Reformando el mundo local

A nuestro mundo local se le acumulan las reformas pendientes. Tanto en el terreno financiero, como en el territorial y el institucional aparecen disfuncionalidades y problemas cuya soluci¨®n incrementar¨ªa de forma significativa el bienestar de muchos gallegos. Vayamos por partes.

Los ayuntamientos de Galicia son, en conjunto y con diferencia, los que someten a una menor presi¨®n fiscal a sus ciudadanos. Salvo los siete municipios m¨¢s poblados y alg¨²n otro caso excepcional, los tipos impositivos del impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre circulaci¨®n de veh¨ªculos o las tasas y precios p¨²blicos se sit¨²an muy pr¨®ximos al m¨ªnimo que establece la ley. Las consecuencias directas son la insuficiencia financiera cr¨®nica, la dependencia extrema de otras administraciones y la baja calidad de los servicios p¨²blicos locales.

La Administraci¨®n gallega es la m¨¢s generosa de Espa?a con sus municipios No es razonable que ayuntamientos peque?os tengan servicios separados

Claramente, los ayuntamientos gallegos necesitan incrementar sus recursos m¨¢s que el resto de los municipios espa?oles. Y aqu¨ª caben dos soluciones: incrementar las transferencias que se realizan desde la Xunta o elevar los tributos locales. Los ayuntamientos prefieren la primera v¨ªa. Es comprensible, pero no del todo razonable. Porque las investigaciones disponibles demuestran que, dejando a un lado los reg¨ªmenes fiscales de car¨¢cter especial de Pa¨ªs Vasco, Navarra y Canarias, la administraci¨®n gallega es, con diferencia, la m¨¢s generosa en sus transferencias incondicionales a las entidades locales. Por eso, la revisi¨®n en curso del Fondo de Cooperaci¨®n Local deber¨ªa aprovecharse no s¨®lo para incrementar el peso de la dispersi¨®n como criterio de reparto, sino para discutir de una vez y en serio la forma de medir el esfuerzo fiscal municipal, para convertir esta dimensi¨®n en un criterio principal de reparto, al menos de forma transitoria. Las corporaciones locales que est¨¦n dispuestas a normalizar sus par¨¢metros fiscales deben recibir comparativamente m¨¢s recursos. Es una forma de incentivar que los alcaldes asuman el coste pol¨ªtico de las subidas de tipos.

Una segunda l¨ªnea en la que deber¨ªamos ver avances m¨¢s r¨¢pidos es en la estructura territorial. Las directrices de ordenaci¨®n del territorio deber¨ªan ser la percha en la que se colgasen todos los proyectos supramunicipales. En este sentido, la experiencia espa?ola demuestra que las ¨¢reas metropolitanas entendidas como un nuevo ente administrativo, con su propia infraestructura y organigrama, no funcionan. Los temores de los alcaldes de los municipios perif¨¦ricos a perder peso pol¨ªtico respecto al alcalde del ayuntamiento central paralizan su funcionamiento y avance. Al contrario, la definici¨®n de espacios supramunicipales que la Xunta utilice como referencia en su planificaci¨®n, y en los que se produzcan acuerdos voluntarios de geometr¨ªa variable y alcance limitado, son una soluci¨®n pragm¨¢tica m¨¢s operativa. Un ejemplo de esto, todav¨ªa en desarrollo, son los consorcios sectoriales para el transporte p¨²blico metropolitano al que se adhieren voluntariamente los municipios, con una Xunta que pone recursos financieros y sentido global.

Finalmente, creo que es positivo que la Xunta impulse un debate sobre la posible fusi¨®n de municipios. Desde luego, esta no es una soluci¨®n generalizable, pero s¨ª muy razonable para los ayuntamientos m¨¢s peque?os que, no por casualidad, coinciden con los menos din¨¢micos tanto desde el punto de vista demogr¨¢fico como econ¨®mico. Junto a esa soluci¨®n, creo que tambi¨¦n deber¨ªan potenciarse las fusiones virtuales de concellos, al menos en lo que se refiere a la prestaci¨®n de algunos servicios.

El apoyo de la Xunta a trav¨¦s de convenios deber¨ªa condicionarse no s¨®lo a que se persiga un fin de inter¨¦s para la Administraci¨®n auton¨®mica (y no ¨²nicamente para los municipios), sino a que se alcancen masas cr¨ªticas m¨ªnimas. Es razonable que un municipio de 30.000 habitantes tenga piscina propia. Pero no lo es que tres municipios lim¨ªtrofes que no llegan a los 10.000 habitantes entre los tres, pretendan tener infraestructuras y servicios separados. Sobre todo porque luego esos servicios los acabamos pagando entre todos los contribuyentes gallegos, reduciendo en consecuencia el dinero p¨²blico disponible para nuestros hospitales, universidades o residencias para la tercera edad.