La UE da v¨ªa libre al corte de Internet sin pasar por el juez

El acceso a Internet podr¨¢ ser restringido sin necesidad de una orden judicial previa de acuerdo con la legislaci¨®n que decida libremente cada Estado, con medidas "apropiadas, proporcionadas y necesarias" aunque se salvaguarda el derecho de los internautas a una "revisi¨®n judicial efectiva y oportuna". ?ste es el texto de consenso que sali¨® ayer de Bruselas para la regulaci¨®n de Internet, que permanec¨ªa bloqueada desde que el Parlamento Europeo introdujera en mayo una enmienda que prohib¨ªa expresamente cualquier corte de conexi¨®n sin la intervenci¨®n judicial.

El acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros, a trav¨¦s de la llamada comisi¨®n de conciliaci¨®n, deja libertad a los Estados para la regulaci¨®n del acceso a Internet pero supone un espaldarazo para pa¨ªses que, como Francia o Reino Unido, han introducido una legislaci¨®n restrictiva mediante un sistema de avisos y posterior corte de conexi¨®n para aquellos internautas que realicen descargas de archivos protegidos por derechos de autor.

El texto salvaguarda el derecho del internauta a una revisi¨®n judicial

EE UU promueve un acuerdo internacional contra el 'pirateo'

La trasposici¨®n de la nueva norma europea no supondr¨¢ ning¨²n cambio sustancial para Espa?a, que no cuenta con ninguna legislaci¨®n espec¨ªfica sobre esta materia, considera legales las descargas y supedita cualquier interrupci¨®n del servicio a una decisi¨®n judicial previa.

El acuerdo alcanzado por unanimidad en Bruselas deja contentas a todas las partes, tanto a los que son favorables a una normativa que permita la persecuci¨®n de la llamada "pirater¨ªa cultural" que denuncia la industria audiovisual, como a los defensores de las garant¨ªas de los internautas y de la libertad en la Red, encabezados por Los Verdes y el Partido Pirata, que tambi¨¦n sellaron el pacto.

Esa unanimidad en el seno de las instituciones europeas se ha conseguido gracias a la deliberada ambig¨¹edad con la que ha sido redactado el texto que, tras recordar que las medidas de restricci¨®n s¨®lo pueden ser tomadas "con el debido respeto al principio de presunci¨®n de inocencia y al derecho a la privacidad", apunta a que debe ser garantizado por un "procedimiento previo justo e imparcial", aunque no aclara si la naturaleza de ese procedimiento es administrativo o judicial. El texto elimina el control de los jueces "a priori", tal y como sosten¨ªa la enmienda aprobada en mayo y lo sustituye por un vago "derecho a una revisi¨®n judicial efectiva".

Unos y otros han tratado de justificar este giro en que el deseo parlamentario chocaba con la legislaci¨®n comunitaria porque implicaba una armonizaci¨®n de los sistemas judiciales en la que la Euroc¨¢mara no puede entrar. "Si la enmienda hubiese sido admitida, el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo podr¨ªa haber anulado la directiva", reconoc¨ªa ayer el propio Parlamento. En la misma l¨ªnea se pronunciaba Alejo Vidal-Quadras, jefe de la misi¨®n negociadora parlamentaria.

La Comisi¨®n celebr¨® el acuerdo como un ¨¦xito. La comisaria responsable de Telecomunicaciones, Viviane Reding, interpretaba que "las leyes de tres avisos no se convertir¨¢n en parte de la legislaci¨®n europea". El portavoz Martin Selmayr se remont¨® a la Revoluci¨®n Francesa para decir que el blindaje de garant¨ªas pactado era heredero de la Declaraci¨®n Universal de los Derechos Humanos de 1791. "S¨®lo en situaciones de urgencia", como pederastia o terrorismo, se podr¨¢ prescindir de la garant¨ªa judicial previa.

El texto est¨¢ incluido en una completa reforma de la regulaci¨®n de las telecomunicaciones, conocida como Paquete Telecom, que incluyen tambi¨¦n medidas de protecci¨®n de la neutralidad de la Red para impedir que los operadores discriminen entre varios tipos de transmisi¨®n de datos en Internet, como voz o descargas a trav¨¦s del P2P, aunque vuelve a dejar libertad a los Estados para su regulaci¨®n.

El acuerdo debe ser ratificado por el pleno de la Euroc¨¢mara entre el 23 y el 26 de noviembre y por los ministros de Telecomunicaciones. Los pa¨ªses de la UE tendr¨¢n entonces 18 meses para incorporarlo a sus legislaciones nacionales.

Pero los malos vientos contra las descargas no s¨®lo vienen de Bruselas. Estados Unidos promueve un acuerdo internacional (ACTA) para permitir a los propietarios de derechos de autor, como discogr¨¢ficas o productoras, perseguir a los proveedores de Internet por permitir a sus clientes el intercambio de archivos protegidos. En las negociaciones est¨¢n tambi¨¦n Jap¨®n, Canad¨¢, Corea del Sur y la propia UE, seg¨²n informa Reuters.