Blindajes judiciales

Los que nos dedicamos a la Administraci¨®n de Justicia, desde su origen constitucional hasta ahora, comprobamos que siguen existiendo las mismas constantes indeseables que en sus comienzos. Una de ellas es que la justicia sigue siendo la asignatura pendiente de la democracia. Su problema hist¨®rico no ha sido solucionado. Las sentencias sin ejecutar, sean civiles, penales o administrativas, se cuentan por cientos de miles (en el a?o 2008 exist¨ªan cerca de 300.000 penales sin ejecutar).

Otra de sus constantes es que, pese al incremento de plantillas de jueces y fiscales que han realizado todos los Gobiernos, la situaci¨®n va a peor. No hay soluciones para hacer real el derecho de los justiciables a un proceso sin dilaciones indebidas. Adem¨¢s, algunos jueces han entendido la justicia como su coto particular y, a trav¨¦s de ella, se hacen notar de una u otra forma, como ha sido el caso del juez Francisco Javier de Urqu¨ªa, al que el Tribunal Supremo conden¨® el a?o pasado por cohecho por embolsarse un soborno de 73.000 euros de Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro del caso Malaya. Por otra parte, y de esto sabemos bien en Andaluc¨ªa, la falta de control y la acumulaci¨®n de trabajo han dado lugar a situaciones tan lamentables como las que han rodeado al caso Mari Luz.

A todo esto, el Consejo General del Poder Judicial, que es el ¨®rgano de representaci¨®n de los jueces y el encargado constitucionalmente de resolver estos problemas, no solo no los resuelve sino que ha tirado la toalla. Ni la actual composici¨®n del CGPJ ni las anteriores se han ocupado de forma eficaz en dar respuesta a los problemas de la justicia. Solo se ocupa del reparto de cargos judiciales. Los decide por cuotas. Tantos afiliados cuenta la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, pues tantos cargos. Y as¨ª tambi¨¦n para las asociaciones de Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria. Y, si los grupos pol¨ªticos mayoritarios lo ven conveniente, un consejero sensible al Pa¨ªs Vasco -l¨¦ase PNV- o a Catalu?a -l¨¦ase CiU-. El resto de los jueces, los que no est¨¢n en ninguna asociaci¨®n, no existen. No hay m¨¢s, y lo peor es que el CGPJ, en lugar de solucionar estos problemas, ha optado por casi darlos por imposibles de soluci¨®n y blindarse.

No encuentro otra lectura a la decisi¨®n del CGPJ de aprobar la contrataci¨®n de un seguro para hacer frente a las responsabilidades de los jueces por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, tal como he le¨ªdo en este diario el pasado lunes. No se trata de un seguro que pudiera garantizar responsabilidades por hechos sin relevancia penal. Se trata de un seguro que hace frente a responsabilidades civiles y pago de fianzas tambi¨¦n en temas penales. Esto es, que si un juez por ignorancia inexcusable o a sabiendas dicta una resoluci¨®n injusta o recibe un regalo y es procesado, el seguro har¨ªa frente al pago de las responsabilidades civiles y al abono de la fianza para eludir la prisi¨®n. Para entenderlo mejor: el Estado paga con nuestro dinero a los jueces que instruyen el caso y juzgan. El mismo Estado sigue pagando al fiscal que acusa en la causa y tambi¨¦n paga al abogado del Estado. Y ahora, con este acuerdo esperp¨¦ntico, paga con nuestro dinero el seguro que aporte la fianza del acusado (juez), sus responsabilidades civiles y, por este camino, hasta al abogado defensor. Hemos pasado de suprimir el cheque-beb¨¦ o congelar las pensiones a destinar parte de los impuestos a proteger a quienes usan la justicia en su propio beneficio o yerran inexcusablemente en su cometido. De continuar as¨ª vamos a pagar la defensa de alcaldes, concejales y pol¨ªticos por meter la mano en la caja p¨²blica.

Una situaci¨®n que debe ser revisada si no queremos que uno de los valores en los que se asienta el sistema democr¨¢tico termine dinamitando el propio sistema. Andaluc¨ªa, su Gobierno y el conjunto de sus fuerzas pol¨ªticas no tienen competencias para frenar tama?o desprop¨®sito. Pero, si bien no las tienen, s¨ª cuentan con voz para hacer ver que el CGPJ est¨¢ para dar soluci¨®n a los problemas de la justicia. No para consentirlos y blindarse.