La Xunta quita competencias y personal a la agencia de legalidad urban¨ªstica

Naci¨® en 2007 como una agencia independiente para poner coto al urbanismo desaforado y al enjambre de gr¨²as que acechaba la costa gallega en pleno boom immobiliario. Un freno al "ti vai facendo" que presidi¨® durante d¨¦cadas las relaciones entre algunos alcaldes y promotores, certificaci¨®n ¨²ltima del todo vale que ha imperado en la construcci¨®n.

Con ese objetivo, el Gobierno de Emilio P¨¦rez Touri?o cre¨® en 2007 la Axencia de Protecci¨®n da Legalide Urban¨ªstica (APLU). El bipartito se vali¨® entonces de los mismos t¨¦cnicos que ya trabajaban para Alberto N¨²?ez Feij¨®o en su etapa como vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Pol¨ªtica Territorial. Pero decidi¨® blindar las competencias de este organismo y poner el trabajo de los inspectores a salvo de las presiones del poder pol¨ªtico y de los alcaldes.

Hern¨¢ndez cambi¨® los estatutos para destituir al director y a todo su equipo

La conseller¨ªa se reserva el poder de autorizar usos en la franja mar¨ªtima

Los estatutos establec¨ªan que los sucesivos directores de la APLU tendr¨ªan mandatos asegurados de cuatro a?os. Como la agencia arranc¨® en 2007 no coincidir¨ªan con las legislaturas del Gobierno de turno. Era la excusa perfecta para que ning¨²n conselleiro tuviera la tentaci¨®n de influir sobre el trabajo de los inspectores urban¨ªsticos. Ese estatus especial y sobre todo la rigurosa defensa del territorio que llev¨® a la agencia a multiplicar los expedientes por infracciones nunca cont¨® con el respaldo de los alcaldes. S¨®lo 45 de los 315 municipios se adhirieron durante estos tres a?os voluntariamente a la agencia, pensada tambi¨¦n para tutelar las competencias urban¨ªsticas en los ayuntamientos m¨¢s peque?os que apenas cuentan con medios para hacerlo.

La desconfianza de los alcaldes (de todos los partidos) fue a m¨¢s cuando la APLU empez¨® a instruir expedientes y a revisar licencias urban¨ªsticas con sus inspectores sobre el terreno. El caso m¨¢s paradigm¨¢tico fue el de Barreiros, en la Mari?a lucense, que desemboc¨® en 44 recursos por la v¨ªa de lo contencioso-administrativo que el bipartito present¨® contra cada una de las licencias otorgadas por el alcalde Alfonso Fuente Parga, para edificar 3.174 viviendas en suelo sin urbanizar.

En virtud de un convenio que Manuel Fraga firm¨® a¨²n como presidente en 2004 con el Fiscal General del Estado, C¨¢ndido Conde Pumpido, Xunta y ministerio p¨²blico se compromet¨ªan a intercambiar informaci¨®n sobre hechos presuntamente delictivos. Esa declaraci¨®n de intenciones deriv¨® en un acuerdo de colaboraci¨®n entre la APLU y el ministerio p¨²blico suscrito el pasado septiembre para colaborar en la persecuci¨®n de delitos relacionados con la construcci¨®n. La nueva f¨®rmula irrit¨® al conselleiro de Medio Ambiente y Territorio, Agust¨ªn Hern¨¢ndez, que ya entonces mostr¨® en p¨²blico su contrariedad por el acuerdo. Hern¨¢ndez supo entonces que la Justicia pondr¨ªa el punto de mira sobre la forma de entender el urbanismo de varios alcaldes, alg¨²n hist¨®rico del PP, pero tambi¨¦n socialistas y nacionalistas.

El conselleiro tem¨ªa -porque hab¨ªa visto la espectacular foto a¨¦rea de Barreiros que ocupaba toda una pared en la sede de la Axencia de Protecci¨®n da Legalidade Urban¨ªstica con las edificaciones irregulares marcadas en rojo- que este alcalde de la Mari?a lucense podr¨ªa ser el primero en entrar en los juzgados. No se equivocaba. La denuncia contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, la firm¨® el fiscal jefe de Lugo a mediados de diciembre pasado y toma como base los informes de la APLU.

El ministerio p¨²blico acusa al regidor y a tres de sus concejales, as¨ª como a la arquitecta municipal, de prevaricaci¨®n urban¨ªstica, por conceder a lo largo de todo el a?o 2006 los permisos pese a los informes contrarios de la secretaria del Ayuntamiento y el requerimiento de la anterior Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Territorial para que no lo hiciese.

Son varios los funcionarios consultados que afirman que entonces se fragu¨® la destituci¨®n de Hip¨®lito P¨¦rez como director de la axencia. No era ning¨²n secreto, porque por aquel entonces, finales de diciembre, principios de enero, un importante alto cargo de la conseller¨ªa de Territorio se permit¨ªa admitir en p¨²blico que tal vez P¨¦rez fuese "demasiado estricto" para ese puesto.

La destituci¨®n del que hab¨ªa sido subdirector de Disciplina Urban¨ªstica con Feij¨®o hasta 2005 se fragu¨® el jueves 11 de marzo en el Consello de la Xunta, sin que el presidente comunicase la decisi¨®n a la prensa. Hern¨¢ndez explic¨® despu¨¦s que la incorporaci¨®n de Mar¨ªa Mart¨ªnez Allegue, ex secretaria de los ayuntamientos de Mos y Tui, al puesto en sustituci¨®n de Hip¨®lito P¨¦rez buscaba fomentar "la cooperaci¨®n con los ayuntamientos". Pese a esa declaraci¨®n, tanto Hen¨¢ndez como el presidente de la Federaci¨®n de Municipios e Provincias, el socialista Carlos Fern¨¢ndez, se apresuraron a desmentir que los alcaldes hubieran presionado para relajar el control de la agencia, a la que el propio Fern¨¢ndez, regidor de Ames, siempre se neg¨® a adherirse.

Una semana m¨¢s tarde, fue el propio Feij¨®o quien reconoci¨® que su Gobierno decidi¨® modificar los estatutos para que el director de la agencia no tuviese "especifidades" respecto a otros directores generales. Dicho en lenguaje llano: la inspecci¨®n, el control urban¨ªstico y la potestad de sancionar vuelven a depender directamente del poder pol¨ªtico.

La purga en la Axencia de Protecci¨®n da Legalidade Urban¨ªstica hab¨ªa comenzado meses antes. Con el director, desde la llegada del PP a la Xunta, han ca¨ªdo su segunda, Isabel Garc¨ªa, y tres de los cuatro jefes de servicio provinciales, a excepci¨®n del de Ourense. Adem¨¢s de descabezar el equipo que hab¨ªa puesto en marcha este organismo, la nueva relaci¨®n de puestos de trabajo que est¨¢ elaborando la direcci¨®n del ente prescinde de 16 t¨¦cnicos (dos inspectores, ocho subinspectores, tres jefes de secci¨®n y tres auxiliares administrativos) que previsiblemente pasar¨¢n a depender directamente de la conseller¨ªa.

El cambio de los estatutos de la APLU operado por el departamento de Hern¨¢ndez le sirvi¨® adem¨¢s para hacerse con competencias hasta ahora en manos de la agencia: desde ahora el poder para autorizar obras y usos en los primeros 100 metros de la costa recaer¨¢ tambi¨¦n sobre la conseller¨ªa. El conselleiro de Territorio recupera la potestad para autorizar paseos mar¨ªtimos municipales, chiringuitos, aparcamientos e incluso infraestructuras para piscifactor¨ªas en la zona de servidumbre.