Jornalero y patr¨®n del SOC

Conflictos laborales hay a diario. Un supuesto despido irregular y acusaciones por acoso y conducta antisindical son habituales. Pero no es tan normal que los protagonistas de esta situaci¨®n sean un jornalero que ha protagonizado ocupaciones hist¨®ricas junto al Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y un alcalde que se define como fundador de esta misma organizaci¨®n. El escenario, Mart¨ªn de la Jara, en la Sierra Sur de Sevilla donde naci¨® el movimiento campesino y donde empienzan a evidenciarse signos de desgaste.

Pedro Ruiz Le¨®n era la imagen m¨¢s visible de un grupo de jornaleros manifest¨¢ndose en la finca Navacerrada durante una campa?a de ocupaciones del SOC a principios de los ochenta. Su fotograf¨ªa sirvi¨® de emblema del sindicato al que tambi¨¦n pertenece desde entonces Jos¨¦ Antonio Mesa, actual alcalde de Mart¨ªn de la Jara por IU. Casi 30 a?os despu¨¦s, el primero, jornalero y trabajador habitual del Plan de Empleo Rural (PER), ha denunciado al segundo por supuesto despido improcedente, contrataci¨®n fraudulenta y persecuci¨®n sindical.

El alcalde afirma que los delegados de CGT quieren un contrato a dedo

Antiguos miembros del SOC creen que se ha degradado la organizaci¨®n

El alcalde niega todos los aspectos de la denuncia y culpa a los delegados sindicales del Ayuntamiento, de la Confederaci¨®n General del Trabajo (CGT), de estar detr¨¢s de la situaci¨®n. Estos afirman que la "persecuci¨®n" comenz¨® cuando este sindicato exigi¨® la convocatoria de elecciones y las gan¨®.

En la demanda, el abogado Luis de los Santos argumenta que Pedro Ruiz ha sido empleado de forma encadenada para trabajos del AEPSA (antiguo PER) y del Ayuntamiento desde 2002. A?ade el letrado que el temporero ha realizado servicios para los que no fue contratado. En la demanda se considera que recurrir a la figura de obra y servicios es una "contrataci¨®n fraudulenta", que el jornalero debe ser considerado fijo discontinuo y que el despido por "falta de llamamiento" es improcedente.

Los argumentos del abogado del jornalero incluyen que el despido puede ser considerado nulo porque "carece de soporte jur¨ªdico" y "se ha producido como represalia a la acci¨®n sindical". Pedro Ruiz es ahora miembro de CGT.

El alcalde es tajante al defenderse. "Pedro Ruiz es un trabajador del PER y se le ha acabado el contrato". Afirma que no se pueden considerar fijos los temporeros del PER porque entonces s¨®lo acceder¨ªan al empleo un 10% de los demandantes y que los criterios de contrataci¨®n, que establece el INEM, impiden volver a contar con ¨¦l. Cree que los delegados de personal de CGT tienen la culpa. "Ellos quieren que lo contrate a dedo y no lo he hecho con nadie", afirma.

"Vamos a demostrar en los juzgados que el enchufismo no solo ha sido una pr¨¢ctica habitual en los m¨¢s de 30 a?os que lleva Mesa como concejal sino que, adem¨¢s, se ha lucrado con esa pr¨¢ctica deshonesta e inmoral", amenazan los sindicalistas.

Esta guerra tiene antecedentes. Ya en diciembre de 2008, un representante sindical firm¨® un acuerdo con el alcalde en el que ¨¦ste se compromet¨ªa a convocar elecciones sindicales y la CGT de Sevilla, a retirar una demanda por supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.

Ahora est¨¢ en estudio otra demanda contra el alcalde por no aportar los medios suficientes para que los delegados sindicales cumplan sus funciones. Y uno de los delegados le gan¨® a Mesa una querella por injurias. El alcalde le culp¨® de la depresi¨®n de un trabajador y le espet¨®: "El responsable de toda la situaci¨®n eres t¨², la demanda la has puesto t¨², eres un cabr¨®n, maric¨®n, hijo de puta". Fue condenado a una multa de 100 euros.

Los sindicalistas del pueblo creen que el problema nace por la degradaci¨®n del SAT, la divisi¨®n general del SOC. "Ha dejado de ser independiente. Es el fracaso de un sindicato que naci¨® como alternativa, como espacio de encuentro. El SAT se crea con cargos de IU y falta renovaci¨®n. Son 30 a?os con los mismos modos".

En el conflicto quedan a¨²n acusaciones sin resolver por supuestas represalias contra empleados, por el cierre de locales, como la ludoteca, y por la negativa a negociar un convenio. Son signos de crisis en la cuna del movimiento jornalero.