La juez insiste a Telef¨®nica en busca de datos sobre el espionaje a Cobo
La polic¨ªa espera desde mayo que se haga una prueba pericial a un sospechoso
La lenta instrucci¨®n judicial del presunto espionaje realizado por agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid a Manuel Cobo, vicealcalde de la capital, y Alfredo Prada, ex vicepresidente y ex consejero de Justicia, sus rivales pol¨ªticos -destapado por este diario en enero de 2009 y denunciado entonces por sus v¨ªctimas- est¨¢ en v¨ªas de cobrar un impulso. La juez del caso, Carmen Valcarce, ha reiterado a Telef¨®nica su orden de que le entregue, salvo que las haya destruido, las ubicaciones de las llamadas de m¨®vil de los ocho agentes sospechosos en abril de 2008, el mes en el que Manuel Cobo fue supuestamente seguido.
Telef¨®nica ya facilit¨® los posicionamientos de mayo de 2008 que probaban el continuo seguimiento de tres ex guardias civiles, asesores del consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, al entonces consejero Alfredo Prada. De la misma manera, la nueva remesa de posicionamientos que pide la juez podr¨ªa acreditar si fue sometido a marcaje, el mes precedente, el vicealcalde madrile?o, Manuel Cobo, tal y como reflejaban los partes del espionaje difundidos por este diario y que denunci¨® el propio afectado.
Las posiciones de los m¨®viles de abril de 2008 probar¨ªan los seguimientos
La compa?¨ªa deber¨¢ explicar si destruy¨® o conserva la informaci¨®n exigida
En julio de 2009 Telef¨®nica ya entreg¨® a la juez las ubicaciones de los m¨®viles de mayo de 2008, pero le neg¨® las del mes previo bajo el argumento de que legalmente s¨®lo deb¨ªa conservarlos un a?o. Pero tanto la fiscal como el letrado de Cobo argumentaron que eso no significaba que Telef¨®nica los hubiera destruido y, por ello, solicitaron a la juez que reiterase su petici¨®n, orden que finalmente ha renovado. Fuentes de Telef¨®nica indican que la ley fija la conservaci¨®n durante un a?o de tales datos y, para evitar acumulaciones, suelen destruirse con posterioridad.
La anterior remesa de posicionamientos telef¨®nicos sirvi¨® para que los tres ex guardias civiles que aparec¨ªan noche y d¨ªa como sombra de Prada confesaran a la juez -tras desmentirlo durante meses- que lo siguieron durante semanas por orden del entonces director general de Seguridad, Sergio Gam¨®n (aunque dijeron que lo hac¨ªan para protegerlo, no para espiarlo). Gam¨®n desacredit¨® esa versi¨®n al testificar. Los cuatro est¨¢n imputados por un delito de malversaci¨®n y permanecen como asesores del Gobierno de Aguirre.
Al margen de esta prueba, la juez a¨²n no ha aceptado pedir otra de igual o mayor calado que le solicit¨® la polic¨ªa en mayo de 2009: una pericial caligr¨¢fica al funcionario de la Consejer¨ªa de Interior Jos¨¦ Manuel Pinto, identificado por dos peritos cal¨ªgrafos, en un informe encargado por este diario, como el autor de las notas manuscritas que aparec¨ªan en los partes del seguimiento en 2008 a Prada y Cobo.
Dicha prueba es juzgada como determinante por los investigadores policiales y las v¨ªctimas del espionaje. De ser confirmada su autor¨ªa, Pinto vincular¨ªa los partes del espionaje con el seguimiento ya confesado por tres asesores de Granados. Este veterano agente podr¨ªa explicar qui¨¦n recibi¨® telef¨®nicamente los datos de los veh¨ªculos -matr¨ªculas y propietarios- que fueron anotados a mano en los partes porque despertaron el inter¨¦s de sus compa?eros de consejer¨ªa que, a pie de calle, vigilaban cuantos contactos p¨²blicos o privados manten¨ªan Prada o Cobo en su actividad diaria. Tambi¨¦n podr¨ªa explicar qui¨¦n confeccion¨® a m¨¢quina u ordenador tales partes de espionaje.
Su interrogatorio es, a juicio de las v¨ªctimas, pieza clave de una investigaci¨®n judicial que ya ha logrado dos pruebas fundamentales. En primer lugar, los posicionamientos de los m¨®viles de tres asesores de Granados en mayo de 2008 han evidenciado su total coincidencia horaria y geogr¨¢fica con los partes del seguimiento a Prada; y, en segundo lugar, los tres agentes imputados han reconocido que durante semanas, en contra de su declaraci¨®n inicial ante la polic¨ªa, estuvieron siguiendo minuto a minuto al entonces consejero de Justicia. Pinto ser¨ªa decisivo para confirmar si los tres ex guardias civiles espiaron a Prada por cuenta propia o cumpl¨ªan ¨®rdenes de Sergio Gam¨®n.
Los ex guardias civiles ya declararon ante la juez que compartieron tal dispositivo de vigilancia con tres ex polic¨ªas, tambi¨¦n empleados en la consejer¨ªa como asesores, que a¨²n no han sido interrogados. La juez ya ha tomado pruebas de escritura a los tres ex guardias civiles y a Gam¨®n, a los que nadie vinculaba con las notas manuscritas.
La polic¨ªa ha sugerido ya en un informe que con las pruebas recabadas a los tres ex guardias y a Gam¨®n no puede llegar a ninguna conclusi¨®n, ya que precisa m¨¢s pruebas de su escritura.
El interrogatorio a Pinto y su peritaje tienen un valor especial para una de las v¨ªctimas colaterales del espionaje: la diputada auton¨®mica popular Carmen Rodr¨ªguez Flores. Su nombre y la matr¨ªcula del coche de dicha parlamentaria apareci¨® manuscrito en un parte que narra el marcaje hecho a Prada el 26 de mayo de 2008, tras producirse una entrevista entre ambos.
La diputada, despu¨¦s de difundirse ese dato, vendi¨® su coche por sentir su seguridad en peligro y pidi¨® explicaciones a Aguirre. La juez le impidi¨® personarse como acusaci¨®n en agosto pasado. Fue preciso un recurso de Rodr¨ªguez Flores apoyado por la fiscal¨ªa para que, finalmente, la juez consintiera su personaci¨®n. El Partido Popular est¨¢ personado en esta causa desde que lo solicit¨®.
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