"Los espa?oles no ponen reparos a los vuelos secretos"

El esc¨¢ndalo de los vuelos de la CIA -el tr¨¢nsito clandestino por aeropuertos europeos de sospechosos de terrorismo capturados ilegalmente y torturados en centros de detenci¨®n secretos- sorprendi¨® en 2005 al Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y a la Embajada de EE UU en Madrid, pero ambos coincidieron en un objetivo com¨²n: minimizar su impacto en la opini¨®n p¨²blica y evitar que la investigaci¨®n judicial que se abri¨® en Espa?a complicase las ya delicadas relaciones entre el inquilino de La Moncloa y el de la Casa Blanca, que entonces todav¨ªa era George W. Bush.

En este clima, la vicepresidenta del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, hizo saber al embajador estadounidense que el Ejecutivo espa?ol "no pon¨ªa reparos a los vuelos de inteligencia [de la CIA y otras agencias] a trav¨¦s del territorio espa?ol" y que le bastaba "con ser informado". As¨ª se deduce de los cables confidenciales enviados a Washington por la representaci¨®n diplom¨¢tica estadounidense en Espa?a entre 2006 y 2008.

De la Vega pidi¨® a EE UU informaci¨®n para que no cogieran al Gobierno desprevenido

Rubalcaba record¨® la "rabiosa independencia" judicial y prohibi¨® a su equipo encender el tema

"No sabemos qu¨¦ pas¨® por las bases de Mor¨®n y Rota durante las guerras de Afganist¨¢n e Irak"

El 8 de junio de 2006, solo 24 horas despu¨¦s de que el Consejo de Europa difundiera un demoledor informe en el que acusaba de complicidad en pr¨¢cticas contrarias a los derechos humanos a una docena de Gobiernos europeos, la entonces vicepresidenta primera, Fern¨¢ndez de la Vega, se reuni¨® con el embajador en Espa?a, Eduardo Aguirre. "La vicepresidenta dijo que la inclusi¨®n de Espa?a en el informe del Consejo de Europa hab¨ªa cogido al Gobierno Zapatero totalmente fuera de juego e insisti¨® en que Espa?a no ten¨ªa nada que ocultar en este asunto", se?ala un documento fechado el 9 de junio.

De la Vega a?adi¨®, seg¨²n la Embajada de EE UU, que el Gobierno estaba preparado para afrontar el esc¨¢ndalo "pero querr¨ªa estar seguro de que ten¨ªa toda la informaci¨®n disponible para evitar ser pillado desprevenido. El embajador", contin¨²a el texto, "le hizo notar que tambi¨¦n nosotros estamos interesados en preservar nuestra credibilidad y seremos cuidadosos en compartir cualquier informaci¨®n que tengamos para evitar toda actividad que pudiera causar problemas a las autoridades espa?olas".

En el informe del Consejo de Europa, coordinado por el suizo Dick Marty, se acusaba a Espa?a de "permitir o dejar de investigar" el uso del aeropuerto de Palma de Mallorca como centro de tr¨¢nsito de detenidos ilegales. "De la Vega subray¨®", prosigue el cable confidencial, "que Espa?a no tiene reparos a los vuelos de inteligencia [de la CIA y otras agencias] a trav¨¦s del territorio espa?ol; ellos simplemente quieren ser informados y, si fuera necesario, poder demostrar que ejerc¨ªan una vigilancia apropiada sobre los aviones extranjeros que atraviesan Espa?a".

La conversaci¨®n con Fern¨¢ndez de la Vega no fue la primera que mantuvieron las autoridades espa?olas con las estadounidenses a prop¨®sito de los vuelos de la CIA. En la reuni¨®n con la vicepresidenta, el embajador Aguirre relat¨® que el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel ?ngel Moratinos, le hab¨ªa avisado "recientemente" de que la Audiencia Nacional hab¨ªa admitido a tr¨¢mite la demanda de un grupo de abogados de Mallorca. "Moratinos indic¨® que el Gobierno espa?ol quer¨ªa dar a este asunto el perfil m¨¢s bajo posible, aunque, al estar en manos de los jueces, el Gobierno ten¨ªa una limitada capacidad de influencia", se lee en el mismo documento.

"De la Vega dijo que estaba al tanto de la comunicaci¨®n de Moratinos y se mostr¨® convencida de que el Gobierno de Zapatero tendr¨ªa pocas dificultades en manejar este asunto", apostilla.

