?mbito del convenio colectivo

Sorprende en nuestro ordenamiento jur¨ªdico la "multiplicidad" de convenios colectivos. Conviven los sectoriales con los de empresa; convenios con un ¨¢mbito funcional muy amplio (oficinas y despachos o siderometal, por ejemplo) con otros mucho m¨¢s espec¨ªficos (limpieza de aviones); hay convenios nacionales, auton¨®micos, provinciales, convenios franja, convenio de grupo... Los convenios colectivos se superponen en muchos campos, dejando otros vac¨ªos de regulaci¨®n.

La estructura negocial en Espa?a carece de l¨®gica o sistem¨¢tica coherente. Son diversas las razones que han provocado este galimat¨ªas y las hist¨®ricas no son las menos importantes. Hay desde hace a?os un consenso en la necesidad de llevar a cabo una reestructuraci¨®n del sistema, aunque a¨²n no se haya producido.

Lo cierto es que la ley consagra la libertad de configuraci¨®n del ¨¢mbito del convenio. "Los convenios tendr¨¢n el ¨¢mbito de aplicaci¨®n que las partes acuerden". Pero esta regla no es incondicionada, sino que est¨¢ sometida a limitaciones. O as¨ª lo entiende el Tribunal Supremo.

Para el alto tribunal es necesario fijar reglas objetivas para la correcta configuraci¨®n del ¨¢mbito funcional de los convenios. La unidad de negociaci¨®n no debe ser una creaci¨®n artificial sin sustrato natural de uni¨®n con la realidad; debe reunir caracter¨ªsticas de homogeneidad que permitan establecer una regulaci¨®n uniforme de las condiciones de trabajo; debe incluir actividades productivas afines; y, por ¨²ltimo, el ¨¢mbito elegido deber¨¢ responder a criterios de objetividad y estabilidad. Es decir, no cabe configurar un convenio de manera artificial o caprichosa.

Por supuesto, los sindicatos discrepan al respecto atribuyendo a esta doctrina un car¨¢cter exorbitante y poco respetuoso con el principio de libertad de configuraci¨®n del ¨¢mbito funcional de los convenios, cimentado sobre el derecho de libertad sindical y a la negociaci¨®n colectiva.

Sin embargo, el Supremo considera que su intervenci¨®n, en ning¨²n caso, ha sido para inmiscuirse en el terreno legal y constitucionalmente reservado a la negociaci¨®n colectiva, sino precisamente para tutelar este derecho respondiendo a los conflictos planteados por los sujetos de la autonom¨ªa colectiva. Lo cierto es, y as¨ª lo entiende el tribunal, que ser¨ªa m¨¢s apropiado que fueran los propios acuerdos interprofesionales los que establecieran la estructura de la negociaci¨®n colectiva, incluyendo la configuraci¨®n del mapa de los ¨¢mbitos funcionales, y que los conflictos que se suscitasen se resolvieran ante ¨®rganos de soluci¨®n extrajudicial nacidos de la propia autonom¨ªa colectiva, sin que alcanzasen a los ¨®rganos jurisdiccionales.