Google se enfrenta a Espa?a por el borrado de datos personales
La libertad de expresi¨®n y la privacidad en la Red chocan en los tribunales
El derecho a la protecci¨®n de datos y a la privacidad choca de nuevo con Google. El gigante de Internet ha recurrido ante la Audiencia Nacional alrededor de 75 resoluciones dictadas por la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos (AEPD). Por primera vez, ma?ana se ver¨¢n las caras ante el juez, que tendr¨¢ que dictaminar sobre la colisi¨®n de dos derechos: el derecho a la libertad de expresi¨®n online, que esgrime Google, y el derecho a la dignidad personal por el que vela la Agencia de Protecci¨®n de Datos. El gigante de Internet cree que es un caso de censura.
Para Google, el caso de Espa?a es especialmente sensible por un posible efecto domin¨® del llamado derecho al olvido en otros pa¨ªses. Si la Audiencia Nacional diera la raz¨®n a la Agencia de Protecci¨®n de Datos se podr¨ªa desencadenar una avalancha de reclamaciones. Por eso es la matriz estadounidense la que ha tomado cartas en el asunto y ha decidido asumir el litigio directamente. La AEPD tiene varios contenciosos abiertos con Google. Uno de los m¨¢s peliagudos se refieren al rastreo de datos de redes wifi que a su paso hizo su callejero fotogr¨¢fico Street view.
El regulador ha pedido en 90 ocasiones que se retiren enlaces
El buscador cree que es un caso de censura que crear¨ªa precedente en la UE
Las cinco resoluciones que ma?ana examinar¨¢ la Audiencia Nacional se refieren a datos procedentes de boletines oficiales y a una informaci¨®n publicada por EL PA?S en 1991 que aparec¨ªa reflejada en su edici¨®n digital. Son reclamaciones, algunas de ellas presentadas hace tres a?os, en las que se invoca el derecho de oposici¨®n y cancelaci¨®n de datos para evitar la difusi¨®n p¨²blica de datos de car¨¢cter personal. Hasta el momento, el regulador espa?ol ha dictado alrededor de 90 resoluciones en las que solicita la retirada de enlaces que pueden vulnerar la protecci¨®n de datos de los ciudadanos. La mayor¨ªa han sido recurridas por Google.
En todos los casos, la AEPD requiere a Google para que excluya de sus ¨ªndices los datos reflejados en el BOE y en distintos boletines oficiales regionales (de Catalu?a, Madrid o Baleares) sobre los afectados. En esta ocasi¨®n, siguiendo un modelo que se reproduce una y otra vez milim¨¦tricamente, Google responde que no puede atender la solicitud porque las informaciones de los resultados de b¨²squeda est¨¢n alojados en p¨¢ginas web de terceros cuyo acceso es p¨²blico. Subraya que para eliminar estos contenidos era necesaria la colaboraci¨®n de los webmaster.
Para solventar este obst¨¢culo, la AEPD requer¨ªa en la misma resoluci¨®n al BOE para que arbitrara las medidas necesarias "con el fin de evitar la indexaci¨®n de los datos el interesado e impedir que sean susceptibles de captaci¨®n por los motores de b¨²squeda de Internet".
La iniciativa del regulador de la privacidad espa?ol no ha sentado nada bien a la compa?¨ªa estadounidense. "Las leyes espa?olas y europeas defienden que quien publica un material es responsable de su contenido. Exigir que intermediarios, como los buscadores, censuren el material publicado por otros tendr¨ªa un efecto paralizante en la libertad de expresi¨®n sin proteger la intimidad de las personas", dijo Peter Barron, director de Relaciones Externas de Google.
Pero la AEPD mantiene una postura bien distinta. En sus resoluciones insiste en "los efectos divulgativos m¨²ltiples" que se producen a trav¨¦s de Internet y sobre todo la onda expansiva de los buscadores. "A muchos ciudadanos les causa incomodidad o perjuicios que se conserven sus datos en una p¨¢gina web y que puedan ser recuperados por los buscadores con car¨¢cter universal", afirma Artemi Rallo, presidente de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos. "Lo deseable ser¨ªa que Google, en lugar de pleitear sobre el ¨¢mbito de aplicaci¨®n de la ley, diera una respuesta tecnol¨®gica para garantizar los derechos de los ciudadanos", dice Rallo. Google suele responder en las reclamaciones que se dirigen a la divisi¨®n espa?ola que ni es responsable ni se encarga de la prestaci¨®n del servicio de b¨²squedas en Internet. Lanza la pelota a Google Inc como ¨²nico responsable. Y puesto que esta compa?¨ªa opera desde Estados Unidos alega que no est¨¢ bajo el paraguas de la legislaci¨®n espa?ola ni de la comunitaria.