La decisi¨®n de poner sordina al proceso judicial por los vuelos de la CIA contar¨ªa, seg¨²n la versi¨®n de la embajada de Estados Unidos en Madrid, con la colaboraci¨®n del fiscal de la Audiencia Vicente Gonz¨¢lez Mota, a quien los estadounidenses presumen de conocer bien, dada su condici¨®n de enlace principal con el grupo de trabajo bilateral de expertos en contraterrorismo. "Nosotros lo consideramos un comprometido y servicial colega y pronosticamos que ser¨¢ sensible a la preferencia del Gobierno espa?ol de que este caso no prospere", escribe el 28 de diciembre de 2006 el consejero pol¨ªtico de EE UU en Madrid, Hugo Llorens. Advierte, no obstante, que, como pudo comprobar en casos anteriores, los jueces espa?oles defienden su independencia con ferocidad y, "si el juez Moreno llegara a determinar que hay evidencias suficientes de delito y que sus autores pueden ser identificados, llevar¨ªa el caso a juicio".

En enero de 2007, el fiscal Vicente Gonz¨¢lez anunci¨® al asesor legal de la Embajada de EE UU que no intentar¨ªa bloquear la iniciativa del juez Moreno de pedir la desclasificaci¨®n de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Ministerio de Defensa sobre los vuelos de la CIA. La raz¨®n de tal proceder no radicar¨ªa en que hubiera cambiado de criterio, sino en su conocimiento de que "estos informes no contienen ning¨²n elemento incriminatorio ni ninguna informaci¨®n sensible", explica una nota de la embajada. "El fiscal dijo que la difusi¨®n de la escasa informaci¨®n que contengan no har¨¢ ning¨²n da?o y que el Gobierno espa?ol no buscar¨¢ informaci¨®n adicional del Gobierno de EE UU". Tal como anticip¨® el fiscal, los informes secretos desclasificados por el Consejo de Ministros el 9 de febrero no aportaron novedad alguna al caso.

Consciente de ello, el embajador escribi¨®, en un cable confidencial remitido el 1 de febrero de 2007 a la Secretar¨ªa de Estado en Washington: "Estamos menos preocupados por la importancia inmediata de cualquier informaci¨®n desclasificada del CNI o del Ministerio de Defensa que por la aparente coordinaci¨®n entre el juez espa?ol y los fiscales alemanes". En efecto, la fiscal¨ªa alemana utiliz¨® los informes de la Guardia Civil -que inclu¨ªan la identidad bajo la cual se registraron los 13 ocupantes de un vuelo de la CIA que hizo escala en Mallorca camino de Macedonia el 22 de enero de 2004- para dictar su orden de detenci¨®n como presuntos autores del secuestro del ciudadano alem¨¢n de origen liban¨¦s Khaled El Masri, que pas¨® cinco meses en una c¨¢rcel clandestina en Afganist¨¢n. "Esta coordinaci¨®n entre investigadores independientes complicar¨¢ nuestros esfuerzos para manejar el caso discretamente entre Gobiernos", advierte Aguirre con preocupaci¨®n.

El hecho de que el principal partido de la oposici¨®n, el PP, sintonizara con la Administraci¨®n Bush no supon¨ªa, en su opini¨®n, ninguna garant¨ªa. "Pese a su orientaci¨®n general proamericana, nuestra experiencia sugiere que el PP no dudar¨¢ en capitalizar cualquier indicaci¨®n de que el Gobierno Zapatero toler¨® o deliberadamente ignor¨® acciones de EE UU que pudieran ser interpretadas como posibles violaciones de los derechos humanos, incluso si estas revelaciones tienen consecuencias negativas para el Gobierno de EE UU".

El 7 de marzo de 2007, durante un almuerzo con el embajador Eduardo Aguirre, el ministro del Interior, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, intent¨® tranquilizarle explic¨¢ndole que "aunque los jueces espa?oles son rabiosamente celosos de su independencia y har¨¢n lo que consideren adecuado", ¨¦l hab¨ªa dado instrucciones a sus colaboradores "para que evitasen comentarios de inflamada ret¨®rica, en un intento por rebajar la temperatura" de este caso y del relativo a la muerte del c¨¢mara de Tele 5 Jos¨¦ Couso durante la invasi¨®n de Bagdad por las tropas de EE UU, seg¨²n reflej¨® el embajador en un informe confidencial.

La investigaci¨®n de los vuelos de la CIA, que languidec¨ªa en la Audiencia Nacional, hab¨ªa resurgido con fuerza en la prensa en diciembre de 2006, cuando al uso de aeropuertos civiles por jets fletados por la agencia de espionaje se sum¨® la denuncia de que aviones de la Fuerza A¨¦rea de EE UU hicieron escala en las bases de Mor¨®n de la Frontera (Sevilla) y Rota (C¨¢diz) transportando prisioneros al penal ilegal levantado por la Administraci¨®n Bush en Guant¨¢namo.

