El juez imputa a la ex alcaldesa de Pinto, del PP, por irregularidades

Miriam Rabaneda, ex alcaldesa popular de Pinto, y su hermana Tamara, ex concejal de Hacienda de la localidad, han sido imputadas por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Parla. En el auto se advierte de que en el a?o en que el PP gobern¨® Pinto (2007-2008) los t¨¦cnicos municipales redactaron varios informes contra pagos autorizados por la alcaldesa y su hermana, y presentaron reparos a la legalidad de ciertas operaciones por falta de liquidez del Ayuntamiento o por no respetar el orden y la preferencia de pagos.

La alcaldesa y la concejal hicieron o¨ªdos sordos a las recomendaciones del tesorero e interventor municipal cuando alertaron sobre la dudosa legalidad de muchas operaciones de caja. Los fundamentos jur¨ªdicos del auto fijan que el comportamiento de las hermanas Rabaneda "pudo entra?ar un uso abusivo de sus competencias, al intentar imponer su voluntad por encima de cualquier otra consideraci¨®n en un ejercicio desp¨®tico de sus atribuciones".

El magistrado dice que las arcas p¨²blicas perdieron 11 millones en 20 d¨ªas

El tesorero y el interventor alertaron de varias irregularidades

Muchos pagos se hicieron en v¨ªsperas de la moci¨®n de censura del 22 de diciembre que desaloj¨® al PP del poder. El saldo del Ayuntamiento pas¨® de ser de 13.613.503 euros el 2 de diciembre a 2.581.401 tan s¨®lo 20 d¨ªas despu¨¦s. El auto resalta la "contumacia con que la que las denunciadas, el 19 de diciembre, ordenaron efectuar los pagos de gastos" y destaca que se actu¨® "obviando la necesidad de los funcionarios de efectuar el obligado arqueo ante el anunciado relevo del gobierno municipal".

Miriam Rabaneda neg¨® ayer todos los cargos: "Mi gesti¨®n estuvo siempre pensada en inter¨¦s de los vecinos. En el tiempo que dirigimos el Ayuntamiento recibimos a cientos de proveedores y personas con deudas y lo que quer¨ªamos era s¨®lo pagarles. Todo lo que se hiciera en ese sentido estuvo bien. Y trabajamos dentro de la legalidad".

El auto interpreta como un indicio de corrupci¨®n que de la aceleraci¨®n de pagos previa a la moci¨®n de censura se beneficiara m¨¢s de una empresa que "mantiene v¨ªnculos incluso pol¨ªticos con los denunciados".El 18 de enero, el juez imputa a Miriam y Tamara Rabaneda por "las ¨®rdenes de pago efectuadas contraviniendo el procedimiento a que obligaban los reparos de legalidad" emitidos por los interventores. El juez descarta la acusaci¨®n de malversaci¨®n hecha por el nuevo alcalde; las diligencias contra los siete integrantes del gabinete popular de Pinto tambi¨¦n quedan archivadas.

Cuando el 22 de diciembre de 2008 el PSM desaloj¨® mediante moci¨®n de censura al PP de la alcald¨ªa de Pinto, el nuevo alcalde socialista, Juan Jos¨¦ Mart¨ªn Nieto, declar¨® que el cambio pretend¨ªa sacar al municipio del "desgobierno" en que lo hab¨ªan sumido la "soberbia y prepotencia" de Miriam Rabaneda.

Populares y socialistas han intercambiado durante dos a?os acusaciones de desangrar las arcas municipales y han solicitado mutuamente al Tribunal de Cuentas la revisi¨®n de sus cuentas de Gobierno. A la vez, Mart¨ªn Nieto present¨® una demanda contra toda la corporaci¨®n del PP, que es la que ha llevado a la imputaci¨®n de la alcaldesa Rabaneda y su concejal de Hacienda.

Ante la exuberancia cremat¨ªstica de las Rabaneda, los informes de la Intervenci¨®n Municipal alertaban sobre la posibilidad de que el dinero se agotara y no se pudieran pagar las n¨®minas a empleados municipales. La ex alcaldesa sostiene que los salarios estaban asegurados.

Seg¨²n la denuncia del actual equipo de Gobierno, el tesorero y el interventor del Ayuntamiento alertaron sobre irregularidades como el otorgamiento de subvenciones sin justificar; encargos a la empresa municipal de limpieza Aserpinto que pod¨ªan no ajustarse a la legalidad; o fraccionamientos de pagos con la intenci¨®n de eludir el l¨ªmite fijado por la ley para contratos sin concurso p¨²blico. En total, 264 informes desfavorables fueron avalados por el interventor municipal. Todo eso antes del 9 de diciembre de 2008, porque en los d¨ªas previos a la moci¨®n de censura se multiplicaron los pagos a proveedores y los informes negativos.

"Yo dije que hasta el d¨ªa antes de la moci¨®n iba a continuar trabajando", se defiende la ex alcaldesa. Ante la pregunta de si eso equival¨ªa a acelerar pagos a proveedores, responde que no: "?sa no era nuestra prioridad. Se sigui¨® trabajando con normalidad". El auto de imputaci¨®n revela que, en los d¨ªas antes de dejar el poder, Rabaneda continu¨® tomando decisiones determinantes. Una de ellas le cost¨® a las arcas municipales cinco millones de euros que el Ayuntamiento hab¨ªa ingresado por un convenio urban¨ªstico. Dos d¨ªas despu¨¦s de presentarse p¨²blicamente la moci¨®n de censura, Rabaneda devolvi¨® a los promotores los cinco millones que hab¨ªan pagado como primer plazo del acuerdo.