La 'tasa prost¨ªbulo' reina en la frontera
- Agullana, Capmany y Siurana cobran hasta 1.000 euros por habitaci¨®n y a?o - La Jonquera estudia aplicarla ante la pr¨®xima apertura de un macroburdelDimite el concejal del PP que medi¨® en la licencia de un prost¨ªbulo de Matar¨®
Los municipios de la frontera catalana con Francia sufren una fuerte presi¨®n de prost¨ªbulos. Girona alberga buena parte de los mayores hoteles del sexo. Sus consistorios los padecen, pero tambi¨¦n sacan tajada. Agullana, Capmany y Siurana, en la comarca del Alt Empord¨¤, cobran desde hace tiempo una cantidad anual por cada habitaci¨®n. Las ordenanzas fiscales var¨ªan en funci¨®n del lugar y fijan una tasa de 1.008 euros, 660 y 300, respectivamente, cada a?o.
Los macroprost¨ªbulos son objeto de pol¨¦mica despu¨¦s de que, a principios de mes, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a obligara a La Jonquera a otorgar la licencia de apertura a un local que tendr¨¢ 100 habitaciones y aforo para m¨¢s de 550 personas. Su promotor est¨¢ imputado por tr¨¢fico de mujeres. El local ten¨ªa incluso un informe desfavorable de los Mossos d'Esquadra. El alcalde del municipio, Jordi Cabezas (CiU), expres¨® su malestar, pero el martes no tuvo m¨¢s remedio que dar luz verde al proyecto.
Ante esta situaci¨®n, se plantean cobrar tambi¨¦n por habitaci¨®n a los burdeles. "En un principio pens¨¢bamos que no se pod¨ªa aplicar una tasa porque el municipio no da ning¨²n servicio a cambio. Pero vamos a estudiar si se puede hacer", explica Cabezas.
En Matar¨® (Maresme) un empresario prev¨¦ abrir otros dos burdeles (80 habitaciones) sin que el Ayuntamiento haya podido hacer nada para evitarlo. Uno de ellos, el m¨¢s grande, estar¨¢ ubicado en un pol¨ªgono y ya cuenta con licencia de actividad, aunque las obras todav¨ªa no ha comenzado. El Consistorio busca mecanismos para detener un proyecto que ha sublevado a los vecinos y ha colmado la paciencia de alcaldes de todo el espectro pol¨ªtico, que exigen un cambio normativo para restringir el n¨²mero de habitaciones y evitar as¨ª los indeseados macroprost¨ªbulos. Pero no todos los consistorios lo ven como una desventaja. Agullana es un pueblo peque?o de apenas 800 habitantes. En su t¨¦rmino municipal est¨¢ uno de los burdeles m¨¢s grandes de Catalu?a: Lady Dallas. El local tiene m¨¢s de 60 habitaciones y por cada una paga 1.008 euros al a?o, de modo que m¨¢s de 60.000 euros engordan las arcas municipales.El alcalde de Agullana y diputado de Esquerra Republicana, Alfons Quera, prefiere no opinar. El primer edil del municipio vecino de Capmany, Jes¨²s Figa (CiU), no tiene ning¨²n reparo en expresar su opini¨®n. Los burdeles "dan servicio a un tipo de p¨²blico determinado", asegura.
Capmany (600 habitantes) libr¨® una batalla para poder abrir el prost¨ªbulo Madam's, que tiene 48 habitaciones, contra la Generalitat. Finalmente, gan¨® el municipio. "Luchamos porque nada m¨¢s funcionaba. Intentamos poner dos o tres cosas m¨¢s y no hubo manera", explica Figa. Hoy en d¨ªa el municipio ingresa m¨¢s de 30.000 euros por el prost¨ªbulo. "Compensa tener este tipo de actividad. Un hotel dar¨ªa poco beneficio al Ayuntamiento", insiste. "Y mejor tenerlas [a las prostitutas] en unos locales que no dan ning¨²n tipo de problemas que en la carretera, sin ning¨²n tipo de seguridad", razona.
En Siurana (200 habitantes) los burdeles tambi¨¦n aportan dinero al erario. El municipio tiene tres prost¨ªbulos: New Baby Doll, La Pedra y el Club la Torre Park. El ¨²ltimo es el m¨¢s grande, con unas 20 habitaciones. "Fuimos los primeros en regular las licencias con una ordenanza propia", explica su alcalde, Joan Heras (CiU).
Cuando se aprob¨® en 2002 el decreto de la Generalitat que regula los locales donde se ejerce la prostituci¨®n, el Ayuntamiento encontr¨® tres prost¨ªbulos con m¨¢s de 20 a?os de antig¨¹edad que funcionaban de forma ilegal. El Consistorio se apresur¨® para aprobar una ordenanza propia y sacar tambi¨¦n beneficio. "Cuando eran ilegales, hac¨ªan lo que quer¨ªan y no pagaban. Como mucho daban una cantidad simb¨®lica al Ayuntamiento para las fiestas locales. A veces ni eso", explica Heras. Ahora, en cambio, en el pueblo est¨¢n contentos porque pagan y no dan problemas. Eso s¨ª, la ordenanza que regula este tipo de locales blinda el municipio. "No se conceder¨¢ ninguna licencia nueva para el ejercicio de la prostituci¨®n", dice.
El alcalde de La Jonquera, Jordi Cabezas (CiU), no fue lo suficientemente r¨¢pido para impedir la construcci¨®n de m¨¢s burdeles en la zona. Ahora s¨®lo hay uno, el Desir¨¦e, con una decena de habitaciones. Pero otro de unas 100 habitaciones cuenta ya con la licencia. Pero este burdel ser¨¢ el ¨²ltimo. El Consistorio ya se ha curado en salud con una ordenanza que impide que haya otro.
La Generalitat aprob¨® en 2003 un prototipo de ordenanza que fija limitaciones a los burdeles: no puede haber menos de 150 metros entre uno y otro, y han de estar como m¨ªnimo a 200 metros de escuelas. A partir de ah¨ª, posibilita que los municipios aprueben su propia ordenanza. En ese punto se escuda la Generalitat frente a las peticiones de los alcaldes: pueden elaborar normas m¨¢s restrictivas y "blindarse" frente a los macroburdeles. Pero los ayuntamientos temen que, en caso de excederse en las limitaciones, se encuentren con un varapalo de los tribunales.
El n¨²mero dos del PP en el Ayuntamiento de Matar¨®, Juan Carlos Ferrando, abandon¨® ayer su cargo por haber mediado, a trav¨¦s de su empresa de asesor¨ªa, para que un empresario obtuviera permiso para abrir un burdel. El PP se opone a los macroprost¨ªbulos previstos en la ciudad y le pidi¨® la dimisi¨®n.
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