Cajastur tiene 2.500 millones de mora cubierta en CCM
PP, IU y sindicatos, en contra de que la caja se quede dentro de un banco
Según el libro de venta de Caja Castilla La Mancha, la aportación del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de las cajas era de 500 millones. Sin embargo, era público en el sector que esta cantidad no era suficiente para afrontar con tranquilidad los riesgos de la caja castellanomanchega. Pese a ello y según fuentes financieras, Cajastur tendrá una especie de cobertura de morosidad futura por importe máximo de 2.500 millones de euros. El objetivo es dar solvencia a la nueva entidad fusionada que nace ahora.
Según las mismas fuentes, el FGD se ha comprometido a cubrir los créditos irrecuperables hasta el importe citado. La operativa se llama Esquema de Protección de Activos y se ha utilizado en la compra de bancos quebrados en Estados Unidos. Este dinero no cubrirá las posibles pérdidas por el Aeropuerto de Ciudad Real ni otras participaciones de la Corporación Industrial, sino por el negocio financiero.
Además, Cajastur ha recibido 900 millones en capital (con cuotas participativas) y otros 400 millones tras emitir participaciones preferentes que ha comprado el FGD.
El esquema de la operación es complejo ya que los activos de CCM (oficinas y créditos) pasan a un banco aunque mantengan su nombre comercial, y la caja no tendrá ningún tipo de actividad financiera, ni créditos ni depósitos. Sus activos serán el 25% del Banco Liberta, la filial de Cajastur que compra la caja, y los bienes de la Corporación Industrial.
Con el beneficio que obtenga vendiendo o gestionando estos activos industriales y los dividendos del Banco Liberta, deberá pagar la obra social. Si no llegara a una cantidad razonable, se entiende que colaboraría el grupo Cajastur. CCM tendrá una fundación para gestionar la obra social. Al no haber impositores, deberán cambiar los estatutos de la entidad para elegir representantes.
Fuentes bancarias destacaban ayer la contradicción que supone que para hacer una fusión de cajas se haya tenido que utilizar la forma jurídica de un banco. "Es una demostración de que la forma jurídica de las cajas y gobierno corporativo, con presencia politica, no es flexible", dice un ejecutivo bancario. Incluso se podría dar la circunstancia de que el Banco Liberta fuera vendido o sacado a Bolsa.
Por otro lado, el PP, Izquierda Unida y los sindicatos mostraron sus recelos a la operación porque creían que podía ser una forma de privatizar la entidad. El PP, el más duro, dijo que podía haber fraude de ley.
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