La salvaci¨®n de Vulcano

Vulcano necesita para finalizar la construcci¨®n de un buque encargado a la factor¨ªa viguesa de un aval a otorgar por un organismo semip¨²blico (Pymar), que est¨¢ en la ¨®rbita del departamento que dirige el ministro de Industria, Miguel Sebasti¨¢n. Recientemente dicho organismo decidi¨® que no exist¨ªa "seguridad jur¨ªdica" suficiente para otorgar el "remedio" solicitado por la empresa gallega, como medida necesaria y procedente para poder continuar con su labor econ¨®mica y productiva.

Ahora bien, la seguridad jur¨ªdica invocada hay que situarla en su contexto, que no puede ser otro que el del ordenamiento en el que, en efecto, este concepto constituye una necesidad fundamental de los individuos y de la comunidad. As¨ª, para que el tr¨¢fico jur¨ªdico funcione, para que los bienes circulen, es necesario dotar al sistema de una cierta seguridad. Una seguridad jur¨ªdica que debe entenderse como "el conocimiento o certidumbre del sistema normativo aplicable a cada caso".

Pero, distinta de la seguridad jur¨ªdica es la seguridad econ¨®mica, que es lo que han confundido los miembros de Pymar. Porque mientras la seguridad jur¨ªdica busca la eficacia de las obligaciones, cuando ¨¦stas se incumplen o deviene imposible alguna de las acordadas, la seguridad econ¨®mica garantiza una contraprestaci¨®n que, en muchos casos,puede ser una indemnizaci¨®n. Esta compensaci¨®n tiene trascendencia econ¨®mica, pero no repercute en la seguridad jur¨ªdica que, en este caso de Vulcano, no pude confundirse con el cumplimiento de sus obligaciones, con la exigencia de una garant¨ªa, el susodicho aval, a otorgar "administrativamente". El ordenamiento jur¨ªdico incurrir¨ªa en una dejacion y en una contradicci¨®n de sus fines si se sustituye, como equivocadamente entendi¨® Pymar , la seguridad jur¨ªdica por la mera seguridad econ¨®mica.

Por otra parte, las duras limitaciones impuestas a la competencia por las normas de la Uni¨®n Europea -a veces, claramente injustas- juegan, sin duda, un papel determinante en el futuro de esta problem¨¢tica actividad industrial. Pero ahora de lo que en verdad se trata es de que los responsables pol¨ªticos, y muy en particular el Gobierno de la naci¨®n, encuentren la capacidad de decisi¨®n pol¨ªtica para responder ante una situaci¨®n de extrema gravedad, como es la que vive el astillero vigues. Hay que superar los obst¨¢culos y los hipot¨¦ticos temores -sin fundamento legal- sobre la situaci¨®n preconcursal de la empresa. Mas all¨¢ de las dudas jur¨ªdicas que en un primer momento se han alegado desde Pymar para negar el aval, y que como he explicado no encuentran ninguna raz¨®n jur¨ªdicamente atendible, hay que salvar ya a Vulcano. Una salvaci¨®n que solo puede venir desde el trabajo de todos en com¨²n -Ministerio de Industria, Xunta de Galicia, empresa y trabajadores-, para, sobre todas las cosas, salvar ese bien tan preciado y escaso que son los cientos de empleos y puestos de trabajo en peligro de desaparecer.

Alfonso Villag¨®mez Cebri¨¢n es magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y doctor en Derecho por la Universidade de Santiago