La opacidad estad¨ªstica dificulta el control de las cuentas auton¨®micas

Hay cifras que bastan para hacerse entender. Y, en el caso espa?ol, el porcentaje que compara el d¨¦ficit p¨²blico con el PIB es el mejor atajo para dar cuenta de la crisis fiscal. En febrero, la vicepresidenta econ¨®mica, Elena Salgado, anunci¨® que esa proporci¨®n hab¨ªa llegado al 11,4%, una cifra sin precedentes en la democracia espa?ola. A finales de marzo, pudo limarla un poco. "La cifra final es el 11,2%", dijo a la conclusi¨®n del ¨²ltimo Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera (CPFF), el ¨®rgano que re¨²ne a las comunidades y el Gobierno. Salgado explic¨® que el tenue recorte se deb¨ªa al resultado auton¨®mico (2% de d¨¦ficit frente al 2,2% previsto en febrero). Pero, como es habitual en el CPFF, no se suministraron estimaciones por comunidades.

S¨®lo a las puertas de 2011 se conocer¨¢n las cifras de 2009

La ausencia de estad¨ªsticas homologadas y actualizadas es un obst¨¢culo, a veces insalvable, cuando se quieren enjuiciar las decisiones de los gobiernos auton¨®micos, y que abarca m¨²ltiples ¨¢mbitos, desde las listas de espera a la partida de dependencia. El seguimiento de las cuentas p¨²blicas no es una excepci¨®n, pese a que existe un ¨®rgano (el CPFF) que centraliza los datos. Como en a?os anteriores, a las pocas semanas de liquidar los presupuestos de 2009, el Ministerio de Econom¨ªa fue capaz de hacer una estimaci¨®n del d¨¦ficit con que cerr¨® la Administraci¨®n central (-9,5%) y de anticipar el resultado global de las autonom¨ªas (-2,2%, luego corregido en marzo). Pero cuando se pregunta por los datos para cada comunidad, Econom¨ªa se niega a suministrar datos. El argumento es que debe hacer ajustes contables y que s¨®lo tiene la obligaci¨®n legal de publicarlos despu¨¦s de septiembre. Es decir, que s¨®lo habr¨¢ una informaci¨®n p¨²blica oficial sobre las cuentas auton¨®micas de 2009 a finales de 2010 cuando se est¨¢n ultimando los presupuestos de 2011. Para entonces, cualquier valoraci¨®n est¨¢, como m¨ªnimo, desfasada. Todo en contra de la mayor eficiencia.

Existe la v¨ªa alternativa de preguntar a cada una de las 17 comunidades, a¨²n a riesgo de recolectar datos no homologables. Este peri¨®dico se puso en contacto con todas las consejer¨ªas de Hacienda, con un resultado desigual. M¨¢s de la mitad (ver tabla adjunta) inform¨® del d¨¦ficit estimado para 2009, cifra en la que aseguraron haber aplicado los criterios contables que usa el Ministerio de Econom¨ªa. El resto se escud¨® en que la informaci¨®n est¨¢ a punto de ser validada (Navarra lo har¨¢ este mes), en que la cifra la debe hacer oficial Econom¨ªa o en que los datos a¨²n no est¨¢n cerrados.

En 2008, m¨¢s de la mitad de las comunidades superaron el tope de d¨¦ficit acordado (-0,75% del PIB). Una proporci¨®n que, seg¨²n los datos provisionales de las comunidades, se superar¨¢ con creces en 2009.

Ante el colapso de ingresos que se prev¨¦ para este a?o, el Gobierno decidi¨® ampliar ese tope hasta el 2,5%, siempre que se presentara desde el principio un plan de reequilibrio. S¨®lo la Comunidad de Madrid, que se atiene al l¨ªmite anterior (0,75%), no tiene que elaborarlo. El CPFF de marzo aprob¨® nueve de esos planes y Salgado anunci¨® que incorporaban ajustes adicionales sobre los presupuestos de esas comunidades, lo que se traduc¨ªa en un ahorro de 2.000 millones en gasto p¨²blico. Pero Econom¨ªa ni suministra los planes ni detalla el ahorro por comunidades.

A la falta de estad¨ªsticas centralizadas se une la falta de amparo legal. Espa?a es el ¨²nico gran pa¨ªs de Europa que no cuenta con una ley de acceso a la informaci¨®n de la Administraci¨®n. El Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero se comprometi¨® a elaborarla en 2004 y, de nuevo, en 2008. Fuentes de la vicepresidencia primera aseguran que esta vez el empe?o va en serio y que el proyecto de ley de Transparencia se remitir¨¢ al Congreso esta primavera.