Catalu?a: la fractura

Nada refleja mejor la mara?a que ha envuelto al tema del Estatut que el interminable debate sobre la condici¨®n nacional de Catalu?a, reconocida en su pre¨¢mbulo. Por ello, hace meses que la oposici¨®n de un notable constitucionalista disip¨® la posibilidad de un acuerdo "progresista" sobre el conjunto del texto, y ahora la sentencia corta el nudo gordiano pronunciando una obviedad, pues no otra cosa es advertir que una declaraci¨®n incluida en un pre¨¢mbulo carece de efectos normativos, con un a?adido que l¨ªa un poco m¨¢s las cosas al acentuar los perfiles de dicha restricci¨®n. Curiosamente, si abandonamos la pol¨¦mica y regresamos al pol¨¦mico texto, las sombras desaparecen.

Los redactores del Estatut describ¨ªan una situaci¨®n real, indiscutible, de afirmaci¨®n por el Parlamento catal¨¢n en nombre de una mayor¨ªa de los catalanes, en el sentido de que Catalu?a es una naci¨®n. La siguiente frase parec¨ªa anunciar un refrendo infundado del reconocimiento constitucional de dicha propuesta, pero a continuaci¨®n la ambig¨¹edad se desvanec¨ªa al advertir que tal reconocimiento por la Constituci¨®n de la "realidad nacional" se da en cuanto nacionalidad. La jerarqu¨ªa entre naci¨®n y nacionalidad quedaba establecida as¨ª desde el mismo pre¨¢mbulo, sin necesidad de proceder a una reafirmaci¨®n tajante de la naci¨®n ¨²nica, la espa?ola, con el consiguiente efecto de desaf¨ªo. Un guante que como vemos est¨¢ siendo recogido.

Tal vez la sentencia aprobada por el TC se encuentre entre las mejores posibles

No importa si el PP resulta o no desautorizado. Cuenta ante todo la imbricaci¨®n de los contenidos jur¨ªdico-pol¨ªticos de la sentencia con el estado colectivo de irritaci¨®n, impulsado por los l¨ªderes pol¨ªticos y de opini¨®n en la sociedad catalana. Derecho Constitucional y an¨¢lisis psicol¨®gico-social han de conjugarse si aspiramos a un balance ponderado. Esta exigencia es tanto mayor cuanto que en todo el proceso la incomprensible tardanza, los cuatro a?os de espera por parte del Tribunal Constitucional (TC), se han convertido en un poderoso est¨ªmulo para la radicalizaci¨®n de las posiciones y para el desprestigio del ordenamiento constitucional espa?ol. Resulta err¨®neo estimar que el contenido jur¨ªdico de la sentencia pueda mantenerse inmunizado ante la contaminaci¨®n de ese ambiente malsano de espera interminable y perniciosas filtraciones. Los tejemanejes en torno al TC han proporcionado un argumento inmejorable a aquellos dispuestos a descalificar toda decisi¨®n que no sea el visto bueno in toto para el texto de 2006.

Claro que eso no es todo. La situaci¨®n recuerda las negociaciones en el 68 de los dirigentes checos apresados en Mosc¨² con Brezhnev y su s¨¦quito. Por norma, en toda negociaci¨®n entre partidos hermanos hab¨ªa que aprobar una declaraci¨®n com¨²n, y los sovi¨¦ticos presentaron el suyo. Solo que cada vez que la comisi¨®n checa les llevaba propuestas de modificaci¨®n, los sovi¨¦ticos las rechazaban sin mirarlas. En el caso catal¨¢n, la historia se repite: la menor alteraci¨®n del texto originario resulta una afrenta. Toda opini¨®n discordante, un atentado contra la democracia catalana desde el centralismo espa?ol. Un escenario sumamente peligroso para todos, salvo para los independentistas catalanes, que tuvo su origen en la insensata proclamaci¨®n por Zapatero del ¨¢mbito catal¨¢n de decisi¨®n en noviembre de 2003. De ah¨ª surgi¨® una legitimidad para el ejercicio de un poder constituyente catal¨¢n, que las Cortes de Madrid convalidar¨ªan, como as¨ª hicieron, sin que las exigencias derivables de la Constituci¨®n espa?ola debieran ser tenidas en cuenta. La simple existencia de un Tribunal Constitucional se volv¨ªa intolerable ante su posible aceptaci¨®n de eventuales recursos. Zapatero dijo que tocaba a los catalanes decidir y al Gobierno socialista de Madrid convalidar. La manifestaci¨®n del d¨ªa 10 llev¨® por lema Nosaltres decid¨ªm! L¨®gico.

En contra de tantas cr¨ªticas recibidas, tal vez la sentencia aprobada se encuentre entre las mejores posibles. Aplicando el lema fortiter in re, suaviter in modo, renuncia a seguir la v¨ªa sugerida por el recurso del PP de m¨²ltiples anulaciones de art¨ªculos del Estatut para centrarse en la reconducci¨®n de aspectos esenciales. No se trata de que la sentencia apruebe o niegue la constitucionalidad del Estatut, sino de que elimina las aristas, incluso al precio de incurrir en alguna ambig¨¹edad (el catal¨¢n, lengua vehicular) hasta convertir al Estatut, mediante un n¨²mero reducido de anulaciones y uno mayor de reinterpretaciones, en una norma constitucional. La primac¨ªa constitucional sobre un estatuto no pod¨ªa ser discutida, y no lo ha sido, con un inteligente giro al convertir la bilateralidad en cooperaci¨®n. El v¨¦rtice del poder judicial es estatal, as¨ª como la primac¨ªa en la regulaci¨®n de competencias compartidas; la promoci¨®n del catal¨¢n no puede llevar a la subalternidad del castellano; el privilegio en la financiaci¨®n estatal resulta corregido; la disponibilidad ling¨¹¨ªstica excluye todo atentado a la paridad de las lenguas.

Demasiado, por si no bastase la afrenta de tocar lo intocable. Pero el problema es de fondo y remite al secular desfase de Catalu?a respecto de la trayectoria hist¨®rica espa?ola. La conclusi¨®n para los manifestantes es bien simple: "Constituci¨®n espa?ola, ?para qu¨¦?". Es tiempo de releer La pell de brau, La piel de toro, de Salvador Espr¨ªu, asumiendo que solo hay un camino para reencontrar la fraternidad perdida: Escolta Sepharad, els homes no poden ser si no son lliures. Y libertad implica derecho y renuncia a la demagogia.

Antonio Elorza es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica.