El fiscal implica a 5.870 empresas en el fraude masivo de ayudas de la UE

Un total de 5.870 empresas andaluzas participaron supuestamente en un fraude masivo de 23 millones de euros al dar un uso irregular a las ayudas de la Uni¨®n Europea (UE) para la creaci¨®n de puestos de trabajo. La Fiscal¨ªa Superior y la Guardia Civil han destapado este fraude generalizado, aunque solo una empresa sevillana ser¨¢ denunciada por delito fiscal al defraudar supuestamente 163.000 euros. Del resto destacan 23 casos que ser¨¢n denunciados por presunta falsedad documental o estafa, repartidos en todas las provincias andaluzas excepto Huelva.

La inmensa mayor¨ªa de empresas solo han incurrido en infracciones administrativas al tratarse de cantidades moderadas de dinero. Sin embargo, la investigaci¨®n cae como una losa que puede da?ar la continuidad de la pol¨ªtica de ayudas al empleo de Bruselas, vital para una comunidad con una econom¨ªa lastrada por 1,12 millones de parados, traducidos en una tasa de desempleo del 28,35%. Algunos empresarios ya han devuelto el dinero defraudado tras comprobar el alcance de las pesquisas de la Guardia Civil.

El caso hace peligrar las futuras ayudas al empleo desde la UE para Andaluc¨ªa

"La cifra de empresas es tremenda. Es cierto que son peque?as infracciones pero denotan una costumbre totalmente generalizada", explicaron fuentes de la investigaci¨®n. Las ayudas proced¨ªan del fondo social que la UE ofrece para la creaci¨®n de puestos de trabajo. Bruselas aportaba el 80% del costo de convertir a un trabajador eventual en fijo y la Junta andaluza el 20% restante. La empresa se compromet¨ªa a mantener al trabajador cuatro a?os en n¨®mina, pero en ocasiones los trabajadores fueron despedidos tras solo 15 d¨ªas. La labor de los inspectores de Trabajo result¨® a todas luces insuficiente.

A pesar de que en un principio trascendi¨® que m¨¢s de 1.500 empresas estaban implicadas en el fraude, finalmente, la cifra se ha cuadruplicado. Durante la investigaci¨®n, la Guardia Civil identific¨® 6.350 expedientes fraudulentos tramitados por las 5.870 empresas, tras cruzar los datos de los trabajadores facilitados por las empresas con los de la Seguridad Social. La Fiscal¨ªa Superior ha enviado las pruebas del caso a la oficina antifraude de la UE (denominada OLAF), a la fiscal¨ªa del Tribunal de Cuentas, a la Consejer¨ªa de Empleo y a todas las fiscal¨ªas provinciales para que denuncien los casos, ya que no hay funcionarios ni aforados.

El caso se inici¨® en C¨¢diz a partir de una investigaci¨®n a la compa?¨ªa multinacional de telem¨¢rketing Qualitel Teleservices, que recibi¨® supuestamente 318.000 euros por contrataciones fraudulentas. La Guardia Civil se percat¨® de que el fraude era generalizado y que trascend¨ªa a la empresa investigada, por lo que se dirigi¨® a la Fiscal¨ªa Superior, que autoriz¨® la continuidad de la investigaci¨®n en otras provincias y en octubre pasado pidi¨® una pr¨®rroga a la Fiscal¨ªa General del Estado, que esta concedi¨®.

Ahora el uso de las ayudas de Bruselas destinadas a Andaluc¨ªa est¨¢ en entredicho y la OLAF investiga "estrechamente" con la Guardia Civil para depurar las responsabilidades por la falta de control. Estas parecen recaer sobre la Consejer¨ªa de Empleo, ya que la Fiscal¨ªa Superior le ha enviado toda la informaci¨®n para que reclame la devoluci¨®n del dinero. El ministerio p¨²blico entiende que el Ministerio de Trabajo no es responsable del fraude, ya que pod¨ªa haber enviado el caso a la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social, pero no ha sido as¨ª. Las ayudas se tramitaron a trav¨¦s de las direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Sin embargo, el consejero de Empleo, Manuel Recio, rechaz¨® el pasado mi¨¦rcoles que los controles de los inspectores de Trabajo hayan fallado: "No es cierto en absoluto, hemos ejercido un control con 7.000 inspecciones desde 2007".

A pesar de que las cantidades defraudadas son menores en relaci¨®n con otros esc¨¢ndalos, lo preocupante es que el fraude estaba muy extendido entre las empresas y esto puede repercutir en las futuras ayudas que conceda la UE a Andaluc¨ªa.

Para la devoluci¨®n de los 23 millones defraudados es previsible que la fiscal¨ªa del Tribunal de Cuentas se coordine con la Consejer¨ªa de Empleo, pues la labor recaudatoria desde la Junta ser¨¢ m¨¢s sencilla por la cercan¨ªa a las empresas. Tras la recaudaci¨®n del dinero, la Uni¨®n Europea reclamar¨¢ esos fondos concedidos para incentivar el empleo y cuyo fin es desconocido.