Un ajuste muy desigual

El Parlamento andaluz convalidar¨¢ hoy el decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre, que sustituye al aprobado en julio pasado para reordenar el sector p¨²blico andaluz, y que ha originado el conflicto social y laboral de empleados p¨²blicos m¨¢s grave con el que se ha enfrentado cualquier Gobierno andaluz. El Ejecutivo inicia as¨ª el proceso para tramitar como proyecto de ley el pol¨¦mico decreto, que recibi¨® tambi¨¦n cr¨ªticas precisamente por haberse promulgado en verano (27 de julio) y alegando motivos de urgencia, y que busca un consenso parlamentario dif¨ªcil de lograr.

Pero, ?por qu¨¦ y qu¨¦ est¨¢n haciendo en este sentido el resto de comunidades?

El 22 de marzo de 2010, el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera (CPFF) acord¨® que todas las comunidades aut¨®nomas ten¨ªan tres meses de plazo para presentar un plan de reestructuraci¨®n de su sector p¨²blico. Desde entonces, solo cuatro autonom¨ªas, seg¨²n un informe elaborado por la Junta de Andaluc¨ªa, han ido cumpliendo los plazos y el contenido del acuerdo del CPFF: Catalu?a, Baleares, Extremadura y la propia Andaluc¨ªa, que ha tratado de explicar sin demasiado ¨¦xito todos los avatares de su plan y la inocuidad para sus empleados p¨²blicos.

Otras cinco comunidades (Valencia, Madrid, Galicia, Castilla y Le¨®n y Castilla-La Mancha) iniciaron el proceso fuera de plazo y est¨¢n ejecutando medidas sin ofrecer demasiados datos, mientras que Murcia, Cantabria, Canarias y La Rioja, no han acometido ning¨²n proceso. En el caso de Arag¨®n se ha creado una corporaci¨®n empresarial sin definir un plan, mientras que Asturias ha anunciado que lo incluir¨¢ en una disposici¨®n adicional de su ley de presupuestos de 2011.

Los planes presentados por las distintas comunidades pueden agruparse en tres tipos diferentes. En el primero se incluyen aquellas comunidades que han creado nuevas entidades de derecho p¨²blico (con denominaci¨®n diversa), para realizar variadas funciones y en las que se agrupa tanto personal funcionario o laboral proveniente de las consejer¨ªas y organismos aut¨®nomos, como el personal laboral propio de sociedades mercantiles o fundaciones disueltas. Son el caso de Andaluc¨ªa (agencias por decreto); Catalu?a (agencias por decreto-ley), Baleares (por ley); Castilla-Le¨®n (agencias mediante la Ley de Acompa?amiento a los Presupuestos) y Galicia, que constituye agencias p¨²blicas auton¨®micas a trav¨¦s de una ley espec¨ªfica de administraci¨®n y sector p¨²blico.

Extremadura, que crea por decreto una especie de SEPI, y fusiona ocho empresas en ella, y Castilla la Mancha, que a trav¨¦s de un proyecto de ley espec¨ªfico suprime organismos aut¨®nomos y los integra en las consejer¨ªas, y adem¨¢s fusiona entidades y empresas, ser¨ªan un segundo grupo o tipo de reforma.

El tercer grupo lo compondr¨ªan las comunidades de Madrid y Valencia, que han optado por disolver o liquidar una serie de entes con escasa repercusi¨®n en el ahorro de costes y con el despido indemnizado del personal de las empresas p¨²blicas liquidadas. Su reordenaci¨®n tampoco lleva aparejado una reforma de la organizaci¨®n de sus entidades instrumentales.

La situaci¨®n en la que queda el personal en las comunidades que han optado por crear agencias p¨²blicas es similar en Andaluc¨ªa, Catalu?a, Galicia, y Castilla y Le¨®n. Es decir, los funcionarios y los laborales de las consejer¨ªas se integran en las nuevas agencias, que adem¨¢s se subrogan el personal de las empresas p¨²blicas, que mantendr¨¢n su r¨¦gimen laboral, con la excepci¨®n de Galicia, en la que a¨²n no se ha concretado que ocurrir¨¢ con este colectivo, seg¨²n el informe de la Junta.

La informaci¨®n de estos planes de reestructuraci¨®n no ha sido todo lo transparente que deber¨ªa y el resultado en ahorro apenas supone 329,6 millones con la informaci¨®n disponible. As¨ª Catalu?a dice que afectar¨¢ a 9.645 empleados p¨²blicos pero no detalla bajas; Castilla-La Mancha no da datos; Madrid dice que suprime 24 altos cargos, 274 empleos y se reordenan 10.574 empleados, y Valencia, que eliminar¨¢ 248 de las 15 entidades extinguidas. Andaluc¨ªa eliminar¨¢ 180 altos cargos y se ver¨¢n afectados 23.476 empleados p¨²blicos.