La trama corrupta pide anular el proceso

Un a?o despu¨¦s de la desarticulaci¨®n de la m¨¢s extensa trama corrupta conocida en democracia, vinculada al PP y operativa en al menos tres comunidades aut¨®nomas y varios ayuntamientos, los abogados de los principales implicados han multiplicado su ofensiva judicial para anular el proceso bas¨¢ndose en la supuesta ilegalidad de la intervenci¨®n de las comunicaciones mantenidas en la c¨¢rcel por los abogados con sus clientes.

El Tribunal Supremo, que admiti¨® ayer a tr¨¢mite una querella contra el juez Baltasar Garz¨®n por ordenar escuchas en prisi¨®n, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tiene en sus manos numerosos recursos por el mismo motivo, deber¨¢n resolver en las pr¨®ximas semanas si una parte importante del caso G¨¹rtel es anulado por escuchas ilegales.

Correa a su abogado: "Sin ese 'pen drive' no tendr¨ªan nada"

El juez sostuvo que la abogac¨ªa es digna pero no puede tener privilegios

Ulibarri, acusado de pagar por contratos, se querell¨® contra el instructor

Los implicados instan a los jueces a suprimir pruebas logradas en prisi¨®n

La investigaci¨®n de la trama corrupta vinculada al PP ha detectado ya, tras m¨¢s de dos a?os de trabajos, la existencia de decenas de millones de euros sacados ilegalmente de Espa?a y no declarados al fisco por la red de empresas que dirig¨ªa Francisco Correa; la connivencia de dos decenas de dirigentes populares, muchos de ellos a sueldo del jefe corrupto, que gobernaban en instituciones que adjudicaban a dedo contratos a la trama, as¨ª como m¨²ltiples pruebas de cohechos en la actuaci¨®n de altos cargos del PP. Muchos de esos cargos han sido destituidos de sus puestos y suspendidos de militancia; otros tienen su futuro hipotecado a decisiones judiciales que deber¨¢n adoptar distintos tribunales.

El Supremo admiti¨® ayer la querella presentada contra el juez Baltasar Garz¨®n por el abogado de Jos¨¦ Luis Ulibarri, un constructor del que existen m¨²ltiples evidencias en el sumario relacionadas con el pago de comisiones ilegales y multimillonarias a la trama para conseguir contratos p¨²blicos. Uno de los casos que se investiga tiene que ver con el pago de tres millones de euros por lograr la adjudicaci¨®n de una parcela para edificar chal¨¦s de lujo. Gan¨® el concurso porque prometi¨® hacer las obras tres meses antes que su principal competidor (que ofrec¨ªa justamente tres millones de euros m¨¢s por el suelo al Ayuntamiento de Boadilla del Monte). Ulibarri se qued¨® con la parcela pero no edific¨® los chal¨¦s de lujo en el plazo comprometido y por el que supuestamente gan¨® el concurso.

Tambi¨¦n ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, junto a otros muchos implicados, el abogado de ?lvaro P¨¦rez, el Bigotes, jefe de Orange Market, la empresa que hac¨ªa regalos de miles de euros a miembros del Gobierno valenciano y que recibi¨® contratos a dedo desde el primer d¨ªa que la trama corrupta abri¨® sucursal en la Comunidad Valenciana.

El Bigotes est¨¢ imputado por diversos delitos dentro de la conocida trama de corrupci¨®n valenciana y ahora ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde pide que se anule todo el proceso a partir de las escuchas en la c¨¢rcel, aprovechando la supuesta ilegalidad de las intervenciones autorizadas por Garz¨®n de las conversaciones mantenidas entre los abogados y los encarcelados de la trama.

Ni El Bigotes ni el constructor Ulibarri tuvieron que ingresar en la c¨¢rcel como consecuencia de la desarticulaci¨®n de la trama corrupta vinculada al PP. Sin embargo, ambos recurren a distintos tribunales con la intenci¨®n de anular pruebas que pueden incriminarles.

En las conversaciones grabadas, el jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, se lamentaba ante la existencia de un pen drive, donde se almacenaba toda la informaci¨®n sobre el pago de comisiones ilegales a pol¨ªticos que gobernaban en municipios o comunidades aut¨®nomas. "Es que sin ese pen drive no tendr¨ªan nada. Me pongo malo", se?ala Correa a su abogado.

El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en Madrid, defendi¨® en un extenso auto las escuchas ordenadas por Garz¨®n. Las defensas de los implicados pidieron la nulidad al interpretar que las intervenciones de Garz¨®n violaban lo dispuesto en el art¨ªculo 51.2 de la Ley Org¨¢nica General Penitenciaria, que se?ala lo siguiente: "Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relaci¨®n con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrar¨¢n en departamentos apropiados y no podr¨¢n ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo".

En su auto, Pedreira mantuvo la legalidad de las escuchas ordenadas por Garz¨®n: "La profesi¨®n de la abogac¨ªa es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervenci¨®n de comunicaciones".

Ahora, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene en sus manos seguir adelante con la causa y avalar las pruebas logradas mediante la intervenci¨®n de comunicaciones en la c¨¢rcel, o anular una parte de la instrucci¨®n que afecta a decenas de imputados, algunos de ellos, dirigentes del PP.