La reforma laboral abre la veda del despido barato

El abaratamiento y la agilizaci¨®n del despido constituyen las f¨®rmulas clave que pone en marcha la reforma laboral para atajar la temporalidad excesiva. Tras elaborar varios borradores, el Consejo de Ministros aprob¨® ayer finalmente el decreto que regular¨¢ el mercado de trabajo a partir de ma?ana, con cambios que endurecen las medidas inicialmente propuestas e inclinan la reforma hacia las demandas empresariales. Se trata de una reforma de gran calado -"la m¨¢s importante en 20 a?os", seg¨²n la vicepresidenta Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega- que invalida la principal promesa del presidente del Gobierno al inicio de este proceso: "No habr¨¢ despidos m¨¢s baratos ni m¨¢s f¨¢ciles ni m¨¢s libres".

El Ejecutivo consolida el abaratamiento del despido por una doble v¨ªa. En primer lugar, se abre la puerta a que cualquier vaiv¨¦n en una empresa justifique el despido por motivos econ¨®micos, que comporta una indemnizaci¨®n de 20 d¨ªas por a?o, frente a los 45 ordinarios del despido improcedente. La redacci¨®n final del decreto que hoy publicar¨¢ el Bolet¨ªn Oficial del Estado es mucho m¨¢s difusa de lo previsto. En lugar de exigir p¨¦rdidas para justificar esos despidos, el Ejecutivo opta por considerar suficiente que "de los resultados de la empresa se desprenda una situaci¨®n econ¨®mica negativa".

Se trata de una redacci¨®n que permite cualquier tipo de interpretaci¨®n judicial, pues en la categor¨ªa de situaci¨®n econ¨®mica negativa caben desde p¨¦rdidas hasta una ca¨ªda de la facturaci¨®n o una depreciaci¨®n de activos. La intenci¨®n del Ejecutivo ha sido dejar abierto ese criterio a las aportaciones que los grupos pol¨ªticos har¨¢n durante la tramitaci¨®n parlamentaria del decreto. El propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, explic¨® ayer a los periodistas que la mayor parte de los cambios introducidos respecto al planteamiento inicial obedecen a las sugerencias de los grupos (se entiende que los que tienen m¨¢s visos de apoyar el decreto, principalmente CiU).

La segunda f¨®rmula -la m¨¢s clara- de abaratamiento del despido consiste en aplicar sin titubeos la pretensi¨®n inicial de este proceso: universalizar el contrato fijo con indemnizaci¨®n de 33 d¨ªas, frente a los 45 ordinarios. La redacci¨®n final del decreto incluye en este contrato al ¨²nico colectivo formalmente excluido hasta ahora: los hombres de 31 a 44 a?os que hayan sido despedidos de un puesto fijo, un muy amplio contingente.

De esa forma, el contrato de 45 d¨ªas se mantiene para todos los ya vigentes, que en ning¨²n caso se reformular¨¢n, y para los fichajes de trabajadores que pasen de una empresa a otra. "El Gobierno apuesta decididamente por que este contrato sea utilizado por el mayor n¨²mero de personas posible", asegur¨® Corbacho tras el Consejo de Ministros. Tanto ¨¦l como De la Vega insistieron en que la reforma pretende que el despido sea "la ¨²ltima opci¨®n". Resultar¨¢, eso s¨ª, m¨¢s f¨¢cil y barata.

Un instrumento para lograrlo ser¨¢ la financiaci¨®n, a cargo de un fondo p¨²blico, de parte de los costes de despido. El Fogasa, engrosado con cotizaciones empresariales, abonar¨¢ ocho d¨ªas por a?o de cualquier indemnizaci¨®n por despido econ¨®mico (tanto del procedente de 20 d¨ªas como del improcedente de 33 o de 45). Ese pago solo regir¨¢ para los contratos indefinidos suscritos a partir de la entrada en vigor de la norma -no se aplica a los ya vigentes- y siempre que la relaci¨®n laboral haya durado m¨¢s de un a?o.

A partir del 1 de enero de 2012, un nuevo fondo de capitalizaci¨®n se encargar¨¢ de financiar parcialmente el despido con los criterios que se establezcan a trav¨¦s de una regulaci¨®n espec¨ªfica. El decreto aprobado ayer subraya que ese nuevo fondo se introducir¨¢ "sin incremento de las cotizaciones empresariales", lo que siembra dudas sobre la forma de financiarlo. Preguntado al respecto, Corbacho no quiso aclararlo, aunque s¨ª especific¨® que el cambio ser¨¢ neutro para las empresas. Es decir, si deben engrosar el nuevo fondo, lo m¨¢s probable es que ese incremento de costes laborales se compense con rebajas en otras partidas.

Todas estas modificaciones escoran el texto a favor de las demandas empresariales. La ¨²nica concesi¨®n a los sindicatos ha sido eliminar la figura obligatoria de arbitraje cuando la empresa y los trabajadores no se pongan de acuerdo en modificar las condiciones salariales, geogr¨¢ficas y organizativas del trabajo. La intenci¨®n inicial era instar a una mediaci¨®n obligatoria en caso de discrepancias. Con la nueva redacci¨®n -el Gobierno fue advertido de que el texto pod¨ªa ser inconstitucional- el ¨¢rbitro actuar¨¢ solo si las dos partes est¨¢n de acuerdo.