El conflicto de los medicamentos

Hace dos d¨ªas, el Ministerio de Sanidad anunci¨® su intenci¨®n de presentar dos recursos para impedir la aplicaci¨®n del cat¨¢logo de medicamentos aprobado por la Xunta. El primer recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tiene el objetivo de lograr la suspensi¨®n cautelar de la norma que establece dicho cat¨¢logo. El segundo recurso ser¨ªa presentado ante el Tribunal Constitucional contra la ley que aprob¨® el Parlamento de Galicia el pasado 22 de diciembre, al considerar el Gobierno que dicha ley excede las competencias de la comunidad aut¨®noma y discrimina a los ciudadanos gallegos respecto a los del resto de Espa?a.

Como es evidente que el gasto farmac¨¦utico es un problema complejo y depende de varios factores, es conveniente, antes de entrar en el litigio que enfrenta al Gobierno y a la Xunta, hacer algunas consideraciones previas para la mejor comprensi¨®n del problema. En primer lugar, es incuestionable que existe un excesivo gasto farmac¨¦utico. Seg¨²n los informes de la OCDE, Espa?a es el pa¨ªs que tiene un porcentaje mayor del gasto p¨²blico sanitario en farmacia. Esto se deber¨ªa, seg¨²n la industria farmac¨¦utica, al bajo gasto sanitario p¨²blico espa?ol en relaci¨®n con otros pa¨ªses de nuestro entorno. Sin embargo, Espa?a es tambi¨¦n el pa¨ªs en el que el gasto farmac¨¦utico representa un porcentaje mayor del PIB -muy superior al promedio europeo-, lo cual refuta abiertamente las tesis de Farmaindustria. En realidad, el excesivo gasto en farmacia se debe a factores tales como la enorme influencia que los laboratorios y los colegios de farmac¨¦uticos tienen sobre las autoridades sanitarias y sobre la profesi¨®n m¨¦dica, que, en definitiva, es quien prescribe los medicamentos.

La Xunta se decanta por las presentaciones m¨¢s baratas de los mismos principios activos

Por otra parte, la masificaci¨®n del sistema crea una situaci¨®n en la que la manera m¨¢s r¨¢pida de resolver una consulta m¨¦dica de corta duraci¨®n es con una prescripci¨®n, sea esta necesaria o no. A todo ello hay que a?adir que en Espa?a el porcentaje de gen¨¦ricos (sustancias de igual efectividad terap¨¦utica exentas de patentes) es mucho menor que en otras naciones de nuestro entorno, y no conviene olvidar que nuestro pa¨ªs es el que tiene, dentro de las especialidades farmac¨¦uticas del recetario p¨²blico, un mayor n¨²mero de nuevos productos, que resultan de igual eficacia que los medicamentos con m¨¢s a?os de vida, mayor experiencia terap¨¦utica y m¨¢s baratos.

En este contexto se sit¨²a el actual conflicto entre el Gobierno y la Xunta de Galicia. Es cierto que corresponde al Ejecutivo del Estado, a trav¨¦s de la Agencia Espa?ola del Medicamento, fijar qu¨¦ f¨¢rmacos re¨²nen las condiciones para su comercializaci¨®n en Espa?a y, dentro de ellos, cu¨¢les son incluidos en el recetario p¨²blico, es decir, cubiertos por el sistema p¨²blico de salud. Es muy posible que, teniendo en cuenta la doctrina y la tradici¨®n del Tribunal Constitucional, el Gobierno pueda solventar favorablemente a sus tesis este contencioso. Pero no conviene perder de vista que la din¨¢mica del Estado auton¨®mico ha producido ya diferencias notables en el cat¨¢logo de prestaciones sanitarias entre diferentes comunidades aut¨®nomas, aunque respetando siempre los m¨ªnimos establecidos para todo el Sistema Nacional de Salud.

Sin embargo, el Gobierno, adem¨¢s de crear una preocupaci¨®n ciudadana injustificada, pierde toda la raz¨®n que pudiera asistirle cuando afirma que la iniciativa de la Xunta significa una discriminaci¨®n para los usuarios del Sergas. Porque, en realidad, lo que ha decidido el Gobierno gallego es simplemente decantarse, dentro del recetario p¨²blico, por las presentaciones m¨¢s baratas de los mismos principios activos. ?D¨®nde est¨¢, pues, la discriminaci¨®n?. No se ve por ning¨²n lado. Salvo que el Gobierno afirme que esas presentaciones m¨¢s baratas de los principios activos tienen una eficacia terap¨¦utica menor que aquellos medicamentos m¨¢s caros contemplados en su cat¨¢logo de f¨¢rmacos. Como no creo que se atreva a decir semejante disparate, el Ministerio deber¨ªa retirar de su discurso y de sus recursos el inaceptable argumento de la discriminaci¨®n.

Ahora bien, la Xunta ha de ser consciente que reducir el gasto farmac¨¦utico requiere otras medidas adem¨¢s de la ya tomada. Entre otras, la dr¨¢stica reducci¨®n de la prescripci¨®n como forma de resolver consultas r¨¢pidas, y, desde luego, tomar en serio la informaci¨®n y formaci¨®n farmacol¨®gica de sus profesionales, hoy en manos de la industria farmac¨¦utica. Finalmente, si la Xunta y el Gobierno persiguen, como dicen, la reducci¨®n del excesivo gasto farmac¨¦utico y no la utilizaci¨®n de las instituciones para la confrontaci¨®n partidista, est¨¢n obligados a un entendimiento en esta crucial cuesti¨®n. Desde luego, hay base para ello. Veremos si tambi¨¦n existe voluntad pol¨ªtica.