Aguirre desmantela el entramado sospechoso de realizar espionajes

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha realizado una remodelaci¨®n de su direcci¨®n de seguridad que, en la pr¨¢ctica, supone la liquidaci¨®n de los distintos servicios secretos paralelos, algunos de ellos vinculados a los casos de espionaje, que conviv¨ªan en el seno de la Consejer¨ªa de Interior, dirigida por Francisco Granados. De entrada, el ex director general de Seguridad Sergio Gam¨®n -destituido tras la requisa de un ordenador en un despacho oficial de la Consejer¨ªa de Justicia-, m¨¢ximo responsable de los funcionarios sospechosos del espionaje al ex consejero de Justicia Alfredo Prada y al vicealcalde madrile?o Manuel Cobo, estar¨¢, por fin, a las ¨®rdenes directas de su sucesor, Enrique Bar¨®n.

En la Consejer¨ªa de Interior coexistieron tres servicios secretos paralelos

Gam¨®n pierde la total autonom¨ªa que hasta ahora hab¨ªa disfrutado. Precisamente porque Bar¨®n recelaba de ¨¦l y de las actividades de su cohorte de ex guardias civiles, ex polic¨ªas y t¨¦cnicos de la Comunidad, Bar¨®n nunca quiso controlarlo. Marcos Pe?a, que dirig¨ªa otro servicio paralelo para informar al consejero, seguir¨¢ como asesor directo de Granados. Una portavoz de la Consejer¨ªa de Interior no supo anoche precisar el destino de la media docena de ex polic¨ªas y ex guardias civiles que fueron fichados como asesores y acabaron nutriendo los equipos especiales de Gam¨®n o Pe?a.

En cualquier caso, parece claro que a Jos¨¦ Manuel Pinto o a Jos¨¦ Palomo, funcionarios de la consejer¨ªa de Granados investigados por el presunto espionaje a Cobo y a Prada, al igual que a la media docena de ex agentes de Interior citados, se les acabaron las "avanzadas", reconocimiento de lugares donde va a participar en un acto un alto cargo, o "contravigilancias", controlar los agujeros en los servicios de escolta. Es decir, vigilaba al protegido y al escolta para ver si alguien les segu¨ªa. Bajo estos eufemismos, en ocasiones se encubr¨ªan tareas de dudosa legalidad. Porque, de entrada, las contravigilancias y la labor de protecci¨®n o escolta son tareas ajenas a la Comunidad.

M¨¢s ajenos todav¨ªa son los espionajes a altos cargos o las fotograf¨ªas a sindicalistas. Esas labores, pero ce?idas a su exclusivo fin legal, pasar¨¢n a ser desarrolladas en exclusiva por la unidad de 80 polic¨ªas nacionales que se incorporar¨¢ a la consejer¨ªa despu¨¦s del verano.

Granados asegur¨®, informa Beatriz Jim¨¦nez, que con la medida se pretenden evitar las "duplicidades" en tales labores que hab¨ªa criticado la oposici¨®n. De este modo, el consejero de Interior viene a dar la raz¨®n a la oposici¨®n: sus funcionarios estaban realizando tareas que son competencia del Ministerio de Interior.

Una unidad de la Guardia Civil, por su lado, se encargar¨¢ de vigilar los edificios. Ambas unidades, con mandos del cuerpo propios, depender¨¢n funcionalmente de la Comunidad de Madrid, aunque sigan vinculadas org¨¢nicamente y salarialmente al Ministerio del Interior.

El medio centenar de funcionarios hist¨®ricos de la direcci¨®n de Seguridad se ocupar¨¢ de controlar que la vigilancia privada contratada por la Comunidad de Madrid cumple con los requisitos pactados. En frase de Francisco Granados, "todas las competencias en materia de seguridad pasan a depender del director general, de modo que no habr¨¢ ninguna actividad de seguridad que no dependa del director general". Le¨ªdo al rev¨¦s: hasta ahora hab¨ªa tareas que, parad¨®jicamente, no controlaba el actual director de seguridad, Enrique Bar¨®n, ex jefe superior de polic¨ªa Madrid.

Enrique Bar¨®n ha tardado un a?o en hacerse con el control de unos mandos y unos equipos policiales cuyo descontrol denunci¨® nada m¨¢s llegar al puesto.

Ahora, todos los ex agentes o funcionarios sospechosos del espionaje, mandos incluidos, pasan a depender de ¨¦l. S¨®lo Marcos Pe?a, ex inspector de polic¨ªa que continuar¨¢ como asesor de Granados, al que confiesa informar de cuanto asunto juzga relevante, quedar¨¢ fuera de su ¨¢mbito competencial.