?Valen menos las v¨ªctimas de Franco que las de Pinochet?

Hace cinco meses el fiscal de la Corte Penal Internacional, lo m¨¢s parecido a un ¨¢rbitro internacional, Luis Ocampo, en una entrevista a este diario se mostraba esc¨¦ptico respecto a las querellas interpuestas contra Baltasar Garz¨®n. "Son gajes del oficio", dec¨ªa. Dudaba que el magistrado de la Audiencia Nacional fuera a sentarse en el banquillo. Nunca pens¨® que las cosas fueran a llegar tan lejos.

Pero el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela atribuy¨® a la "imaginaci¨®n creativa" de Garz¨®n su decisi¨®n de abrir una causa al franquismo. Le acus¨® de "cuartear principios esenciales del Estado" y deneg¨® todas las pruebas de descargo que solicit¨® el juez querellado, entre ellas, el testimonio de otros jueces, de Espa?a y el extranjero, con id¨¦ntica fantas¨ªa. Hoy la carrera del juez pende de un hilo.

Asociaciones de jueces y fiscales nacionales e internacionales han emitido decenas de comunicados para concluir que donde el magistrado del Tribunal Supremo ve indicios de prevaricaci¨®n, hay, en realidad, un debate jur¨ªdico: el de la restricci¨®n de las leyes de amnist¨ªa o punto final para juzgar delitos de barbarie. Este es un repaso a lo que han dicho juristas y asociaciones de defensa de los derechos humanos de todo el mundo, aunque el juez Valera se ha negado a que se les escuche en el Tribunal Supremo.

- Comisi¨®n Internacional de Juristas (CIJ). Integrada por 59 presidentes y ex presidentes de Cortes Supremas, magistrados y abogados de pa¨ªses representados en Naciones Unidas, la CIJ expres¨® su "preocupaci¨®n" por la "interferencia injustificada" en las funciones profesionales de Garz¨®n y su investigaci¨®n de unos cr¨ªmenes "que Espa?a tiene el deber internacional de investigar y perseguir judicialmente", porque, a?ad¨ªan, son imprescriptibles.

- Eugenio Ra¨²l Zaffaroni, Corte Suprema de Justicia de Argentina. Particip¨® en la redacci¨®n de la sentencia que acab¨® con las dos leyes de Obediencia civil y Punto Final que amnistiaban los delitos cometidos durante la dictadura argentina. "Da la sensaci¨®n de que Espa?a trata de ocultar la existencia de cr¨ªmenes contra la humanidad", opin¨®. "No se entiende. La privaci¨®n del estado civil, y el secuestro de ni?os es un delito permanente. Es decir, el delito se sigue cometiendo mientras no se d¨¦ cuenta del paradero del secuestrado. Es doctrina universal aceptada por todos los pa¨ªses, no tiene que ver con el c¨®digo penal de cada pa¨ªs", asegur¨®.

- Amnist¨ªa Internacional. "El Comit¨¦ de Derechos Humanos y el Comit¨¦ contra la Tortura, de la ONU, han se?alado que Espa?a debe revocar la Ley de Amnist¨ªa. Han reiterado a las autoridades espa?olas que la desaparici¨®n forzada y la tortura son cr¨ªmenes por los que no pueden aplicarse amnist¨ªas y que no prescriben", asegura. Su posici¨®n es que "en vez de entablar acciones penales contra Garz¨®n por investigar delitos de derecho internacional, Espa?a, independientemente de la fecha de comisi¨®n de los delitos, debe llevar a los responsables ante la justicia".

- Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Esta organizaci¨®n ha asesorado a decenas de estados en procesos de revisi¨®n de su pasado dictatorial. "Espa?a ha ratificado el estatuto del Tribunal Penal Internacional, se ha comprometido a poner fin a la impunidad de los cr¨ªmenes m¨¢s graves, y no a promoverla", afirm¨® el presidente del ICTJ, David Tolbert. "Aquellos jueces que investigan de buena fe, respaldados por el derecho internacional, no pueden hacer su trabajo si se sienten bajo amenaza de ser pol¨ªticamente atacados con acciones legales".

