Las 'webs' de descargas se podr¨¢n cerrar en un mes con orden judicial

El Gobierno ya tiene perfilado el procedimiento para bloquear p¨¢ginas web que alojen o faciliten sin permiso la descarga de archivos sujetos a derechos de autor como pel¨ªculas, canciones o videojuegos. El modelo permitir¨¢ el bloqueo de las p¨¢ginas o la retirada de contenidos il¨ªcitos por un procedimiento r¨¢pido -menos de un mes- a propuesta de la Comisi¨®n de la Propiedad Intelectual, pero con autorizaci¨®n judicial previa.

Este modelo de la autorizaci¨®n judicial para adoptar una medida cautelar es el que emplean los ayuntamientos para la paralizaci¨®n de una obra o el que permite la retirada de anuncios y campa?as publicitarias il¨ªcitas, bien por tratarse de publicidad falsa o porque difunden mensajes que da?an la reputaci¨®n de una persona o una entidad. En ambos casos, la petici¨®n proviene de un organismo administrativo o un particular: Instituto Nacional de Consumo, ayuntamientos, asociaciones de consumidores o titulares de un derecho o de un inter¨¦s leg¨ªtimo, entre otros.

El modelo es similar al que se aplica para retirar un anuncio enga?oso

Para pedir la cesaci¨®n de la actividad es preciso una autorizaci¨®n judicial previa, aunque el juez no entra en el fondo del asunto, sino que s¨®lo decide si el organismo solicitantes es pertinente para pedir la suspensi¨®n, y con ¨¦sta no se vulnera alg¨²n derecho fundamental. Esta intervenci¨®n cautelar otorga una mayor rapidez al proceso, a?adiendo efectividad a la medida que, de seguir el cauce judicial ordinario resultar¨ªa ineficaz, al haberse producido el da?o ya, puesto que la sentencia llegar¨ªa posteriormente.

En el caso de las descargas de Internet, el organismo administrativo ser¨¢ la controvertida Comisi¨®n de Propiedad Intelectual. ?sta tendr¨¢ la potestad de pedir autorizaci¨®n judicial para que la p¨¢gina web que vulnere los derechos de propiedad intelectual retire los contenidos il¨ªcitos o, en su caso, sea bloqueada. El juez deber¨¢ decidir si la solicitud est¨¢ fundamentada, si la Comisi¨®n es competente para pedir el bloqueo de esa p¨¢gina y si al hacerlo no se vulnera ning¨²n derecho fundamental. No obstante, el fondo del asunto es decir, la controversia derivada de si la p¨¢gina web vulnera o no la ley -en este caso la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci¨®n (LSSI) y la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)- pueden ser dirimidas a posteriori por los cauces ordinarios. Es decir, se trata de un procedimiento mixto que permitir¨ªa a la Comisi¨®n pedir medidas cautelares r¨¢pidas con una autorizaci¨®n judicial previa, aunque tanto la Comisi¨®n como los responsables de la web denunciada deben dirimir la querella sobre el fondo del asunto en la jurisdicci¨®n ordinaria. El tr¨¢mite entre la solicitud del cierre de la web y la concesi¨®n o denegaci¨®n del mismo ser¨¢ "brev¨ªsimo", menos de un mes, y, en "casos especiales, incluso en una semana", seg¨²n fuentes del Ejecutivo.

El Gobierno intenta dar as¨ª una soluci¨®n salom¨®nica que contente a la industria cultural -representada por la llamada Coalici¨®n de Creadores-, ofreci¨¦ndole tal y como reclamaba un procedimiento r¨¢pido para impedir las descargas no autorizadas, y de paso calmar a gran parte de la comunidad internauta, introduciendo la autorizaci¨®n judicial previa, cuya demanda provoc¨® una revuelta digital que oblig¨® al Gobierno, con su presidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero a la cabeza, a salir a la palestra para asegurar que "no se cerrar¨¢ ninguna web" sin que lo decidiera un juez.

Antes de que un juez adopte cualquier medida cautelar, ser¨¢ preciso otorgar una serie de garant¨ªas a los due?os de las p¨¢ginas web, como concederles un plazo para que supriman los elementos il¨ªcitos de las p¨¢ginas afectadas, cuya duraci¨®n podr¨ªa rondar los tres d¨ªas, como sucede en el caso de la publicidad enga?osa.

Para la puesta en marcha de este procedimiento, el Gobierno quiere evitar a toda costa modificar ninguna ley y pretende introducir este mecanismo en un reglamento que desarrolle la disposici¨®n final de la Ley de Econom¨ªa Sostenible. Fue en esa disposici¨®n en la que el Ejecutivo modific¨® la LSSI equiparando la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" a los otros cuatro motivos que hasta ahora permit¨ªan restringir y, en su caso, interrumpir la prestaci¨®n del servicio, como son la investigaci¨®n penal y la seguridad nacional; la salud p¨²blica; la dignidad de la persona y la protecci¨®n de la infancia. La disposici¨®n tambi¨¦n modificaba la Ley de Propiedad Intelectual creando la Comisi¨®n de Propiedad Intelectual, una comisi¨®n de ¨¢mbito nacional integrada por expertos independientes encargada de la salvaguarda de los derechos de autor en Internet.

El reglamento debe precisamente dilucidar la composici¨®n y el funcionamiento de esta comisi¨®n. Se quiere que la misma est¨¦ integrada por expertos independientes, entre los que figuren magistrados, abogados expertos en propiedad intelectual y representantes del mundo de la cultura e Internet.