Cambio toga por bufete

A nadie se le oculta que la escena no deja de ser chocante. Seis imputados en el caso G¨¹rtel son defendidos por abogados que no hace mucho tiempo eran jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Media docena de los acusados en la Operaci¨®n Malaya corren id¨¦ntica suerte, la misma que el ruso Kalashov, considerado como un poderoso jefe mafioso y juzgado el pasado mes de noviembre en Espa?a por blanqueo de capitales: el juicio oral celebrado en la Audiencia Nacional cont¨® con la presencia de tres abogados que hace unos a?os estaban en el otro lado. El constructor Francisco Hernando, conocido como El Pocero, es cliente en algunos litigios de un ex fiscal, al igual que importantes empresas han puesto en manos de ex magistrados el destino de algunos contenciosos. El salto de jueces y fiscales a la actividad privada es una decisi¨®n l¨ªcita que no deja indiferente a nadie. ?Es un problema ¨¦tico o simplemente est¨¦tico?

"El trasvase al sector privado les permite usar circuitos privilegiados", dice el constitucionalista Jim¨¦nez Asensio

El ¨²ltimo caso aparece con el nuevo a?o. El fiscal Ignacio Gordillo (que intervino en casos de terrorismo de ETA) abandona la Audiencia Nacional para trabajar en un despacho de M¨¢laga especializado en el turismo residencial. No es el ¨²nico fichaje de esta naturaleza que hace dicho despacho, que publicita en su p¨¢gina web que tiene entre sus filas a dos ex jueces de lo Mercantil y a dos ex abogados del Estado.

La fuga de jueces y fiscales al sector privado tiene una mayor relevancia cualitativa que cuantitativa. Estad¨ªsticamente, incluso, es un fen¨®meno irrelevante. Seg¨²n el Consejo del Poder Judicial, s¨®lo 10 jueces pidieron la excedencia en los ¨²ltimos tres a?os, cuatro de ellos de lo Mercantil (sobre un total de 40). Y un n¨²mero parecido (11) se ha dado entre los fiscales, seg¨²n el Ministerio de Justicia. Son n¨²meros despreciables atendiendo a la magnitud del colectivo (hay unos 4.500 jueces en Espa?a). Pero no tanto si se limitan a tribunales de cierta importancia y atendiendo a la trascendencia de los casos que all¨ª se sustancian.

Algunos de los trasvases m¨¢s significativos se han producido en los ¨²ltimos a?os, justo el periodo en el que se han sucedido los asuntos de mayor calado de la reciente historia judicial espa?ola, sobre todo aquellos de relevancia econ¨®mica. Cronol¨®gicamente, el primer salto notable a la actividad privada lo dio en 1995 el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, que fich¨® por el despacho Ur¨ªa & Men¨¦ndez. Bueren instruy¨® junto a Garz¨®n los primeros grandes sumarios contra el narcotr¨¢fico y el terrorismo. Dieron el salto tambi¨¦n los fiscales Florentino Ort¨ª (caso Banesto) al despacho de Garrigues y Luis Jordana de Pozas (casos de Mariano Rubio y Lola Flores) al de Cuatrecasas, que tambi¨¦n fich¨® al juez Santiago Milans del Bosch. Aquellos fueron los primeros juristas medi¨¢ticos que dejaron la funci¨®n p¨²blica para trabajar en el sector privado. Sin embargo, no fueron hechos aislados.

En el ¨²ltimo lustro, el fen¨®meno se ha multiplicado. Fiscales de la Audiencia Nacional que han dado el salto van para la media docena: a los citados hay que sumar los de Dolores M¨¢rquez de Prado, Enrique Molina, Ignacio Pel¨¢ez, Susana Landeras y el ¨²ltimo, Ignacio Gordillo.

Teniendo en cuenta que fiscales en la Audiencia Nacional superan escasamente los 20 y que hay 15 fiscales en Madrid en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, cualquier fuga es sensible. El caso de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n es llamativo: tres fiscales han dejado su puesto en los ¨²ltimos a?os (Carlos Saiz, Daniel Campos y Javier S¨¢nchez Junco). En el caso de los dos primeros se produjo una circunstancia anecd¨®tica. Ambos se sucedieron en la instrucci¨®n del caso Fabra, el presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n imputado por delito fiscal. Campos es el ¨²nico ejemplo de viaje de ida y vuelta: a?os despu¨¦s solicit¨® su regreso a la fiscal¨ªa.