El 13 de febrero de 2007, el n¨²mero dos de la embajada, Hugo Llorens, se reuni¨® con el secretario de Estado de Defensa espa?ol, Francisco Pardo, para asegurarle que "los vuelos militares que pasaron por Espa?a en ruta hacia Guant¨¢namo no violaron ninguna ley espa?ola, que se trataba de vuelos rutinarios y que EE UU siempre sigui¨® los procedimientos prescritos por el convenio bilateral de defensa". Pardo contest¨® que el entonces ministro de Defensa, Jos¨¦ Antonio Alonso, hab¨ªa sido "proactivo explicando a la prensa que ninguna ley espa?ola hab¨ªa sido violada, para atajar posteriores especulaciones". El asunto era muy delicado porque el convenio bilateral prohib¨ªa expresamente el tr¨¢nsito por territorio espa?ol de material o pasajeros que pudieran ser "controvertidos" para Espa?a y porque el Ministerio de Defensa renunci¨® a inspeccionar los aviones militares de EE UU que hacen escala en las bases.

Pero los vuelos eran cualquier cosa menos rutinarios. El 30 de noviembre de 2008, EL PA?S public¨® una serie de documentos secretos del Ministerio espa?ol de Asuntos Exteriores en los que se demostraba que el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar autoriz¨® en enero 2002, reci¨¦n concluida la invasi¨®n de Afganist¨¢n, la escala en Espa?a de aviones militares de EE UU "con prisioneros talibanes y de Al Qaeda" camino de Guant¨¢namo. Pocos d¨ªas despu¨¦s de publicarse esta noticia, el 4 de diciembre, Arnold Chacon, consejero pol¨ªtico de la embajada, elabor¨® una nota en la que advert¨ªa de que este caso podr¨ªa poner en riesgo el apoyo a la renovaci¨®n del convenio bilateral de defensa, prevista para febrero de 2011, y la propia presencia de tropas de EE UU en Espa?a. El secretario general de Pol¨ªtica de Defensa, Luis Cuesta, le explic¨® que su departamento estaba cumpliendo con todos los requerimientos del juez, pero que "esperaba que el caso fuera finalmente archivado y olvidado". Aunque subray¨® que el Gobierno no dudaba de que EE UU hab¨ªa cumplido escrupulosamente el convenio bilateral le record¨®, por si acaso, que las autorizaciones concedidas no permit¨ªan hacer escala a aviones con prisioneros camino de Guant¨¢namo

La mayor preocupaci¨®n de la embajada era c¨®mo abordar este asunto con la prensa espa?ola. "En general, mientras menos digamos, mejor. El Departamento de Estado nos ha advertido en el pasado que prefiere que no digamos nada en absoluto, por temor a remover el asunto.

Naturalmente, no contestamos preguntas sobre actividades de las agencias de inteligencia, as¨ª que en cualquier conversaci¨®n corremos el riesgo de parecer menos que transparentes y eso parece confirmar las peores insinuaciones de los medios de comunicaci¨®n. Cuando abordemos p¨²blicamente el tema, nuestro mantra es que no hemos violado las leyes espa?olas ni el convenio bilateral".

La embajada ten¨ªa una idea muy clara sobre la versi¨®n que deb¨ªa mantener ante los periodistas, pero mucho menos sobre lo que en realidad pas¨® por Mor¨®n y Rota. "Nuestra habilidad para echar abajo esta historia se ve limitada por el hecho de que nosotros mismos no sabemos, realmente, qu¨¦ puede haber sucedido cinco o seis a?os atr¨¢s mientras las batallas en Afganist¨¢n e Irak empezaban a producir un gran n¨²mero de detenidos entre terroristas potencialmente peligrosos y combatientes irregulares", admiten en su nota.

La embajada nunca facilit¨® al Gobierno la informaci¨®n relevante que Aguirre prometi¨® a Fern¨¢ndez de la Vega en junio de 2006; una informaci¨®n que, por otra parte, nunca fue formalmente requerida por las autoridades espa?olas. Su t¨¢ctica fue confiar en que el proceso judicial llegara a un punto muerto y la opini¨®n p¨²blica se cansara. "Descartada una declaraci¨®n categ¨®rica del Gobierno de EE UU de que no pasaron detenidos por Espa?a, lo que podr¨ªa ser indeseable desde el punto de vista pol¨ªtico incluso si fuera cierto, solo el tiempo har¨¢ que este asunto se olvide".

Por ahora, no lo ha logrado. En mayo pasado, para sorpresa de la embajada de EE UU, el fiscal de la Audiencia Nacional, siguiendo el ejemplo de su colega alem¨¢n, pidi¨® la detenci¨®n de los 13 ocupantes del avi¨®n implicado en el secuestro de El Masri. Les acusa de utilizar documentaci¨®n falsa. Los verdaderos nombres de estos agentes los tiene en su poder Reprieve, una ONG brit¨¢nica defensora de los derechos humanos. El juez Moreno ya se los ha pedido.

• Nacionales
• Internacionales