?Qui¨¦n tiene la culpa de los recortes?

De forma adelantada a lo habitual y fuera del Parlamento, ha comenzado el debate sobre los Presupuestos de la Xunta. Lo extraordinario de la coyuntura explica el estallido de una discusi¨®n en la que lo t¨¦cnico y lo pol¨ªtico aparecen entrelazados en una enfurtida malla que genera entre los no expertos una sensaci¨®n que suele combinar pavor y tedio a partes iguales. En lo que sigue, sugiero algunas claves de interpretaci¨®n sobre el escenario de ingresos que ha presentado esta semana la Conseller¨ªa de Facenda.

En primer lugar, es verdad que la coyuntura financiera es muy mala. Lo fue en 2009, lo est¨¢ siendo en 2010 y se mantendr¨¢ en 2011 y 2012, al menos. La tarea de presupuestar en estos momentos es de una dificultad extraordinaria en todos los niveles de gobierno. En segundo lugar, el ajuste fiscal que estamos haciendo en Espa?a recae de forma muy significativa sobre las comunidades aut¨®nomas y el lado del gasto. A mi juicio, y teniendo en cuenta que sanidad, educaci¨®n o servicios sociales son responsabilidad auton¨®mica, esas dos caracter¨ªsticas van a redundar en un deterioro de los servicios p¨²blicos fundamentales del llamado Estado del Bienestar, por m¨¢s que se pueda mejorar en eficiencia, o posponer algunos gastos.

El descenso de ingresos de la Xunta no tiene que ver con decisiones discrecionales del Gobierno

En tercer lugar, el recorte de ingresos previstos por la Xunta para la comunidad aut¨®noma gallega est¨¢ calculado con bastante precisi¨®n (alrededor de 1.200 millones de euros), pero no tiene que ver con decisiones discrecionales del Gobierno central o tratamientos diferenciales a Galicia. Son resultado de la aplicaci¨®n de leyes aprobadas en el Parlamento o acuerdos multilaterales en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera (CPFF).

Casi dos tercios de esos 1.200 millones responden al recorte en la capacidad de la Xunta de emitir deuda. Un recorte aprobado este a?o en el seno del CPFF. En su momento mantuve que me parec¨ªa un mal acuerdo para las comunidades y en especial para Galicia, porque fijar objetivos en t¨¦rminos de porcentaje PIB no es lo m¨¢s apropiado en el caso espa?ol. Pero PP y PSOE espa?oles asumieron la necesidad de un r¨¢pido recorte del d¨¦ficit y la deuda globales y no pareci¨® que estuviesen muy en desacuerdo con el reparto por niveles de gobierno. En general y tragando saliva, los Gobiernos aut¨®nomos de uno u otro signo acabaron asumiendo las directrices a escala estatal. En un pa¨ªs con un funcionamiento pol¨ªtico m¨¢s federal (Canad¨¢, por ejemplo) sin duda habr¨ªamos visto mayor oposici¨®n de las comunidades en el CPFF al reparto del peso del ajuste, por encima de afinidades ideol¨®gicas. En definitiva, el recorte en la capacidad de endeudamiento que ahora nos encorseta es algo que todos aceptamos (o no rechazamos) hace unos meses.

Por lo que respecta al tercio restante, m¨¢s de lo mismo. En su mayor parte, se refiere a la ca¨ªda en los recursos del Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial (FCI), a la devoluci¨®n de anticipos correspondientes a a?os pasados y a la ca¨ªda en la previsi¨®n de ingresos gestionados por la Agencia Tributaria. En cuanto al FCI, la ca¨ªda es consecuencia de la aplicaci¨®n de una ley estatal de 1990, muy parcialmente reformada en 2001 (con Aznar en el Gobierno) y que ata este fondo al importe de la inversi¨®n territorializada de los Presupuestos Generales del Estado. Si cae esta, cae el FCI. Puede que a uno no le guste la ley (EL PA?S Galicia, 13-03-2010), pero mientras no se cambie es lo que hay. Sobre la devoluci¨®n de anticipos, insistir¨¦ una vez m¨¢s en que soy de la opini¨®n de que deber¨ªan aplazarse (EL PA?S Galicia, 24-07-2010). Pero la verdad es que el Gobierno est¨¢ jur¨ªdicamente legitimado para empezar a cobrar. Finalmente, y en lo que se refiere a la ca¨ªda de las entregas a cuenta previstas (en torno al 10% de los 1.200 millones), habr¨ªa que analizar si el Gobierno central est¨¢ siendo muy pesimista y cabr¨ªa pensar que la recaudaci¨®n en 2011 podr¨ªa ser mayor. No obstante, es verdad que los errores por exceso de optimismo en 2008 y 2009 nos deber¨ªan haber ense?ado algo al respecto.

En definitiva, la preocupaci¨®n de la Xunta sobre los recursos disponibles en 2011 es comprensible, y la forma en la que se ha acordado multilateralmente la consolidaci¨®n fiscal en Espa?a resulta discutible. Pero no parece razonable acusar al Gobierno central de deslealtad cuando lo que est¨¢ haciendo es aplicar al pie de la letra acuerdos y leyes. (Queda pendiente el asunto de los 243 millones del llamado Fondo de Cooperaci¨®n, pero eso requiere otra columna).