Aguirre ya ha iniciado la guerra sindical en Educaci¨®n y Sanidad
La reducci¨®n de docentes liberados est¨¢ recurrida ante los tribunales - La ley de ¨¢rea ¨²nica reducir¨¢ el 75% de los representantes de m¨¦dicos y enfermeras
Objetivo: los sindicatos. Nada nuevo en el largamente cultivado pulso del Gobierno de Esperanza Aguirre con los representantes de los empleados. "Viven sin trabajar", solt¨® el ex consejero de Sanidad, Juan Jos¨¦ G¨¹emes, en mayo de 2008, refiri¨¦ndose a los liberados sindicales. Aguirre tampoco se qued¨® corta: "Son un anacronismo y un esc¨¢ndalo". Por eso el recorte que ayer confirm¨® la presidenta en el debate sobre el estado de la regi¨®n no ha sorprendido en exceso. En Educaci¨®n y en Sanidad, menos a¨²n. Porque en estos dos sectores Aguirre lleva un tiempo ensayando su particular guerra contra el liberado. Educaci¨®n ha sido la avanzadilla. Aguirre decidi¨® reducir el n¨²mero de horas sindicales en la ense?anza p¨²blica sin pacto ni aviso. Incluy¨® la reducci¨®n en la Ley de Medidas Urgentes que bajaba el sueldo de los funcionarios un 5%, como aprob¨® el Gobierno central.
Las ¨¢reas sanitarias pasan de 11 a una para seis millones de personas
El recorte de horas en la ense?anza p¨²blica preuniversitaria supuso perder mucho m¨¢s de la mitad de la representaci¨®n. Pasaron de 190 a 70 liberados. CC OO lo ha llevado a los tribunales "por vulneraci¨®n de derechos fundamentales". El sindicato aleg¨® que se hab¨ªa hecho de forma "unilateral" y solo en el ¨¢mbito educativo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido el recurso, que est¨¢ pendiente de sentencia.
En Sanidad la tijera va por otro lado. El Gobierno aprovecha la recientemente aprobada Ley de Libre Elecci¨®n y de ?rea ?nica para reducir el n¨²mero de delegados sindicales hasta en tres cuartas partes. La nueva norma termina de un plumazo con la divisi¨®n territorial actual suprimiendo las 11 ¨¢reas sanitarias en que se divide la regi¨®n y dejando una sola para gestionar la sanidad de m¨¢s de seis millones de madrile?os. Como cada ¨¢rea ten¨ªa su junta de personal -algo as¨ª como el comit¨¦ de empresa- al reducir las ¨¢reas se reducen los delegados. Si la negociaci¨®n con los sindicatos no lo impide, pasar¨¢n de los 321 actuales a 75.
Y queda la traca final que afectar¨¢ a todos los sectores. La que ayer confirm¨® Aguirre, casi de pasada y sin detalles de c¨®mo y cu¨¢ndo piensa hacerlo: "El Gobierno de la Comunidad de Madrid ajustar¨¢ el n¨²mero de liberados sindicales para el ejercicio de sus derechos al que les corresponde por ley".Aguirre quiere reducir dos de cada tres liberados, seg¨²n explic¨® horas m¨¢s tarde una portavoz del Gobierno. En realidad, hay que hablar de horas de representaci¨®n, porque no todos los delegados est¨¢n liberados completamente. Esas horas equivalen a 3.500 trabajadores a tiempo completo, de los que se quieren suprimir 1.930, lo que supondr¨¢ un ahorro de 73 millones, seg¨²n la Comunidad. El problema es que la actual representaci¨®n sindical est¨¢ recogida en leyes y acuerdos a¨²n en vigor.
Aguirre quiere meter la tijera a las horas mensuales que cada delegado dedica a su funci¨®n representativa -un derecho recogido en una ley org¨¢nica- de las 75 actuales (pactadas como mejora del m¨ªnimo estatal entre la Administraci¨®n y los sindicatos en el caso, por ejemplo, de Educaci¨®n y Sanidad) a las 40 que contempla el Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico. Como los acuerdos est¨¢n en vigor, y para cambiarlos deber¨ªa pasar por la mesa de negociaci¨®n, la soluci¨®n es acogerse al art¨ªculo 38 del Estatuto, el mismo que permiti¨® al Gobierno central bajar el sueldo de sus funcionarios. Si la situaci¨®n econ¨®mica ha cambiado, los acuerdos quedan en suspenso.
El caso de Educaci¨®n ha sido el ensayo general de por d¨®nde van los planes de Aguirre. Los sindicatos concentraron sus horas en 190 liberados, tal como permite la legislaci¨®n estatal. Eran quienes visitan los centros y representan a los docentes en las negociaciones con la Administraci¨®n, entre otras tareas. "Ejercemos una labor de control de la Administraci¨®n y de protecci¨®n de los profesores", resume Paco Garc¨ªa, responsable de Educaci¨®n de CC OO. "Somos los intermediarios en la organizaci¨®n de cursos de formaci¨®n", a?ade Virginia Fern¨¢ndez, de UGT.
Hace tres meses, Aguirre incluy¨® una disposici¨®n adicional a su propio acuerdo y redujo la horquilla de horas mensuales, lo que en la pr¨¢ctica supone pasar de 190 a 70 liberados, dejar la representaci¨®n en los m¨ªnimos que marca el estatuto del empleado p¨²blico. Lo hizo sin negociaci¨®n ni justificaci¨®n, como hizo constar CC OO en su recurso ante los tribunales.
Educaci¨®n concentra solo el 6% de las horas de liberaci¨®n sindical de la Administraci¨®n p¨²blica, seg¨²n una portavoz del Gobierno regional. Servicios generales y Administraci¨®n supone el 35,1%; Justicia, el 10,8%; empresas y entes p¨²blicos, el 18,15% y Sanidad, el 15,3%. El recorte de liberados en este ¨²ltimo sector aprovecha la ley de ¨¢rea ¨²nica, que entrar¨¢ en vigor el 1 de diciembre. Los sindicatos aseguran que la Consejer¨ªa tiene que negociar si quiere reducir el n¨²mero de delegados en las 11 juntas de personal (equivalentes a los comit¨¦s de empresa). No se re¨²nen desde la ¨¦poca de G¨¹emes. "No se puede representar a 80.000 trabajadores con una ¨²nica junta", asegura Manuel Rodr¨ªguez, de CC OO.
Sanidad es la excepci¨®n. En el resto, la Comunidad se basar¨¢ en el recorte de Educaci¨®n hasta el m¨ªnimo de horas legales. Pero la aplicaci¨®n del art¨ªculo 38 presenta dudas, seg¨²n los expertos consultados. "Es un art¨ªculo para una situaci¨®n que suponga cambios sobrevenidos", explica Jes¨²s Cruz Villal¨®n, catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. "El Gobierno central lo aplic¨® en la reducci¨®n del 5% porque ten¨ªa una situaci¨®n econ¨®mica con un d¨¦ficit p¨²blico que dificultaba colocar en el mercado la deuda del Estado. La Comunidad debe alegar hechos de esa envergadura", seg¨²n Cruz Villal¨®n. "Es una posibilidad prevista; la clave est¨¢ en si los acuerdos de horas sindicales alteran el inter¨¦s p¨²blico y, si es as¨ª, podr¨¢n hacerlo sin necesidad de negociaci¨®n", a?ade Jes¨²s Lahera, profesor titular de derecho del Trabajo en la Universidad Complutense.
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