Regalos

La se?ora alcaldesa de Valencia, do?a Rita Barber¨¢, ha dicho que todos los pol¨ªticos reciben regalos y que sospecha, imagina, que los que reciben el presidente del Gobierno y los ministros son m¨¢s grandes que los que reciben los alcaldes y los concejales.

Con todos los respetos a la se?ora alcaldesa, es razonable, y hasta exigible, expresar la m¨¢s clara discrepancia ante semejantes formulaciones. Ni la afirmaci¨®n gen¨¦rica relativa a la clase pol¨ªtica en bloque, ni la sospecha o imaginaci¨®n espec¨ªficamente dirigida contra el Gobierno de Espa?a y su presidente, pueden ser compartidas por cualquier persona amante de la ecuanimidad, la objetividad y la l¨®gica m¨¢s elemental. Hay criterios de experiencia, hay datos estad¨ªsticos y hay convicciones ¨¦ticas de los que cabe deducir que semejantes proposiciones infamantes son desacertadas.

En Catalu?a hemos tenido experiencias de sospechas de incorrecci¨®n en la funci¨®n p¨²blica, la ¨²ltima, la del 3%

Nuestro C¨®digo Penal recoge una vieja tradici¨®n de rigor en la exigencia de correcci¨®n ¨¦tica a los mandatarios p¨²blicos. As¨ª, castiga los delitos de cohecho, entre los delitos contra la Administraci¨®n p¨²blica cometidos por las autoridades o funcionarios p¨²blicos. Se castiga a quien solicite u ofrezca d¨¢divas o presentes, o haga ofrecimientos o promesas, es decir, sobornos, para realizar actos en el ejercicio del cargo p¨²blico, o por dejar de realizarlos, cuando de ello se derive la comisi¨®n de un delito, o de otro acto injusto aunque no sea delito, o incluso aunque no sea injusto. Se castiga hasta el mero hecho de admitir una d¨¢diva o regalo ofrecido en consideraci¨®n a la funci¨®n p¨²blica del receptor.

Podemos afirmar que nuestra legislaci¨®n penal recoge una tradici¨®n de severidad para con la pulcritud ¨¦tica de los funcionarios p¨²blicos, y por tanto para con los pol¨ªticos que ejercen esas funciones. Es posible que esta exigencia no se corresponda con una percepci¨®n social preocupantemente creciente, razonablemente desconfiada, suspicaz.

Hasta tal punto esta exigencia o anhelo social es consistente que, m¨¢s all¨¢ del derecho penal, la diafanidad del comportamiento de los cargos p¨²blicos merece toda clase de garant¨ªas y prioridades. La Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen dice expresamente que el derecho a la propia imagen no impide su captaci¨®n y reproducci¨®n cuando se trate de personas que ejerzan un cargo p¨²blico... y la imagen se capte durante un acto p¨²blico o en lugares abiertos al p¨²blico. Lo de abierto al p¨²blico es siempre relativo. Es distinto a local al aire libre. Por ejemplo, el palacio de Berlusconi, seg¨²n dicen, es de notable actividad de profesionales p¨²blicas, sin funci¨®n institucional. Y m¨¢s modesta y recatadamente, los despachos oficiales parece que dejan de serlo cuando en ellos el sastre toma las medidas de la pernera.

El Tribunal Supremo ha llegado a sentenciar que en los personajes p¨²blicos el derecho al honor disminuye, la intimidad se diluye y el derecho a la protecci¨®n de la propia imagen se excluye. Y todo para priorizar el derecho a la informaci¨®n, que constituye la garant¨ªa b¨¢sica del control social y democr¨¢tico de la actividad p¨²blica, pol¨ªtica.

En Catalu?a hemos tenido experiencias de sospechas de incorrecci¨®n en la funci¨®n p¨²blica. La ¨²ltima que quiero recordar fue cuando, nunca sabremos si por impulso o con premeditaci¨®n, un hidalgo de la pol¨ªtica espet¨® lo del 3%.

De aquellos polvos vinieron estos lodos. Con las naturales lentitudes, contradicciones, limitaciones e ilusiones, naci¨® la Oficina Antifraude de Catalu?a (OAC). Es una evidencia, modesta, de que la pulcritud ¨¦tica de la funci¨®n p¨²blica necesita una instituci¨®n de control preventivo, con capacidad de vigilancia, informaci¨®n, formaci¨®n y denuncia pol¨ªtica, institucional y, en su caso, judicial.

El camino correcto frente a la lenidad, o a la desmoralizaci¨®n, es el de la prevenci¨®n y autocorrecci¨®n de las administraciones p¨²blicas, y en ¨²ltima instancia la represi¨®n de los comportamientos punibles. El camino incorrecto es el de do?a Rita, es decir, el camino de la negaci¨®n de los hechos, de su posterior imputaci¨®n indiscriminada, y su simult¨¢nea banalizaci¨®n. Alguien podr¨ªa pensar que la Vuitton cree que todos son de su condici¨®n.