨²cleos especializados pero no, por ello, profesionales.

Un dato elocuente: mientras el cese de acogimientos en familia tradicional o voluntaria alcanza porcentajes del 25% -las comunidades aut¨®nomas lo reducen a un poco cre¨ªble 3%- en los acogimientos profesionales de Andaluc¨ªa y Guip¨²zcoa no se ha dado ning¨²n caso de interrupci¨®n. Los expertos prefieren hablar de interrupci¨®n o cese, nunca de fracaso, porque el menor, aunque abandone el seno familiar porque la convivencia se ha quebrado, siempre retiene todo lo aprendido. Un reconocimiento por parte del ni?o que, a veces, s¨®lo llega en la edad adulta.

El a?o pasado, Jorge Fern¨¢ndez del Valle realiz¨® un estudio en el que evalu¨® los resultados del acogimiento familiar en Espa?a. En el 50% de los casos el menor mejor¨® en el contexto escolar; en el 48% la evoluci¨®n en la conducta fue efectiva y en el 70% se produjo un progreso notable de la salud. La valoraci¨®n global del acogimiento fue "exitoso" en el 56% de los casos estudiados. S¨®lo en el 9% se registraron problemas. Unos datos que demuestran que una familia es el mejor entorno para la evoluci¨®n del ni?o desprotegido o desamparado. "Estoy trabajando en el caso de un ni?o que entr¨® en un centro con un a?o y acaba de cumplir ocho en otro centro. Y seguir¨¢ cumpliendo a?os de centro en centro. Su estado psicol¨®gico es cualquier cosa menos envidiable", comenta Palacios a t¨ªtulo de ejemplo.

Frente al caso de Palacios est¨¢ el de Edurne (nombre ficticio), de 48 a?os y residente en San Sebasti¨¢n. Vive en pareja y tiene tres hijos, de 19, 16 y 12 a?os. En enero del pasado a?o se inscribi¨® en el programa de acogimiento profesional de la Diputaci¨®n Foral. Estudi¨® para trabajadora social y quer¨ªa reincorporarse a la vida laboral. Desde entonces acoge a un muchacho de ocho a?os que se ha integrado por completo a la familia. "Antes necesitaba un acompa?amiento permanente en la ikastola, ahora ya no. Su mejora en la escuela ha sido notable", comenta. "El primer a?o es muy dif¨ªcil porque la convivencia es complicada, pero ahora nos hemos ido una semana de vacaciones todos juntos y nos lo hemos pasado muy bien. Hay que buscar situaciones de encuentro relajadas para que los ni?os puedan conocerse", agrega.

?Lo recomendar¨ªas? "Por supuesto que s¨ª. Se lo he comentado a mi entorno, pero muchos anteponen los propios miedos a la separaci¨®n. Yo no me planteo ni pienso en el d¨ªa que se vaya, porque durante el tiempo de convivencia recibes de ¨¦l muchas cosas buenas y compensa con creces todos los miedos. Con nuestros propios hijos no nos planteamos el d¨ªa que abandonen casa".

Edurne, por su trabajo, recibe un sueldo similar al de un educador que trabaje en un centro oficial o concertado. La Diputaci¨®n se?ala que el sueldo es de cerca de 2.000 euros brutos mensuales m¨¢s 1.238 euros de manutenci¨®n y gastos. La Junta de Andaluc¨ªa paga, por ejemplo, unos 700 euros mensuales m¨¢s otros gastos variables. Y la Generalitat de Catalu?a, que va a empezar una prueba piloto, pagar¨¢ 43.000 euros anuales, m¨¢s 400 euros mensuales por ni?o y 12.000 euros para otros gastos en caso de que deban realizarse reformas en el domicilio para atender al menor discapacitado. En Castilla y Le¨®n, las familias con ni?os con problemas de conducta o graves discapacidades perciben hasta 58 euros al d¨ªa.

Aunque la n¨®mina, en ocasiones, puede resultar atractiva, nadie -ni Administraci¨®n ni expertos- cree que esta forma de acogimiento acabe derivando en un negocio lucrativo. Primero, el ¨ªnfimo n¨²mero de familias inscritas lo evidencia. Segundo, porque es un programa destinado a ni?os que requieren una atenci¨®n profesional y personalizada, con problemas o disfunciones ps¨ªquicas, f¨ªsicas o sensoriales, y adolescentes con trastornos de conducta. "Te aseguro que con la mochila que llevan estos ni?os una familia inexperta no aguanta el embate de la primera semana", sostiene Fern¨¢ndez del Valle. La misma opini¨®n comparte Javier Mart¨ªnez, de la organizaci¨®n no gubernamental Unsac, con quien colabora la Diputaci¨®n Foral de Guip¨²zcoa: "En muchos casos no son chicos especiales de por s¨ª, sino que las circunstancias de la vida los ha hecho especiales. Y tienen que cargar con esta mochila".

Edurne confiesa que la ayuda de Unsac ha sido determinante en d¨ªas de crisis para poder seguir adelante. Y ¨¦se es un apoyo que los expertos consultados consideran imprescindible para evitar que la integraci¨®n en una familia profesional acabe como el rosario de la aurora. Todos los acogimientos familiares disponen de un grupo de asesores, pero en el profesionalizado deben tomarse todas las cautelas. Andaluc¨ªa y Guip¨²zcoa lo hacen con entidades colaboradoras, a quienes se informa constantemente sobre la evoluci¨®n del menor, realizan terapias de grupo con otros acogedores y disponen adem¨¢s de un tel¨¦fono 24 horas para casos de urgencia.

Quien piense en esta f¨®rmula de acogimiento para acabar adoptando al ni?o, que lo descarte. La mayor¨ªa de las comunidades lo proh¨ªben. Y que vaya haci¨¦ndose a la idea de que la estancia del ni?o en casa pueda prolongarse, incluso hasta la mayor¨ªa de edad del adolescente, por mucho que algunos expertos lo desaconsejen. Lo ideal es que los menores regresen a su familia biol¨®gica, pero eso ocurre en un m¨ªnimo porcentaje. Despu¨¦s est¨¢n las adopciones, pero pocas familias aceptan a ni?os discapacitados o adolescentes. En 2008, la Generalitat de Catalu?a realiz¨® s¨®lo una adopci¨®n de un ni?o mayor de ocho a?os. Y eso que tiene la tutela de 7.673 ni?os. Por el contrario, 500 familias canarias se han inscrito este a?o en la bolsa de familias de acogida tras una campa?a de la comunidad.