La crisis reaviva la batalla del alquiler

La Constituci¨®n reconoce el derecho de todos los espa?oles a disponer de una vivienda digna. ?Ello implica que sea en propiedad? ?se es el recurrente debate de los ¨²ltimos a?os en la sociedad vasca, sobre todo, a medida que las viviendas de protecci¨®n oficial (VPO) se han convertido para buena parte de la poblaci¨®n en la ¨²nica posibilidad de acceder al mercado inmobiliario a medida que ha ido avanzando la crisis econ¨®mica. Euskadi es la comunidad donde m¨¢s pisos protegidos se construyen (el 40% del total de las casas que se edifican), y el hecho de que la mayor parte se entregue en propiedad despierta recelos y no parece el criterio socialmente m¨¢s justo.

El debate sobre si las promociones p¨²blicas deben ser ¨ªntegramente en r¨¦gimen de alquiler o no volver¨¢ al Parlamento con el nuevo periodo de sesiones tras las vacaciones estivales. UPyD ha presentado una proposici¨®n no de ley en la que insta al Gobierno a que todos los pisos protegidos sean en alquiler y se dediquen a los j¨®venes y a los ciudadanos con menos recursos. A ello a?ade que sean revisables temporalmente, es decir, que la Administraci¨®n revise el nivel de ingresos de los inquilinos de forma peri¨®dica y les suba la renta si sus recursos econ¨®micos han aumentado.

El Ararteko y el Consejo de la Juventud apuestan por el arrendamiento

El Gobierno se fija como objetivo llegar al 40% de la vivienda en alquiler

El parlamentario de UPyD Gorka Maneiro justifica su propuesta porque en muchas ocasiones "las circunstancias econ¨®micas y familiares" de las personas que han conseguido un piso protegido en propiedad en un sorteo "cambian a los pocos meses o a?os, produci¨¦ndose situaciones de verdadera injusticia social, donde los propietarios han dejado de pertenecer a la parte m¨¢s d¨¦bil de la sociedad y ahora tienen recursos suficientes".

El caso protagonizado el pasado junio por la parlamentaria del PNV Garbi?e S¨¢ez, a quien le correspondi¨® en un sorteo un piso protegido en Amurrio pese a que su sueldo actual supera los 67.000 euros anuales, m¨¢s del doble de los ingresos m¨¢ximos fijados para optar a ¨¦l, sac¨® a la luz las disfunciones del sistema de adjudicaci¨®n. Cuando la parlamentaria peneuvista se present¨® al sorteo no cobraba ese sueldo. S¨¢ez renunci¨® finalmente a la vivienda.

Un cambio en la estrategia administrativa, entregando todos los pisos en alquiler y revisando las rentas de forma anual evitar¨ªa estas situaciones. Eso es lo que cree Maneiro, cuya iniciativa respaldan Aralar y EB.

El objetivo del Gobierno vasco pasa por construir 40.000 pisos protegidos hasta 2013, de los cuales 16.000 ser¨ªan en alquiler, es decir, un 40%. Ese porcentaje mejorar¨ªa el que ha registrado Ezker Batua, que en los ¨²ltimos ocho a?os ha dirigido la cartera de Vivienda. El actual titular de esta consejer¨ªa, I?aki Arriola, considera que construir el 100% de pisos para alquiler resulta insostenible en la coyuntura actual, ya que la Administraci¨®n no dispone de recursos suficientes como para mantener ese parque sin recibir los ingresos que hasta ahora obtiene por la venta en propiedad de la VPO.

Por eso, el PSE ha planteado una enmienda de totalidad a la iniciativa de UPyD. Jes¨²s Loza, parlamentario socialista responsable en su grupo de cuestiones relacionadas con la vivienda, postula que el Ejecutivo "incremente progresivamente" en sus promociones el porcentaje de pisos destinados al alquiler. Y aboga porque el Gobierno negocie con todos los agentes implicados un gran pacto "en el que figure de manera central" la apuesta por el alquiler protegido, "siempre dentro de par¨¢metros de sostenibilidad, tanto medioambiental como econ¨®mica".

Diferentes instituciones, desde el Ararteko hasta el Consejo de la Juventud de Euskadi recuerdan a la Administraci¨®n que el derecho a una vivienda digna no equivale a ser propietario.