El Supremo deja en precario a Garz¨®n y cuestiona las escuchas a la red G¨¹rtel

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admiti¨® ayer la querella del abogado Ignacio Pel¨¢ez contra el juez Baltasar Garz¨®n por los supuestos delitos de prevaricaci¨®n y contra las garant¨ªas de la intimidad, al haber ordenado el juez la intervenci¨®n de las comunicaciones en prisi¨®n de los implicados en la trama corrupta G¨¹rtel con sus abogados. La admisi¨®n de esta tercera querella contra Garz¨®n en menos de un a?o y, sobre todo, la unanimidad de 11 de los 15 magistrados titulares de la Sala, de todas las tendencias, amenaza seriamente la continuidad de Garz¨®n como juez de la Audiencia Nacional.

El magistrado, que se esperaba ya la decisi¨®n de la Sala, declar¨® a EL PA?S: "Voy a seguir mientras pueda trabajando por la justicia. No me voy a marchar. Soy absolutamente inocente y lo voy a demostrar", remach¨®. De sus palabras se desprende que Garz¨®n no va a rehuir la pelea en el Supremo, por m¨¢s que esta decisi¨®n entra?a que en breve ser¨¢ suspendido de funciones quiz¨¢ durante a?os, y que se arriesga a que recaigan sobre ¨¦l severas penas de inhabilitaci¨®n como juez.

Garz¨®n: "Voy a seguir trabajando por la justicia. No me voy a marchar"

Es la primera vez que se incrimina a un juez por ordenar unas escuchas

De haber optado por renunciar a su plaza en la Audiencia Nacional, perder¨ªa el fuero ante el Supremo y las tres causas que tiene abiertas pasar¨ªan a ser competencia de un tribunal superior de susticia, donde tendr¨ªa muchas m¨¢s posibilidades de salir indemne. En la propia Audiencia Nacional ya ha habido precedentes: los magistrados Carlos Cez¨®n y Juan Jos¨¦ L¨®pez Ortega fueron suspendidos de funciones y sometidos a un calvario judicial por haber liberado al narcotraficante Carlos Ruiz Santamar¨ªa, El Negro, 15 d¨ªas antes de su juicio. A partir del momento en que renunciaron a su plaza en la Audiencia, las acusaciones se diluyeron como por ensalmo.

La querella admitida ayer es la primera que determina la incriminaci¨®n de un juez por ordenar unas escuchas telef¨®nicas. El Supremo ha invalidado centenares de procesos por escuchas irregulares, pero nunca hasta ayer hab¨ªa admitido una querella contra el juez que las orden¨®, aunque tambi¨¦n se hab¨ªan invalidado escuchas en prisi¨®n. El Supremo extiende, adem¨¢s, un manto de sospecha sobre la validez de esas escuchas, que fueron solicitadas por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y prorrogadas y avaladas por el actual juez instructor del caso G¨¹rtel, Antonio Pedreira, y dejan en precario la actuaci¨®n judicial contra toda la trama.

El ponente de la resoluci¨®n, Jos¨¦ Manuel Maza, parte de la premisa de que "las comunicaciones de presos con abogado s¨®lo pueden intervenirse en los supuestos de terrorismo mediante orden judicial", tesis recogidas en sentencias de 1995 y 1998. No obstante, hoy se distinguen las escuchas como medida de r¨¦gimen penitenciario de las acordadas para la investigaci¨®n de delitos y, de hecho, se han intervenido conversaciones de presos con abogados en los casos de Marta del Castillo y del narcotraficante Pablo Vioque, sin consecuencias.

El Supremo cuestiona la hip¨®tesis de que los abogados de los imputados en el caso G¨¹rtel pudieran hacer de "enlace" entre los corruptos en prisi¨®n y la organizaci¨®n delictiva, "referida a la totalidad indiscriminada de aqu¨¦llos". Seg¨²n el alto tribunal, Garz¨®n s¨®lo detall¨® la identidad de uno de esos abogados, Jos¨¦ Antonio L¨®pez Rubal (que, efectivamente, luego result¨® imputado por blanqueo), lo que ofrece "un ¨²nico fundamento f¨¢ctico para tan gen¨¦rica e importante decisi¨®n". En suma, la Sala de lo Penal tiene "dudas" sobre "la legalidad de las resoluciones" del juez, por lo que "no excluye" la existencia de delito.

El alto tribunal considera "legitimado" a Pel¨¢ez para querellarse, pese a que ¨¦ste no es abogado de ninguno de los presos de la red G¨¹rtel. Pel¨¢ez defiende al empresario Jos¨¦ Luis Ulibarri, que no fue a prisi¨®n, pero se entrevist¨® en la c¨¢rcel con los principales implicados de la trama, seg¨²n ¨¦l, para "preparar la estrategia de defensa", por lo que aparece en las grabaciones.

Sin embargo, fuentes de la defensa de Garz¨®n subrayaron que el Supremo no ha tenido en cuenta un importante auto de 27 de marzo de 2009, en el que Garz¨®n ordenaba segregar del procedimiento todas las escuchas que tengan relaci¨®n con la "estrategia procesal de los abogados". Contra el criterio del fiscal, la Sala da a Pel¨¢ez la cualidad de "ofendido por el delito", como "titular de unos bienes jur¨ªdicos conculcados por esas infracciones penales, cualquiera que fuese su relaci¨®n profesional o de otro tipo".

El ¨²ltimo argumento del fiscal, basado en el "fraude procesal" que supondr¨ªa que los pronunciamientos del Tribunal Supremo pudieran vincular al Tribunal Superior de Madrid que instruye el caso G¨¹rtel, tambi¨¦n es rechazado. La Sala replica que lo "irregular" ser¨ªa que al albur de un pronunciamiento sobre el valor atribuido a las escuchas "se pretenda excluir un pronunciamiento acerca de la existencia o no, de un delito".