El Gobierno pone en marcha el rescate de parte del Estatuto catal¨¢n

El Gobierno puso ayer en marcha el rescate de parte del Estatuto de Catalu?a, tras la poda realizada por la sentencia del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo pretende salvar una parte, especialmente la referida al cap¨ªtulo de Justicia; otra, como la referida a competencias delegadas, deber¨¢ ser negociada con la Generalitat, y una tercera es imposible de recuperar: el concepto de naci¨®n del pre¨¢mbulo, las funciones del Defensor del Pueblo o la bilateralidad, entre otros aspectos.

Ayer el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, present¨® al Consejo de Ministros un informe detallado sobre la forma de proceder y de ah¨ª sali¨® el mandato al Ministerio de Justicia para promover las reformas legales necesarias y el compromiso de convocar en breve la Comisi¨®n de Delegada de Pol¨ªtica Auton¨®mica para reunir en septiembre la comisi¨®n mixta de traspasos. Francisco Caama?o, ministro de Justicia y redactor de casi todo el texto final del Estatuto, tendr¨¢ que poner en marcha la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial para que el Consejo General del Poder Judicial delegue a los consejos auton¨®micos previstos en varios estatutos parte de sus competencias.

Los traspasos pendientes ser¨¢n negociados en plena campa?a electoral

La sentencia establec¨ªa que esa descentralizaci¨®n no pod¨ªa hacerse a trav¨¦s de los estatutos, pero s¨ª mediante la reforma de la ley. Adem¨¢s, deber¨¢ abordar la reforma del recurso de casaci¨®n para que el Tribunal Supremo delegue esa funci¨®n en los tribunales Superiores de Justicia. Se incluye tambi¨¦n la reforma del Estatuto fiscal para que miembros del ministerio p¨²blico puedan formar parte de esos consejos.

El Consejo de Ministros dio ayer este primer paso, pero la complejidad de la reforma legal hace que resulte incierta su aprobaci¨®n en lo que queda de legislatura. Ser¨ªa preciso definir la composici¨®n de esos consejos auton¨®micos, la forma de designaci¨®n, las competencias que podr¨ªan asumir sin romper la unidad de la Justicia en todo el Estado, y ponerlos en marcha. Los partidos nacionalistas son claramente partidarios, pero el PP est¨¢ en contra, a pesar de que los acept¨® en estatutos que promovi¨®, como el de Andaluc¨ªa y el de Valencia.

Adem¨¢s, el Gobierno puso en marcha el procedimiento para negociar traspasos de competencias delegadas, incluidas en el Estatuto. Por ejemplo, hay un bloque sobre educaci¨®n y otros sobre infraestructuras ferroviarias, museos y seguridad. Tambi¨¦n hay una parte sobre las veguer¨ªas y la nueva demarcaci¨®n territorial de Catalu?a, sobre la que el Gobierno tiene serias dudas. Debe tambi¨¦n buscar f¨®rmulas para que las comunidades, en este caso Catalu?a, puedan tener presencia en ¨®rganos, como ya se ha hecho con el Constitucional, y una cierta representaci¨®n en la Unesco. Y deben negociarse mecanismos de coordinaci¨®n para ejecutar competencias compartidas. El calendario dificulta el desarrollo porque en septiembre se convocar¨¢n las elecciones catalanas.

El anuncio no provoc¨® entusiasmo en los partidos catalanes. El PSC lo ve positivo, aunque pide un calendario concreto; CiU cree que es "una t¨¢ctica preelectoral" y ERC, "una cortina de humo". El PP dice que "no se puede cambiar la Constituci¨®n a espaldas de los espa?oles", informa Maiol Roger.