Jos¨¦ Antonio Chocl¨¢n Montalvo entiende que el ciudadano observe con sorpresa estas situaciones. Chocl¨¢n fue juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y solicit¨® la excedencia para fundar su propio despacho. Tiene entre sus clientes a Francisco Correa, el principal imputado en la Operaci¨®n G¨¹rtel: "He montado un despacho porque prefiero mantener mi autonom¨ªa. Es una decisi¨®n complicada, y comprendo esa sensaci¨®n derivada de la ignorancia que hay sobre la profesi¨®n de abogado. Quiz¨¢ la reflexi¨®n ser¨ªa otra. Se ve al letrado como una prolongaci¨®n del cliente, y no es as¨ª. Comprendo que a un ciudadano le pueda chocar o que piense que en ese fichaje de jueces o fiscales pueda haber un instrumento de influencia. Ese argumento tiene las patas muy cortas. Esa supuesta influencia es irreal. No funciona as¨ª". Chocl¨¢n sostiene que el tr¨¢nsito al bufete es un viaje de dif¨ªcil retorno y entiende tambi¨¦n que, adem¨¢s de las motivaciones econ¨®micas (jueces y fiscales perciben 86.000 euros brutos anuales de salario base), hay otros factores que pueden haber contribuido al fen¨®meno, entre los que est¨¢ la politizaci¨®n de la justicia. "No hay una carrera judicial en Espa?a, donde la capacidad no garantiza el nombramiento. Me fui porque creo que puedo hacer algo m¨¢s y, adem¨¢s, porque tengo cuatro hijos".

No es de la misma opini¨®n Rafael Jim¨¦nez Asensio, experto constitucionalista de la Universidad Pompeu Fabra: "Esto va m¨¢s all¨¢ de lo est¨¦tico. Jueces y fiscales establecen una diferencia radical frente a los abogados. El trasvase al sector privado les permite utilizar circuitos privilegiados porque, en definitiva, no son vistos como abogados exclusivamente, sino como personas con un cierto parentesco, como miembros que han sido de la carrera. Que luego utilicen o puedan utilizar dicha influencia es otra cosa".

Jim¨¦nez Asensio es partidario de que se establezca un c¨®digo ¨¦tico de los jueces: "Deber¨ªan trabajar en esa l¨ªnea, porque, en la situaci¨®n actual, se establece un paralelismo perverso, se homologan con los funcionarios, con cualquier t¨¦cnico de la Administraci¨®n, cuando deber¨ªan haberse administrado medidas diferenciadoras". Manuel Villoria, de Transparencia Internacional, est¨¢ de acuerdo con el c¨®digo ¨¦tico y pone el ejemplo de Francia, "donde la judicatura est¨¢ mucho m¨¢s cerrada. All¨ª se establece una especie de cuarentena, como sucede aqu¨ª en el caso de los pol¨ªticos o altos cargos, pero en definitiva hay un comit¨¦ ¨¦tico que es quien regula las excedencias y cuyo incumplimiento supone un delito".

La Ley Org¨¢nica del Poder Judicial establece un s¨®lo requisito para solicitar la excedencia voluntaria: un m¨ªnimo de cinco a?os en la carrera judicial. "Puede suceder lo que con los inspectores de Hacienda y los abogados del Estado", a?ade Villoria, "con altos porcentajes de funcionarios excedentes en empresas privadas".

A falta de un c¨®digo ¨¦tico, algunos fiscales y magistrados proponen alternativas. "En las juntas de fiscales", dice un miembro de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, "hemos propuesto que quienes se marchen no puedan llevar ni asesorar en ning¨²n asunto vigente en el momento de salir de la fiscal¨ªa". Pero mientras se endurecen las normas, alg¨²n fiscal ha tomado sus precauciones: "Hay fiscales que reciben a los abogados. Otros que no reciben a nadie. Yo recibo a todo el mundo, menos a ex fiscales y ex jueces".