El Consejo de PT estudia hasta qu¨¦ punto es vinculante el veto estatal

Los accionistas de Portugal Telecom (PT) esperan sortear el veto gubernamental del mi¨¦rcoles, y cerrar la venta de Vivo a Telef¨®nica despu¨¦s de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo, que el pr¨®ximo 8 de julio declarar¨¢ ilegal, seg¨²n todos los indicios, la acci¨®n de oro ejercida por el Estado portugu¨¦s. La justicia europea es en estos momentos la esperanza de Telef¨®nica y del 73,9% de accionistas de PT que vot¨® a favor de la oferta de la operadora espa?ola de 7.150 millones para hacerse con el control de Vivo. El Consejo ha encargado dict¨¢menes con los que trata de aclarar hasta qu¨¦ punto el voto en contra del Estado en la junta es vinculante, especialmente si la acci¨®n de oro se declara ilegal.

El Gobierno luso ve estrat¨¦gico el caso, mientras el espa?ol elude pronunciarse

El Ejecutivo opina que Telef¨®nica ha actuado de forma demasiado agresiva

Los equipos jur¨ªdicos de las distintas partes deber¨¢n trabajar a fondo los pr¨®ximos d¨ªas para encontrar qu¨¦ instrumentos tienen a su alcance. Fuentes de la compa?¨ªa confirmaron a este diario que la postura de los 25 integrantes del Consejo era y es contraria al uso de la acci¨®n de oro en la votaci¨®n de la oferta de Telef¨®nica. "La acci¨®n de oro no interviene, participa como una acci¨®n normal, sin derechos especiales", declar¨® Zeinal Bava, presidente ejecutivo de PT, en una entrevista a este diario el pasado 20 de junio.

El Consejo de PT quiere profundizar en las implicaciones de la decisi¨®n del presidente de la junta de dar poder de veto a esa acci¨®n de oro, en contra del criterio del Consejo. Dado que la venta de Vivo no requer¨ªa en principio el voto de la junta, los juristas analizar¨¢n cu¨¢l es el margen de maniobra del Consejo, especialmente tras la sentencia del 8 de julio. Experiencias anteriores indican que las sentencias del Tribunal de la UE no son de aplicaci¨®n inmediata y pueden demorar tiempo, en funci¨®n de la voluntad del Gobierno implicado. En todo caso, si la opini¨®n legal es que el Consejo puede dar luz verde a la operaci¨®n, quedar¨¢ por tomar la decisi¨®n de enfrentarse o no al Gobierno del socialista Jos¨¦ S¨®crates. La fecha l¨ªmite es por ahora el 16 de julio, cuando expira la oferta de Telef¨®nica.

En la pugna jur¨ªdica y pol¨ªtica, el Estado portugu¨¦s est¨¢ notoriamente solo frente al comprador espa?ol, la mayor¨ªa de accionistas de PT y la Uni¨®n Europea. Solo, pero firme, al menos aparentemente. El primer ministro firm¨® ayer un art¨ªculo de opini¨®n en el diario portugu¨¦s P¨²blico, en el que justifica el veto gubernamental en la junta de PT y sostiene que "nadie lesion¨® los derechos leg¨ªtimos y hasta comprensibles de otros accionistas". S¨®crates lanza una amenaza velada cuando afirma que "el Gobierno, al menos este Gobierno, no renuncia a ning¨²n instrumento a su alcance para defender los intereses estrat¨¦gicos de Portugal. Si alguien no lo sab¨ªa, ahora ya lo sabe".

Mientras S¨®crates hizo una defensa cerrada del valor estrat¨¦gico de Vivo para la econom¨ªa portuguesa, el presidente del Gobierno espa?ol, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, se mostr¨® lac¨®nico cuando fue preguntado por el veto del Gobierno luso. "Espero que se produzca la sustanciaci¨®n de esa cuesti¨®n empresarial por los t¨¦rminos del entendimiento y del di¨¢logo", se limit¨® a declarar. Zapatero ni siquiera dijo si, como se le pregunt¨®, ha abordado este asunto con su hom¨®logo portugu¨¦s, Jos¨¦ S¨®crates. Lo cierto, seg¨²n fuentes de La Moncloa, es que ambos no han hablado en las ¨²ltimas horas, aunque s¨ª lo hicieron al inicio del proceso, en mayo.

Zapatero y S¨®crates, ambos socialistas, mantienen una estrecha relaci¨®n pol¨ªtica, hasta el punto de que se han planteado celebrar un Consejo de Ministros conjunto de los dos Gobiernos. Sin embargo, Zapatero se ha mantenido p¨²blicamente al margen de lo que ayer calific¨® como una "cuesti¨®n empresarial"; aunque es obvio que Portugal no lo ve as¨ª. Fuentes de La Moncloa alegan que nadie le ha pedido a Zapatero que intervenga, aunque las dos partes le han informado, y que ser¨¢ el Tribunal de la UE el que zanje el debate sobre la ilegalidad de la acci¨®n de oro, por lo que cualquier pronunciamiento p¨²blico del Gobierno espa?ol resulta innecesario; e incluso puede ser contraproducente. A este respecto subrayan que parte de la opini¨®n p¨²blica lusa ha convertido el asunto en una cuesti¨®n de dignidad nacional, a lo que ha podido colaborar una estrategia excesivamente agresiva de Telef¨®nica, por lo que lo mejor es rebajar el tono y dejar que las aguas vuelvan a su cauce por s¨ª solas.

En cambio, Michel Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, no dej¨® ayer ninguna duda sobre el rechazo de la Comisi¨®n a la decisi¨®n portuguesa de impedir mediante la acci¨®n de oro que Telef¨®nica pueda comprar la parte de PT en Vivo. Barnier calific¨® de "restricci¨®n injustificada" la actuaci¨®n de Lisboa.

Para el comisario, "la posici¨®n de la Comisi¨®n sobre la acci¨®n de oro del Gobierno portugu¨¦s en el caso de Portugal Telecom es clara desde hace bastante tiempo". Barnier precis¨® que se trata de "una restricci¨®n injustificada" contra el principio de la libre circulaci¨®n de capitales.

El contencioso de Bruselas con el Gobierno portugu¨¦s arranca de 2005 cuando la Comisi¨®n abri¨® un procedimiento de infracci¨®n contra el Ejecutivo de Lisboa por mantener la acci¨®n de oro y el asunto pas¨® en 2008 al Tribunal de la UE, cuya sentencia est¨¢ prevista para el pr¨®ximo d¨ªa 8.

"Debido a la proximidad de la sentencia del Tribunal, la Comisi¨®n, quiere esperar esta sentencia, y una vez emitida, analizar¨¢ las eventuales medidas que tengan que tomarse", dijo Barnier. Y record¨® que "los Estados miembros deben acatar las sentencias del tribunal".

Se da la circunstancia de que el argumento que ha empleado el Gobierno portugu¨¦s para defender su posici¨®n es que nunca hab¨ªa usado el derecho de veto. En este sentido, las conclusiones del abogado general sobre el caso Paolo Mengozzi, recuerda las argumentaciones del abogado portugu¨¦s de que hab¨ªa que considerar "sobre todo que el Estado portugu¨¦s nunca ha recurrido, hasta el d¨ªa de hoy, a su derecho a veto".

Mengozzi estima, no obstante, que Portugal ha incumplido las obligaciones del tratado.