- Comisi¨®n Colombiana de Juristas. La organizaci¨®n expres¨® su "enorme preocupaci¨®n" por la decisi¨®n de Varela. "Los fundamentos de la decisi¨®n del magistrado instructor resultan contrarios a derecho e incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado espa?ol en materia de investigaci¨®n y represi¨®n de los cr¨ªmenes de lesa humanidad", que, a?ad¨ªan, "son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnist¨ªas o medidas similares". "Resulta extra?o, jur¨ªdica y ¨¦ticamente, que un magistrado pueda ser juzgado por buscar la verdad, la justicia y la reparaci¨®n por los cr¨ªmenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil espa?ola y la posterior dictadura franquista. Esta decisi¨®n del Magistrado instructor del Supremo env¨ªa una mala se?al al mundo".

- Human Rights Watch. "La decisi¨®n de procesar a Garz¨®n permite que Espa?a y Europa sean acusadas de aplicar un doble rasero y socava la credibilidad y efectividad de la UE en la lucha contra la impunidad por delitos graves", declar¨® Lotte Leicht, directora de la oficina ante la UE de la organizaci¨®n internacional. "La decisi¨®n de Garz¨®n de no aplicar la Ley de Amnist¨ªa tiene sustento tanto en el derecho internacional convencional como consuetudinario, que obliga a los Estados a investigar los delitos internacionales m¨¢s graves, incluidos los cr¨ªmenes de lesa humanidad". "En 2008, el Comit¨¦ de Derechos Humanos de la ONU inst¨® a Espa?a a derogar la Ley de Amnist¨ªa de 1977 y a garantizar que los tribunales no aplicasen plazos de prescripci¨®n en los casos de delitos de lesa humanidad". "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determin¨® en 2009 que las leyes de amnist¨ªa son incompatibles con la obligaci¨®n de los estados de investigar los actos de tortura o barbarie".

- Clara Bayarri, magistrada de la Audiencia Nacional. Emiti¨® un voto particular discrepante, junto a Ricardo de Prada y Ram¨®n S¨¢ez, en el que se mostraba partidaria de la competencia de la Audiencia para investigar "delitos de lesa humanidad y genocidio que la sistem¨¢tica y masiva eliminaci¨®n de adversarios pol¨ªticos que se verific¨® tras la Guerra Civil constituye". "Soy una discrepante, s¨ª, pero no soy por ello una grosera ignorante de la legalidad ni una prevaricadora".

- Jueces para la Democracia y Uni¨®n Progresista de Fiscales. Ambas organizaciones, descendientes de Justicia Democr¨¢tica, nacida bajo la dictadura franquista, emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraban: "A nivel judicial ninguna responsabilidad ha sido establecida por la autor¨ªa de tan horrendos cr¨ªmenes . Este drama, una verg¨¹enza nacional y una verdadera excepci¨®n en nuestro ¨¢mbito, resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicci¨®n espa?ola ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad (...) en otros pa¨ªses". "La investigaci¨®n respond¨ªa a requerimientos del derecho internacional, a la lucha contra la impunidad de los m¨¢s graves cr¨ªmenes contra la humanidad internacional, a la promoci¨®n y defensa de los derechos humanos. Esta imaginaci¨®n creativa que consider¨® inaplicables las leyes de punto final y obediencia debida (...) permiti¨® sentar en el banquillo a dictadores, torturadores y genocidas (...) Cuestionar la ley de amnist¨ªa con base al derecho internacional, que niega validez a las normas de impunidad de los cr¨ªmenes internacionales, no puede ser un hecho delictivo porque entra en la funci¨®n del juez como int¨¦rprete de la legalidad ponderar las normas que debe aplicar. (...)".