Absurda sentencia

Un juez de Madrid ha condenado a Daniel Anido y Rodolfo Irago, director y jefe de Informativos, respectivamente, de la cadena SER (propiedad del grupo PRISA, editor de EL PA?S), a sendas penas de un a?o y nueve meses de prisi¨®n, inhabilitaci¨®n para el ejercicio del periodismo, seis meses de multa de 100 euros diarios y una indemnizaci¨®n de 125.000 euros por haber revelado la afiliaci¨®n pol¨ªtica de 78 militantes del PP de Villaviciosa de Od¨®n (Madrid), en una informaci¨®n sobre presuntas afiliaciones irregulares a dicho partido en fechas previas a las elecciones auton¨®micas de 2003, que concluyeron en el esc¨¢ndalo del llamado tamayazo.

La sentencia es, probablemente, la primera que condena a periodistas por un delito de revelaci¨®n de secretos en el ejercicio de su profesi¨®n; y que considera secreta la afiliaci¨®n a un partido. Los argumentos del juez, referidos al car¨¢cter ultraprotegible del dato de afiliaci¨®n partidista, son desfasados. El mensaje que transmite, acorde con el concepto que de su militancia en el PP tienen los querellantes, es que esta opci¨®n ciudadana que, seg¨²n la Ley de Partidos de 2003, es "libre y voluntaria", debe permanecer oculta al resto de ciudadanos.

Que la afiliaci¨®n partidista sea un dato que deba quedar a la sola disposici¨®n del interesado, como un dato personal de igual entidad que su ideolog¨ªa, religi¨®n, condici¨®n sexual, se compadece mal con la naturaleza y la funci¨®n de los partidos. No s¨®lo parece l¨®gica la identificaci¨®n p¨²blica de los promotores y dirigentes de un partido, sino que nada deber¨ªa contraindicar el conocimiento de sus afiliados: la pertenencia a un partido no es algo de lo que avergonzarse, ni tampoco un dato estrictamente ideol¨®gico, ya que los partidos se definen hoy m¨¢s por sus programas que por sus ideas.

?C¨®mo no va a haber corrupci¨®n y enjuagues en los partidos si se pretende proteger penalmente hasta el nombre de sus militantes? Precisamente era un caso de corrupci¨®n en el PP de Villaviciosa de Od¨®n lo que intentaban esclarecer los periodistas condenados: afiliaciones irregulares masivas de vecinos con vistas a las elecciones, entre ellos los constructores Bravo y V¨¢zquez, relacionados despu¨¦s con el tamayazo que impidi¨® un Gobierno de izquierdas en Madrid.

El juez reconoce esa actuaci¨®n profesional, pero la considera incompleta para rebajar la pena. Entiende que no era imprescindible publicar esos datos, pasando por alto que su publicaci¨®n documentaba la noticia y era la prueba de su veracidad. Tambi¨¦n hace una distinci¨®n inadmisible entre medios de comunicaci¨®n tradicionales e Internet que le lleva a una duda conclusiva sobre si la protecci¨®n constitucional al derecho de informaci¨®n alcanza a este medio. Todos los medios, Internet incluido, est¨¢n regidos por la misma jurisprudencia del Constitucional, en la que prima el derecho a la informaci¨®n sobre una pretendida privacidad que, en este caso, ni siquiera existe.