La AEPD rechaza cualquier tipo de censura -"es algo que no est¨¢ en nuestro imaginario", remarca Rallo- en las resoluciones que dicta. "Intentamos garantizar el derecho a la protecci¨®n de datos y la privacidad sin censurar noticias. Pero creemos que los boletines oficiales tienen un problema: publican informaci¨®n personal en exceso, es decir, desproporcionada para la finalidad que se busca". Rallo considera que para la notificaci¨®n de multitud de actos administrativos se suelen incluir demasiadas referencias (nombre, apellidos, DNI, direcci¨®n postal).
La agencia ha visto casos de ciudadanos que han aparecido en los boletines oficiales por haber recibido una incapacidad f¨ªsica, una subvenci¨®n para un tratamiento de metadona o una multa por hacer "aguas menores" en la calle hace 30 a?os. "Esas p¨¢ginas web pueden aplicar reglas de mayor proporcionalidad y autocontrol en la informaci¨®n y documentaci¨®n que se hace p¨²blica", apunta Rallo.
Google considera que su servicio pivota sobre la libertad de expresi¨®n y que no puede restringir el acceso al buscador. Esto convertir¨ªa la Red, en su opini¨®n, en algo sesgado y no transparente. Por eso insiste en que es la web de origen la que, en su caso, deber¨ªa eliminar la informaci¨®n sensible.
El derecho a no resignarse
La Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos (AEPD) defiende la doctrina de que ning¨²n ciudadano que no sea un personaje p¨²blico ni objeto de un hecho noticiable de relevancia p¨²blica tiene que resignarse a soportar que sus datos personales circulen por la Red. Cuatro de las cinco resoluciones recurridas por Google y que se ver¨¢n ma?ana en la Audiencia Nacional hacen referencia a informaciones que se publicaron en el Bolet¨ªn Oficial del Estado y en boletines de distintas comunidades. Una de ellas fue interpuesta en abril de 2008 por un funcionario de prisiones que fue objeto de una sanci¨®n disciplinaria en los a?os noventa. Como manda la ley, dicha sanci¨®n se public¨® en el BOE y algo que en los tiempos en los que la gaceta oficial solo se difund¨ªa la versi¨®n impresa hubiera pasado inadvertido para el p¨²blico, se convirti¨® en una infracci¨®n de alcance universal.
El interesado reclam¨® entonces a Google para que sus datos no aparecieran en el buscador y evitar as¨ª "la difusi¨®n p¨²blica desproporcionada de unos datos de car¨¢cter personal unido a un hecho de rechazo social, como es una sanci¨®n disciplinaria, as¨ª como al conocimiento de los mismos por elementos de la banda terrorista ETA, de la que los funcionarios de Instituciones Penitenciarias somos objetivo".
Otra de las resoluciones corresponde a la reclamaci¨®n de una mujer para que Google borrara la notificaci¨®n de un edicto para el cumplimiento de una sanci¨®n administrativa que fue debidamente saldada en tiempo y forma. La AEPD sostuvo que la ley no obliga a que los datos personales figuren en los ¨ªndices que utiliza Google para facilitar al usuario el acceso a determinadas p¨¢ginas ni tampoco que se conserven en cach¨¦.
La Audiencia escuchar¨¢ tambi¨¦n los argumentos sobre el caso de un ciudadano que acudi¨® a la AEPD tras comprobar que al teclear en el buscador de Internet su nombre aparec¨ªa un art¨ªculo de EL PA?S, fechado en 1991, que perjudicaba su "buen nombre personal y profesional" y a la intimidad y confidencialidad de sus datos. La AEPD estim¨® la reclamaci¨®n ante Google pero no la formulada a EL PA?S por estar amparada por el derecho a la libertad de expresi¨®n.
Datos en cuesti¨®n
- Reclamaciones. En 2009, la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos recibi¨® 4.136 reclamaciones (un 75% m¨¢s que en el a?o anterior), a las que se a?aden otras 2.000 solicitudes de tutela de derechos (un 58% m¨¢s).
- Multas. El volumen de las sanciones impuestas ese a?o sobre 709 procedimientos resueltos ronda los 25 millones de euros.
- Sectores. Telecomunicaciones, videovigilancia y finanzas son los sectores que m¨¢s reclamaciones han acumulado. Por zonas territoriales, las entidades con sede en Madrid ocupan el primer lugar, con 452 resoluciones. Le siguen Catalu?a, con 70, y Andaluc¨ªa, con 39.
- Cancelaci¨®n de datos. Las mayor¨ªa de las peticiones de retirada de datos se refer¨ªan a los publicados en foros de Internet y a la supresi¨®n de antecedentes policiales, penales y penitenciarios de las Administraciones p¨²blicas competentes.
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