P¨²blico y privado: cuesti¨®n de modelo

Hoy ya sabemos que la din¨¢mica de expansi¨®n fiscal -prestaciones sociales, inversi¨®n en obra p¨²blica- asociada a un mayor d¨¦ficit y endeudamiento de las Administraciones no puede prolongarse. Que exige, como hemos visto estos ¨²ltimos d¨ªas, la adopci¨®n de medidas que nos devuelvan a los criterios de estabilidad presupuestaria. No por un fundamentalismo de los indicadores, sino por la necesidad de que nuestra econom¨ªa vuelva a crecer por s¨ª misma y sobre bases s¨®lidas. El retorno, en tan s¨®lo cuatro a?os, al 3% de d¨¦ficit p¨²blico desde el 11,4% con el que cerramos 2009, constituye el referente m¨¢s expresivo del esfuerzo de rigor, disciplina y control del gasto que tenemos por delante.

La combinaci¨®n de crisis econ¨®mica, disminuci¨®n de los ingresos p¨²blicos, aumento del gasto social y, en el caso de Espa?a, la pr¨¢ctica desaparici¨®n de los fondos estructurales, determinan un escenario de fuerte presi¨®n sobre los recursos p¨²blicos y un gran debate sobre las prioridades en su utilizaci¨®n.

En este entorno se hace necesario explorar, sin prejuicios y desde la confianza mutua entre los sectores p¨²blico y privado, v¨ªas de colaboraci¨®n en la financiaci¨®n y en la gesti¨®n que permitan atender, desde los presupuestos p¨²blicos, las necesidades prioritarias en los ¨¢mbitos del desempleo, de la salud, la dependencia, la educaci¨®n o la inmigraci¨®n, sin cuestionar, m¨¢s all¨¢ de lo razonable, la continuidad de las inversiones en servicios e infraestructuras que son determinantes para la sostenibilidad, la competitividad y el crecimiento futuros de la econom¨ªa.

Para que ello sea posible, la Administraci¨®n debe ver en el sector privado un compa?ero de viaje para el impulso de unas pol¨ªticas p¨²blicas que demandan la aplicaci¨®n de unos recursos, hoy m¨¢s que nunca, limitados. Por su parte, el sector privado debe explicitar su apuesta por unos proyectos a largo plazo, de riesgo m¨¢s limitado y con rentabilidades m¨¢s seguras y por ello, l¨®gicamente, moderadas.

La colaboraci¨®n entre lo p¨²blico y lo privado dispone en Espa?a de un marco jur¨ªdico s¨®lido, pero debemos avanzar en la plasmaci¨®n de criterios coherentes que concreten los ¨¢mbitos en los que esta colaboraci¨®n es posible y los casos en los que el acceso a la prestaci¨®n es el pago por uso, el copago o el libre acceso. La fijaci¨®n de estos criterios, su coherencia y su justificaci¨®n p¨²blica son fundamentales, tanto para la comprensi¨®n ciudadana como para la garant¨ªa de las inversiones privadas.

En Espa?a contamos con una tradici¨®n hist¨®rica de modelos de colaboraci¨®n p¨²blico-privada. La sanidad o la educaci¨®n con los conciertos entre las Administraciones y las instituciones privadas son un claro ejemplo de ello. Durante a?os, el mutualismo fue un ejemplo de c¨®mo desde el sector "no p¨²blico" se puede contribuir a generar un beneficio que s¨ª que es p¨²blico y que impulsa una actividad econ¨®mica socialmente eficiente.

Es pues momento de aprovechar esta experiencia y afrontar as¨ª la ineludible correcci¨®n del d¨¦ficit. Apuntar¨¦ s¨®lo dos ejemplos de lo que, desde el ¨¢mbito de las infraestructuras, puede hacerse en este campo. El primero se refiere a la implantaci¨®n de la Directiva Eurovignette, que Francia y varios pa¨ªses de la UE tendr¨¢n ya en marcha en 2012. En Espa?a esta medida permitir¨ªa no s¨®lo establecer el necesario modelo arm¨®nico de tarificaci¨®n de la red viaria, sino que tambi¨¦n aportar¨ªa recursos para no diferir inversiones hoy amenazadas por un retraso indefinido; mantener la red viaria existente; y facilitar la reducci¨®n del d¨¦ficit con una actuaci¨®n m¨¢s equitativa, y socialmente m¨¢s aceptable, que otras medidas de austeridad. El segundo hace referencia a los aeropuertos. La entrada de la gesti¨®n privada en los aeropuertos permitir¨ªa al Estado, por medio de la concesi¨®n administrativa individualizada de los distintos aeropuertos, reducir la deuda acumulada en AENA, y con ella su coste financiero, manteniendo bajo tutela estatal tanto la navegaci¨®n a¨¦rea como la regulaci¨®n y la titularidad patrimonial del sistema aeroportuario. Se fomentar¨ªa as¨ª una competencia que dar¨ªa respuesta eficiente a la demanda de movilidad de los ciudadanos, a la vez que facilitar¨ªa la participaci¨®n de los actores territoriales -comunidades, ayuntamientos y agentes econ¨®micos- en las decisiones sobre la infraestructura. En el momento en que nuestra econom¨ªa m¨¢s lo necesita, el conjunto del sistema debe aprovechar la solvencia y capacidad de gesti¨®n de las grandes empresas del sector de las infraestructuras que, pese a las dificultades derivadas de la fuerte contracci¨®n financiera mundial, siguen teniendo acceso a los recursos financieros necesarios para invertir a largo plazo en proyectos de colaboraci¨®n p¨²blico-privada en Espa?a.

Salvador Alemany es presidente de Abertis y del C¨ªrculo de Econom¨ªa.